Administrativo

La presente monografía aborda el estudio de los diversos actos y actuaciones tributarias reclamables en el procedimiento económico-administrativo. No es, por tanto, un estudio sobre tal procedimiento, sino que el autor se ha centrado en lo que se podría considerar la «puerta de entrada» de la vía económico-administrativa. Debido a esto, muchas de las cuestiones analizadas se refieren al procedimiento de gestión tributaria en lugar del económico-administrativo.
Con carácter previo se analiza la oportunidad de la reclamación económico-administrativa, no es balde este procedimiento -como toda la vía previa administrativa- es contestado y puesto en entredicho por la doctrina. Al mismo tiempo la determinación de los actos recurribles forman parte importante de ese análisis.
Tras un análisis de las caracterísitcas genéricas de los actos impugnables se entra en el estudio central de la presente obra. El estudio de los actos administrativos y las actuaciones de los particulares de carácter tributario cuya reclamación puede ser residenciada en vía económico-administrativa.
Las liquidaciones provisionales o definitivas, los actos de derivación de la acción administrativa, los requerimientos de información, las devoluciones de ingresos indebidos, las comprobaciones de valor, el procedimiento ejecutivo, las declaraciones-liquidaciones y las actuaciones de reputación y retención son analizados desde el punto de vista de su recurribilidad.
Este método de investigación no olvida la posición, funciones y finalidades que estos actos y actuaciones ocupan en la gestión tributaria.
Especialmente interesantes resultan las consideraciones vertidas en torno a las liquidaciones administrativas, en las que se contiene el germen de una doctrina acerca de las controvertidas relaciones entre las liquidaciones provisionales y definitivas.
El análisis de la solicitud de rectificación de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones se encuentra íntimamente conectado con el procedimiento ejecutivo. La pretendida automaticida de éste impone que se articule la posibilidad de «suspender» el ingreso de la autoliquidación cuestionada.
Igualmente novedosa resulta la perspectiva con que se afronta el estudio de la reclamación económico-administrativa de actuaciones de repercusión y retención, en concreto de la problemática suscitada en torno a la ejecución de las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos.

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La degradación de los valores morales en todos los ámbitos sociales ha dado lugar a una preocupación generalizada dirigida a indagar las causas, a fin de intentar la restauración de los más esenciales, tanto en la vida pública como en la privada.El Ordenamiento jurídico-administrativo no ha sido ajeno a este fenómeno, tanto en aquellas de sus normas que tratan de garantizar la moralidad en la Administración, como en las reguladoras de la acción administrativa encaminadas al mantenimiento de la moral y buenas constumbres, y a la formación moral de los ciudadanos.Jesús González Pérez nos ofrece una sugestiva síntesis de las quiebras que ofrece el Ordenamiento español vigente, con especial referencia a la moral como presupuesto para el ejercicio de actividades y límite de potestades administrativas; policía de la moralidad en aspectos como la publicidad, televisión y prostitución, en que la realidad está tan diociada de la legalidad; medidas de fomento, y la formación moral como finalidad de los servicios de educación, para acabar con una completa referencia al problema tan actual como polémico de la enseñanza de la religión.

La administración Pública es, en la actualidad un agente económico y social de primer orden; y, al mismo tiempo, un factor vertebrador de la sociedad y cuya actuación se hace visible en todas las esferas importantes de la vida humana, como son la sanidad, la enseñanza, el deporte, el empleo, el ocio, etc.