Civitas

En pocas materias se han producido tantos procesos como en la de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones públicas en el ordenamiento jurídico español ha dado lugar a una jurisprudencia en general prudente, que no tuvo más remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos.En esta situación, es imprescindible para todos aquellos que vienen obligados a aplicar esta normativa común conocer hasta dónde ha llegado la jurisprudencia, al decidir cada caso concreto y los criterios seguidos, frecuentemente cambiantes. Lo que supone seguir día a día las sentencias que dictan nuestros Tribunales de lo contencioso-administrativo, y la reacción de la doctrina ante ellas.Esta obra ha tratado desde un principio facilitar aquella tarea. Por eso es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el más fácil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestión que en cada caso plantea.Desde diciembre de 2012, fecha en que apareció la edición anterior, son muchas las sentencias dictadas desde entonces, unas reiterando doctrina ya consolidada, y algunas innovadoras. Se ha procurado recoger todas las publicadas hasta el momento de cerrar la edición, las últimas al corregir las pruebas.También han aparecido en este último año obras importantes o ediciones innovadoras de otras anteriores. Se han contrastado las opiniones en ellas mantenidas, a fin de que el lector pueda tener idea lo más completa posible del panorama actual de la doctrina.

Exposición sistemática de los elementos esenciales del régimen jurídico de los bienes públicos. Comprende una parte general, centrada en los conceptos e instituciones de carácter tendencialmente común, y una parte especial, dedicada al estudio de los principales sectores de intervención administrativa vertebrados por bienes públicos (costas, aguas, minas y montes). En ese sistema jurídico corresponde el papel central a la teoría del dominio público, que se encuentra en permanente evolución a fin de proporcionar respuestas adecuadas a las nuevas necesidades sociales, como pone de relieve la impronta ambiental que actualmente caracteriza a nuestros regímenes demaniales. En todo caso, se asume la tarea de comprobar la correspondencia de los privilegios administrativos en esta materia con efectivas necesidades de interés público y el respeto a los derechos de los particulares.