Marcial Pons

un cuando pudiera pensarse que una vez perfeccionado el contrato de transporte aéreo el pasajero tiene un derecho, incuestionable, a ser transportado, conforme a las condiciones pactadas, la realidad demuestra que son numerosas las ocasiones en las que los pasajeros ven frustradas sus expectativas, bien porque la compañía decide, de forma injustificada y arbitraria, impedirles el acceso a la aeronave, sobre la base de situaciones de overbooking o de otras recientemente admitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (motivos operacionales o circunstancias extraordinarias); o bien porque concurren en el pasajero determinadas condiciones, de salud o de seguridad, en definitiva, estrictamente personales, que hacen recomendable que el mismo no acceda a la aeronave o sea desembarcado de la misma. El objetivo de esta obra no es otro que analizar el régimen jurídico aplicable tanto a la denegación de embarque injustificada como a la justificada, haciendo especial mención de los supuestos más polémicos abordados por nuestra jurisprudencia (no portar la tarjeta de embarque impresa, embarazadas, menores por no portar el D. N. I., pasajeros en vuelos de conexión,etc.), o de aquellos otros que están siendo objeto de propuestas legislativas por parte de OACI e IATA, como es el caso de los pasajeros insubordinados (unruly passengers o disrupted passengers). Se abordan, de forma expresa, las medidas indemnizatorias o compensatorias que proceden en uno u otro caso, así como las que tienen por objeto indemnizar por daños morales. La obra se completa con el examen del régimen aplicable de la denegación de embarque de pasajeros con movilidad reducida.

Derecho administrativo del turismo es ya un referente en el análisis de la legislación administrativa del sector turístico que, en esta quinta edición, aporta como principal novedad la transformación que sobre la intervención administrativa limitativa supone la nueva Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Con esta Ley, la tradicional autorización administrativa que permitía el comienzo de la actividad turística por parte del agente turístico correspondiente, se ha visto sustituida por una mera comunicación o declaración responsable del interesado. Lo cual, quizá lejos de traducirse en una mayor simplificación de la tramitación para el agente, va a implicar una mayor responsabilidad por su parte. De otro lado, la crisis económica que afecta, cómo no, al sector turístico, ha llevado a las diferentes Comunidades Autónomas a buscar fórmulas imaginativas de fomento y promoción del turismo en sus territorios. Lo que se ha traducido en nuevas herramientas de intervención del fomento administrativo turístico en cada Comunidad. Asimismo la Unión Europea, por la vía de su título competencial en transportes intracomunitarios y consumo, ha legislado sobre estas materias, afectando de forma esencial al sector turístico, sobre todo reconociendo mayores garantías y derechos a los usuarios turísticos. Todo ello, de alguna forma, traspasa a los diferentes agentes turísticos, en sus modalidades de oferta (alojativa, de mediación, de restauración o profesional), haciendo realmente transversal cualquier modificación en el sector e incluso de fuera del sector pero con incidencia indirecta sobre él, como es el sector del transporte o del consumo.