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Un aspecto fundamental y básico del ordenamiento italiano es el de permitir que todo sujeto juridico pueda exteriorizar su actividad de relación de modo conforme a sus intereses. Esta posibilidad está garantizada, en cuanto aquellos intereses se consideren dignos de tutela, con un medio particularmente técnico: o sea, mediante el reconocimiento de los efectos jurídicos de los actos, y especialmente, de los negocios jurídicos, que son precisamente expresión de la actividad de relación. La forma más frecuente en la que la exteriorización tiene lugar es la de la manifestación de la voluntad propia del sujeto, por lo que se dice que constituye la realización de la autonomía privada: toda persona puede con su propia voluntad dar leyes a sus propios intereses.