Marcial Pons

La presente monografía tiene por objeto acercar a abogados, asesores fiscales, jueces o funcionarios a la «fiscalidad del urbanismo», parcela ésta del Derecho tributario de la que, en ocasiones, huyen los profesionales en esta materia, debido, quizá, a la dificultad que entrañan las instituciones urbanísticas y a la gran dispersión normativa que padece este sector del ordenamiento jurídico. La obra penetra en las fases de los procedimientos urbanísticos (planeamiento, ejecución del planeamiento y edificación) con el fin de clarificar cuáles son los tributos que se pueden generar en unas y otras, como consecuencia del cumplimiento, por parte de los propietarios de suelo urbano y urbanizable de los correspondientes deberes urbanísticos -cesión gratuita de terrenos, equidistribución, urbanización y edificación-. Algunos de los tributos que recaen sobre la actividad promotora privada se exigen desde la fase de planeamiento urbanístico. Es el caso de las tasas por examen y, en su caso, aprobación de avances y anteproyectos parciales de iniciativa privada; tasas por tramitación y/o aprobación de planes urbanísticos de iniciativa privada; tasas por inserción de anuncios, propios de procedimientos de tramitación y aprobación de planes urbanísticos de iniciativa privada, en boletines oficiales. Se manejan varios cientos de sentencias, amén de los posicionamientos doctrinales correspondientes, para analizar los problemas que plantea la aplicación de cada uno de estos tributos -sujeción, sujetos pasivos, cuantificación- desde la doble perspectiva teórica y práctica.

La presente monografía trae causa de la que en 1995 publicamos bajo el titulo de Fiscalidad de las aguas. En estos últimos diez años se han producido muchos cambios normativos de gran calado. Además, a importancia teórica y práctica de la materia ha ido en aumento, como o demuestra la abundante jurisprudencia dictada al respecto.

El confuso marco normativo que rige la fiscalidad de las aguas está provocando la afloración de erráticas aplicaciones del mismo por parte de la Administración e incluso de interpretaciones jurisprudenciales contradictorias. Ante ello no resta otro remedio que acudir profusamente a las categorías dogmáticas en que se sustenta nuestro ordenamiento jurídico para intentar clarificar los numerosos aspectos oscuros que se plantean a los operadores del Derecho. Método éste que, en casos extremos, sirve para poner en evidencia lo que, a nuestro juicio, resultaría evidente si el legislador y la Administración no se empeñaran en utilizar unos esquemas y terminología extravagantes que, en no pocas ocasiones, encubren medidas inconstitucionales. Precisamente aquí está el motivo que nos ha impulsado a redactar este trabajo, que, a diferencia del anterior, lo circunscribimos a la materia tributaria por ser la que mayores problemas presenta.

Como nuestro objetivo no es otro que la exposición omnicomprensible y sistemática de las distintas figuras tributarias recayentes sobre el agua, hemos hecho especial hincapié en los puntos que presentan mayor grado de complejidad, no dudando en servirnos de abundantes ejemplos prácticos para así facilitar la inteligibilidad de las cuestiones tratadas.

Ejemplos prácticos que, he de reconocer, me han sido mayoritariamente procurados por abogados y funcionarios a los que no tan sólo debo agradecer la atención que me han dispensado, sino también la libertad que me han dado para enjuiciarlos con plena objetividad.