Marcial Pons

Derecho administrativo del turismo es ya un referente en el análisis de la legislación administrativa del sector turístico, que en esta séptima edición aporta como principal novedad el tratamiento jurídico turístico y de consumo de nuevas realidades en las que los usuarios demandan alojamientos, transportes e información cuyo ofrecimiento debe ser objeto de regulación y control con el fin de ser prestados con unas mínimas garantías. Identificada la dispersión normativa como uno de los principales problemas de la legislación turística, las Administraciones competentes tratan ahora de unificar, armonizar e integrar sus diversos aspectos en aras de una mayor calidad turística, objetivo primerísimo de la actual legislación turística. Asimismo, y confluyendo con los efectos de la crisis económica, las diferentes Comunidades Autónomas buscan fórmulas imaginativas de fomento y promoción del turismo en sus territorios. Lo que se ha traducido en nuevas herramientas de intervención del fomento administrativo turístico en cada Comunidad. La Unión Europea, por su parte, por la vía de su título competencial en transportes intracomunitarios, medioambiente y consumo, ha legislado sobre materias que afectan de forma esencial al sector turístico, sobre todo reconociendo mayores garantías y derechos a los usuarios turísticos. El esfuerzo legislativo del sector, profundizando también en una mayor calidad de la normativa turística, colabora igualmente sin duda a que la realidad del servicio turístico en nuestro país trascienda por su calidad no meramente infraestructural o física, convirtiéndose del mismo modo en una calidad turística de tipo sensitivo que atiende a la satisfacción de necesidades espirituales del turista, tales como su anhelo por contemplar bellas vistas, rodearse de silencio o respirar aires puros y bienolientes.

Esta monografía se enmarca en el contexto de la creciente europeización del Derecho administrativo y la transformación de los ordenamientos jurídicos nacionales como consecuencia del impacto producido por los actos jurídicos de la Unión Europea, que no se limita sólo a los ámbitos de aplicación directa del Derecho de la Unión, sino que abarca igualmente, por la vía de la recepción voluntaria o de la aceptación indirecta, ámbitos de Derecho puramente interno. Analiza aspectos esenciales del Derecho administrativo europeo como son los problemas tradicionales del sistema de fuentes del Derecho de la UE y su reforma por el Tratado de Lisboa; las implicaciones que tendrá para la Administración europea y para las Administraciones nacionales que la Carta de Derechos Fundamentales de la UE haya adquirido valor jurídico vinculante de acuerdo con el Tratado de Lisboa; la base jurídica que incorpora la reforma del Tratado de Lisboa para la aprobación de una norma europea de procedimiento administrativo; y, por último, la ampliación del control judicial de la actividad administrativa europea a ámbitos que, con carácter previo al Tratado de Lisboa, estaban exentos de control por el TJUE. El objetivo final es poner de manifiesto la formación de un ius publicum europaeum que comienza a tener autonomía como parte del ordenamiento jurídico y como asignatura de Derecho. Esta labor se realiza desde una perspectiva novedosa, tanto por la forma como por el fondo. Por la forma en cuanto que se trata de un análisis con dos visiones contrastadas, forjado a lo largo de varios años y avalado por estancias de investigación en distintos países de la Unión Europea, que, además, incorpora las últimas novedades normativas que aporta el Tratado de Lisboa; por el fondo, puesto que efectúa un estudio de conjunto de las principales cuestiones de Derecho administrativo europeo que fructifica en una visión integral de las cuestiones tratadas, planteando los problemas y ofreciendo soluciones. En definitiva, el libro pretende demostrar que existe una Administración europea, en sentido subjetivo, como conjunto de órganos y servicios europeos y nacionales que actúan para la ejecución del Derecho de la Unión; y una Administración europea, en sentido objetivo, como función que ejercen tales órganos con la finalidad de satisfacer los intereses colectivos europeos. Una y otra exigen pensar globalmente para tratar de construir un Derecho administrativo europeo común.