Civitas

El artículo 117.4 de la Constitución justifica la atribución a Jueces y Magistrados de funciones no jurisdiccionales, tales como el Registro Civil o la jurisdicción voluntaria, e incluso su participación en órganos como los Jurados de Expropiación o las Juntas Electorales; pero ello, no como una simple formalización a nivel constitucional de una histórica extensión funcional de lo judicial en España más allá de lo estrictamente jurisdiccional, sino como un intento de racionalización de dicho fenómeno a tenor del modelo global de distinción y colaboración que de los Poderes diseña la Constitución de 1978, de un lado, y de la genérica consideración que hoy detenta el Poder Judicial como garante natural de los derechos y las libertades de las personas, de otro. A estos efectos, el artículo 117.4 cabe ser desplegado en una superior racionalización del ámbito funcional de todo el Poder Judicial con relación a la garantía de los derechos, con lo que este precepto, de simple cláusula residual, pasa, junto a la potestad jurisdiccional, a conformar qué sea administrar justicia. Es de este modo que, para un adecuado entendimiento de estas funciones no jurisdiccionales de los Jueces en garantía de derechos, se analice previamente el marco de funciones que la Constitución esboza (tanto en relación con el propio Poder Judicial, como respecto a los demás Poderes), para a continuación profundizar en su régimen, atendiendo a: qué se entienda por garantizar derechos judicial, pero no jurisdiccionalmente; cómo deban conformarse dichas funciones, y cuáles sean los derechos a garantizar; y cómo actúa al respecto la reserva de ley del artículo 117.4, y las que con ella concurren, así como su posterior proyección en el Estado de las Autonomías.