Administrativo

Este libro, partiendo de un análisis de la evolución histórica de la normativa sobre la ejecución y de su aplicación práctica, pretende explorar una vía distinta de las utilizadas tradicionalmente para corregir el déficit ejecutivo existente. Deja de lado las patologías del sistema para intentar construir una pedagogía de la ejeución, poniendo de manifiesto que el ámbito en que debe moverse el uso de los poderes para forzar el cumplimiento de las sentencias contencioso-administrativas debe ubicarse no tanto en el derecho del ejecutante a la ejecución, cuanto en las potestades que tiene atribuidas el Juez de la ejecución y en el sometimiento de la Administración a la legalidad. Finalmente, desde ese marco, realiza un estudio de los distintos medios de ejecución, planteando problemas y ofreciendo soluciones.

Derecho europeo está transformando de forma inesperado algunos elementos básicos de la Función Pública española. Además de la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad a efectos de requisito de acceso y de hacer valer títulos y méritos obtenidos en otros sistemas europeos, la influencia más decisiva la está provocando la Política social europea que prohíbe discriminaciones de los trabajadores-empleados públicos por razón de sexo, edad o temporalidad de la relación. En este último caso, la Directiva 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada prohíbe, por un lado, discriminaciones de los «funcionarios temporales» respecto a los funcionarios de carrera (lo que está equiparando su régimen jurídico) y, por otro, abusos en la temporalidad de las relaciones interinas de los empleados públicos, obligando a sancionar dichos abusos, debatiéndose judicialmente si se deben transformar las relaciones en indefinidas (lo que podría cuestionar los principios constitucionales de acceso al empleo público) y negociándose política y socialmente consolidaciones de empleados y de provisiones de puestos mediante Ofertas de Empleo Público en magnitudes de decenas de miles de plazas para los próximos años.

En las cerca de doscientas páginas del presente ejemplar se describen y analizan las características fundamentales de las fundaciones del sector público y en especial de las fundaciones sanitarias, tanto las de naturaleza privada como las de naturaleza pública. Para ello, se abordan varios aspectos importantes del Derecho Administrativo y de la Administración Pública, como son las cuestiones relativas a las funciones o actividades que tiene encomendadas la Administración, la posición que ocupa dicho sujeto en el ordenamiento jurídico, las circunstancias que han permitido la libertad de elección de formas de organización de las actividades públicas, así como las características de la potestad organizativa que tiene atribuida. En definitiva, en el libro se analiza la concreta ubicación de las fundaciones del sector público en el sistema general de organización administrativa y el régimen jurídico aplicable a tales fundaciones, con referencia particular a las fundaciones sanitarias.

Siempre ha existido una intensa relación #no exenta de cierta tensión#- entre el Derecho administrativo y las fundaciones. Dado que durante el siglo XIX se construyeron conceptual y jurídicamente ambos sistemas: las fundaciones como participación privada en tal consecución, y la Administración pública #y el Derecho administrativo# como una cierta monopolización de tal fin (el «servicio público»), así como con un papel de supervisor de la vida institucional y jurídica. Por tal razón, la fundación, institución peculiar dentro de Derecho civil, es únicamente autorizada por el poder público en cuanto cumple tal fin «de interés general». En este libro se examina cómo la vinculación entre público y privado no es algo extrínseco o añadido, debido al fin que cumple la fundación o, menos aún, en una necesidad de fiscalización institucional, sino que es consustancial a la esencia propia de la fundación. Y, así, su ser ha de entenderse no tanto bajo el prisma de la concurrencia colaborativa en el logro del «interés general», cuanto en que tal iniciativa privada con aceptación pública, se inserta en toda la estructura estática y dinámica de la fundación: fin, patrimonio, y sujetos; nacimiento-negocio fundacional, vida y extinción-liquidación, respectivamente. Esto no quiere decir que las fundaciones sean entes administrativos, pero sí obliga a una profunda revisión de su identidad y, con ella, de la protección jurídica del patrimonio y la responsabilidad de sus órganos directivos, verdaderos valedores privados de interés general; situación que exige re-visitar su negocio, operaciones y extinción. Por todo lo cual, tampoco es fácil admitir, jurídicamente, su utilización por parte de los poderes públicos, dado que, conceptualmente, desnaturaliza la esencia de ambos conjuntos jurídicos. Y es que la fundación es, a decir de Garrido Falla, una institución que «seguramente autoriza a una revisión de las categorías jurídicas generales».

a profundización de la democracia está directamente relacionada con las capacidades de los gobiernos, de todos los niveles, para dar respuestas a las necesidades y requerimientos de sus ciudadanos. La asignación de responsabilidad a los poderes públicos es otra cara de la misma moneda. Dentro de las múltiples aristas de una agenda para el desarrollo integral, la consolidación de una administración pública que garantice imparcialidad es elemento básico para la existencia del Estado de derecho. Asimismo, una administración pública eficiente y efectiva en la acción gubernamental solo se logra cuando se somete a criterios de capacidad profesional y mérito en su conformación.

Desde la perspectiva de tratadista, profesor y experto profesor en Derecho Electoral y el Régimen de Partidos Políticos, el Dr. Reyes Gonzáles presenta esta nueva Obra en la que se examinan, aspectos de gran actualidad para la democracia colombiana, como lo son el Régimen Legal Aplicable para las elecciones, con especial énfasis en las reglas aplicables a las elecciones regionales y locales de octubre 25 de 2015; los procesos y procedimientos electorales; las reglas aplicables para la inscripción de los candidatos de los partidos y movimientos políticos, y de grupos significativos de ciudadanos; la financiación de las campañas electorales, incluyendo los limites de los gastos, los informes públicos de ingresos y egresos y los anticipos; el régimen aplicable a los testigos electorales, jurados de votación y los tribunales de garantías; los escrutinios, las comisiones escrutadoras, la trashumanica electoral, la residencia electoral, la educación y en censo electoral, y los principales pronunciamientos jurisprudenciales en materia de doble militancia e inhabilidades, entre otros.

Esta publicação teve origem num curso que honrosamente a autora foi convidada a preleccionar na Licenciatura em Administração Pública na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.|Propõe-se esse curso o estudo do sistema do governo e administração local entre nós juridicamente vigente considerando os seus princípios jurídico-regulativos mais relevantes a sua estrutura institucional e organizatória e o seu regime legal interpretado e comentado (sem excluir a crítica sempre que ela se teve por oportuna e justificada) em termos tanto quanto possivelmente exaustivos ou seja sem prescindir dos pormenores exigidos por um seu conhecimento completo.|Estudo com estas características – sistemática explicitação análise e crítica do regime jurídico do governo e da administração local – de que estávamos até agora carecidos como aliás é geralmente reconhecido carência que deste modo se pretende suprir.|Pelo que cremos justificada a sua publicação na esperança de que ela possa ser útil para o acesso ao conhecimento juridicamente reflectido de um vasto e relevantissimo sector da nossa actual realidade jurídico-social como é a administração local.

Lleno de humor y excelentemente ilustrado con dibujos de Bill Garrett, el autor presenta una visión refrescante y absolutamente nueva sobre los principios fundamentales para la dirección y supervisión que realizan los jefes de policía. De lectura fácil y agradable,el texto le hará sonreír al seguirle la pista al patrullero Fink, quien al tratar de realizar mejor su labor, sólo origina preocupaciones a sus superiores.

La aproximación a la corrupción en la contratación no debe dirigirse hacia una reglamentación exhaustiva y objetivadora de la actividad contractual, pues una normativización extensiva hacia la objetivación presenta importantes limitaciones, tales como: (1) fracaso en el control de la corrupción debido a la imposibilidad de prever normativamente todas las complejas relaciones entre los diferentes fenómenos cercanos (fraude, corrupción, y conflicto de interés), así como al carácter opaco y escurridizo de las prácticas corruptas; y/o (2) la generación de un sistema burocratizado, carente de toda flexibilidad y agilidad, que puede obstaculizar la actividad eficiente de los órganos contratantes.

Como es bien sabido, el derecho es un producto histórico: pero no sólo el derecho privado, también el derecho público. Así lo han demostrado recientes investigaciones en ámbitos tan relevantes como el derecho medio ambiental, el régimen de las aguas, los tributos, las concesiones, la protección de bienes de dominio público, etc. Conforme a ellas puede afirmarse que los orígenes de nuestro derecho administrativo hunden sus raíces en el derecho romano.

La importancia del papel de la Administración y de los poderes públicos exigevolver los ojos a nuestro derecho histórico. De ese modo podrá demostrarse la continuidad e interdependencia mencionada, e iluminar al moderno legislador a través del precedente que nuestro derecho histórico constituye.

Las ciudades españolas en la Edad Moderna constituyen uno de los campos de conocimiento más interesantes pero también más complejos de analizar. En las tres últimas décadas han ido creciendo exponencialmente los análisis de poblaciones a través de monografías que atienden a distintas etapas cronológicas o agrupan en una mirada más generalizadora elementos urbanos y edificios comunes a todas ellas, como las plazas mayores, las casas de nobleza y la vivienda doméstica.