Administrativo

Nuestro país desde 1915 marcó nuevos derroteros jurídicos y legislativos con su Derecho Agrario que sale de la clasificación tradicional entre Derecho Público y Derecho Privado y alumbró, con su nacimiento, la nueva rama fundamental de donde parte y que en la moderna Doctrina jurídica he preferido denominarla Derecho Social desde 1950.Nuestro Derecho Agrario presentó y aún presenta características y principios jurídicos especiales, pues guía y modela a través de la Constitución, los Derechos Fundamentales de un grupo social. No se trata sólo del Derecho tradicional que protege y sirve de garantía a todo individuo, sino de un Derecho Social que ampara a un grupo social determinado, independientemente de los derechos que como individuos aislados puedan tener. Por todas las razones aducidas, resulta imprescindiblemente necesario estudiar el Derecho Agrario Mexicano como parte de nuestro sistema jurídico; y además, como rama innovadora que revolucionó desde nuestro país, muchos aspectos fundamentales del Derecho. El Derecho Agrario ha seguido en México una satisfactoria evolución, pues su estudio es obligatorio en la UNAM desde 1939; durante los años de 1961 a 1963 se pretendió convertirlo en optativo, pero el acuerdo del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho no fue aprobado en definitiva por el Consejo en la Universidad y continuó siendo obligatorio. Para 1968, al reestructurarse los estudios de Doctorado, se incluyeron como materias de altos estudios un curso sobre Reforma Agraria y al año siguiente, un curso sobre procedimientos agrarios. De 1972 a 1975 la UNAM tuvo un sistema de cursos piloto de Universidad abierta y existió un curso teórico-práctico que se impartió en el entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, en donde los estudiantes tuvieron oportunidad de familiarizarse con los expedientes y el Departamento de poder utilizar profesionistas preparados especialmente en Derecho Agrario.

Aparentemente, no faltaban en España los estudios sobre el Derecho de la televisión; la bibliografía que figura al final de esta obra es buena muestra de ello. Sin embargo, consideramos que la dogmática sobre el tema se encuentra todavía dominada en exceso por la perspectiva propia del Derecho administrativo, echándose de menos una mayor preocupación por el punto de vista constitucional, que es, sobre todo, el punto de vista de los ciudadanos. A juicio de los autores, todos ellos profesores de Derecho constitucional, es todavía mucho lo que se puede y debe decir jurídicamente en favor del derecho del público a recibir información veraz y plural y, en general, a contar con unos medios de comunicación más acordes con los valores y principios constitucionales, y en especial con la dignidad de la persona y con la democracia. Como afirmó el citado profesor González Encinar en el epílogo de su último trabajo («Derechos y medios de comunicación», en La democracia constitucional, CEPC, Madrid, 2002), «el cambio de paradigma en la dogmática de los derechos y los medios de comunicación no es tarea de uno, sino de muchos». Confiamos en haber estado a la altura de las circunstancias en esa apelación al futuro de quien fue nuestro compañero.

El Derecho Económico es el conjunto de normas originadas en las transformación tecnológicas y estructurales de la sociedad, con la finalidad de contribuir al establecimiento de un nuevo orden jurídico. Sus normas tienden al equilibrio de los agentes económicos.
Este texto sigue el actual programa de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra dividido en una parte teórica, que comprende conceptos y características del Derecho Económico, en segundo lugar, en una parte histórica, tanto de México como de Europa, y en una tercera referida al Derecho positivo mexicano.
La tercera parte de la obra, en consideración a que son leyes que reglamentan diversas materias, contempla el siguiente método: el objeto de la ley, los sujetos obligados, la autoridad competente y el procedimiento a seguir. De esta manera, el estudiante conocerá los fines perseguidos por el legislador, cómo se reglamenta la conducta de los sujetos del Derecho, frente a las grandes transformaciones que registra la sociedad de materias que toca la legislación que conforma el Derecho Económico, los principios que lo integran están presentes en toda la legislación, como un Derecho solidario que antepone el interés público frente a los intereses privados.

El Derecho Económico es un Derecho de la sociedad, regula la participación en los problemas colectivos o macroecónomicos o macrosociales. Ni la omnipotencia del poder económico privado, ni la omnipotencia del poder público, sino el equilibrio de ambos es el elemento para la protección de los derechos de la sociedad, hacia el establecimiento de un orden jurídico de justicia social.

El presente libro aborda el complicado problema de las relaciones entre el Derecho Administrativo y el Derecho Laboral en el ámbito del empleo público. Para ello la autora realiza un detallado estudio sobre la evolución histórica, legal y jurisprudencial de lo que ha sido ya bautizado por la doctrina como: Laborización de la Función Pública.

Este libro pretende jugar el papel del gato en la cita, ofreciendo información de valor al gestor público para que pueda afrontar el reto con mayores garantías de éxito. Asimismo, ayuda a compartir la experiencia de aquellos que ya han experimentado en primera persona los enormes beneficios que supone la puesta en marcha de planes de modernización y calidad en la Administración Pública.

Como su propio nombre indica, la presente obra trata del precio que debe abonarse en la expropiación forzosa al expropiado por pérdida de los bienes o derechos afectados por aquella, con especial consideración de las normas de valoración de la legislación urbanística. Así, se trata del procedimiento de valoración, con intervención del Jurado de Expropiación o acuerdo entre los interesados, de los criterios y normas de valoración e indemnización, del pago y consignación del justiprecio, los intereses de demora, la retasación, el tratamiento fiscal del justiprecio y el justiprecio de la reversión.