Principio de precaución: desafíos y escenarios de debate
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El momento del eclipse
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Derecho administrativo del turismo es ya un referente en el análisis de la legislación administrativa del sector turístico que, en esta quinta edición, aporta como principal novedad la transformación que sobre la intervención administrativa limitativa supone la nueva Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Con esta Ley, la tradicional autorización administrativa que permitía el comienzo de la actividad turística por parte del agente turístico correspondiente, se ha visto sustituida por una mera comunicación o declaración responsable del interesado. Lo cual, quizá lejos de traducirse en una mayor simplificación de la tramitación para el agente, va a implicar una mayor responsabilidad por su parte. De otro lado, la crisis económica que afecta, cómo no, al sector turístico, ha llevado a las diferentes Comunidades Autónomas a buscar fórmulas imaginativas de fomento y promoción del turismo en sus territorios. Lo que se ha traducido en nuevas herramientas de intervención del fomento administrativo turístico en cada Comunidad. Asimismo la Unión Europea, por la vía de su título competencial en transportes intracomunitarios y consumo, ha legislado sobre estas materias, afectando de forma esencial al sector turístico, sobre todo reconociendo mayores garantías y derechos a los usuarios turísticos. Todo ello, de alguna forma, traspasa a los diferentes agentes turísticos, en sus modalidades de oferta (alojativa, de mediación, de restauración o profesional), haciendo realmente transversal cualquier modificación en el sector e incluso de fuera del sector pero con incidencia indirecta sobre él, como es el sector del transporte o del consumo.
Derecho administrativo del turismo es ya un referente en el análisis de la legislación administrativa del sector turístico, que en esta séptima edición aporta como principal novedad el tratamiento jurídico turístico y de consumo de nuevas realidades en las que los usuarios demandan alojamientos, transportes e información cuyo ofrecimiento debe ser objeto de regulación y control con el fin de ser prestados con unas mínimas garantías. Identificada la dispersión normativa como uno de los principales problemas de la legislación turística, las Administraciones competentes tratan ahora de unificar, armonizar e integrar sus diversos aspectos en aras de una mayor calidad turística, objetivo primerísimo de la actual legislación turística. Asimismo, y confluyendo con los efectos de la crisis económica, las diferentes Comunidades Autónomas buscan fórmulas imaginativas de fomento y promoción del turismo en sus territorios. Lo que se ha traducido en nuevas herramientas de intervención del fomento administrativo turístico en cada Comunidad. La Unión Europea, por su parte, por la vía de su título competencial en transportes intracomunitarios, medioambiente y consumo, ha legislado sobre materias que afectan de forma esencial al sector turístico, sobre todo reconociendo mayores garantías y derechos a los usuarios turísticos. El esfuerzo legislativo del sector, profundizando también en una mayor calidad de la normativa turística, colabora igualmente sin duda a que la realidad del servicio turístico en nuestro país trascienda por su calidad no meramente infraestructural o física, convirtiéndose del mismo modo en una calidad turística de tipo sensitivo que atiende a la satisfacción de necesidades espirituales del turista, tales como su anhelo por contemplar bellas vistas, rodearse de silencio o respirar aires puros y bienolientes.
