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La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento civil y de la Normativa Tributaria, tipifica por primera vez a nivel estatal el denominado contrato de alimentos cuya regulación se incorpora en los artículos 1791 a 1797 del Código civil. Se trata de un contrato que cumple una función social innegable puesto que permite a cualquier persona asegurar el mantenimiento de su tren de vida y hacer frente a las necesidades de la edad o la enfermedad. Por ello, es especialmente útil en nuestros días teniendo en cuenta el panorama social actual, no sólo a nivel europeo sino a nivel mundial.

El objetivo de esta monografía es ofrecer respuestas a las cuestiones controvertidas que suscita este negocio jurídico tan singular y complejo. La urgencia con que se promulga la Ley 41/2003 conlleva que la nueva normativa del contrato de alimentos adolezca de una falta de rigor técnico-jurídico patente en gran parte de sus preceptos. Esto nos ha obligado a analizarla con detenimiento para intentar esclarecer su ambigüedad y subsanar sus lagunas, proponiendo para ello ciertas modificaciones legislativas así como soluciones a problemas no resueltos por el legislador.