Aranzadi

Esta obra trata la responsabilidad derivada de la ejecución de contratos administrativos tanto desde la perspectiva sustantiva como desde la perspectiva del procedimiento y del proceso. Combina además la exposición de las distintas posiciones doctrinales con el estudio de la jurisprudencia sobre la materia, tanto la contencioso- administrativa como también la civil, relativa a procesos anteriores a las reformas de la LOPJ en este punto. Desde esta perspectiva, la obra posee tanto interés académico como interés práctico. Puede por tanto resultar adecuada tanto para los estudiosos de la materia como para abogados, jueces o funcionarios que deban abordarla en su trabajo diario.
Las mayores novedades de la obra se hallan en el estudio del procedimiento y, sobre todo, del proceso. En esta materia, se realiza un estudio de la posición de los distintos sujetos -incluyendo compañías de seguros y subcontratistas- y se analizan cuáles son las posibles pretensiones y los posibles contenidos del fallo; así como los problemas que pueden plantearse en la ejecución de la sentencia. Sobre todo ello, además, se efectúa un doble análisis, partiendo tanto de las distintas opciones relativas a los problemas sustantivos como desde las distintas interpretaciones que se sostienen actualmente sobre la normativa procedimental. Se avanzan asimismo posiciones novedosas en relación con los procesos civiles contra el contratista.
Asimismo, en el último capítulo se sintetizan una serie de propuestas lege ferenda, tanto desde la perspectiva procesal como desde la sustantiva. En realidad, se formulan propuestas alternativas; si bien todas ellas tendentes a superar la regulación actual.

Las Directivas europeas sobre contratación pública prevén, desde el año 2004, dos tipos de motivos de exclusión de los procedimientos de adjudicación de un contrato público por parte del candidato o licitador que se encuentra incurso en ellas.
El primer grupo de prohibiciones se instituye con carácter obligatorio para todos los Estados miembros, de tal manera que su normativa contractual debe recoger necesariamente en el momento de su transposición las prohibiciones de contratar contempladas en el artículo 57.1 de la Directiva 2014/24/UE. Su obligatoriedad deriva de lograr un efecto de sinergia con otras políticas europeas y servir, de esta manera, de instrumento para luchar contra la corrupción, el fraude, el blanqueo de capitales, el terrorismo y/o la trata de seres humanos.
El otro bloque de prohibiciones se establece con carácter potestativo para los legisladores nacionales quedando, por tanto, en manos de los distintos Estados miembros la decisión de incorporar -o no- dichas causas de prohibición de contratar a sus legislaciones internas. Entre estas prohibiciones facultativas merecen ser destacadas aquellas que se refieren a la comisión de faltas profesionales por parte del operador económico que ponen en entredicho su integridad o que prueban que se ha incumplido la legislación en materia medioambiental, social o laboral. Su imprecisión conceptual nos obliga a una labor interpretativa atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Este estudio tiene por objeto analizar la regulación de dichos motivos de exclusión y establecer cómo están siendo incorporados en los distintos Estados miembros. Sus diferencias, sus carencias y sus aciertos nos pueden ayudar a entender mejor la legislación española y a plantear propuestas de mejora.