Tirant Lo Blanch

El objeto o «core» de este libro es repensar el derecho de autor y su regulación en España y Europa partiendo de un análisis sencillo del sistema actual de propiedad intelectual de autores, artistas y productores especialmente en el sector de los contenidos digitales, los medios y el entretenimiento.
Como afirma el prologuista, Manuel Desantes, ¿Por qué la propiedad intelectual e industrial se erige hoy en uno de los pivotes de esta nueva sociedad?
Evidentemente, no por el elemento «propiedad» acuñado en el siglo XIX que asimilaba esta materia a la «propiedad de bienes tangibles» y que venía construida a partir de la concesión de monopolios y de derechos de exclusividad. Dos son, a mi modo de ver, las razones que explican este «renacer» de una institución que parecía devorada por el ritmo de los nuevos tiempos: por una parte, la imperativa necesidad de generar «activos intangibles», es decir, «recursos protegidos intangibles»; por otra, la entronización de la creatividad como actividad suprema del ser humano y la profunda convicción de que la verdadera fuente de riqueza se encuentra hoy en la «creatividad compartida».

Bajo la vigencia de la L.O.P.J. de 1870, los jueces eran responsables civilmente de los daños que ocasionen al infringir las leyes por negligencia o ignorancia inexcusables. A pesar de esa proclamación, la institución de la responsabilidad civil del juez fue raramente aplicada en la práctica. La L.O.P.J. de 1985 establece hoy una doble vía para conseguir el resarcimiento de los daños ocasionados por las funciones jurisdiccionales. De un lado , ex art. 411, se puede exigir responsabilidad civil al juez que, en el desempeño de sus funciones, incurra en dolo o culpa. De otro, se regula la responsabilidad patrimonial del Estado-Juez por los actos jurisdiccionales que provoquen daños a los particulares en los arts. 292 a 297 de la L.O.P.J. Estos preceptos introducen una responsabilidad estatal amplia, de carácter directo y objetivo.