Administrativo

La atribución de funciones jurisdiccionales a los denominados Organos de Control Externo (OCEX) de la actividad económico-financiera de las Administraciones Públicas ha dado lugar históricamente a diferentes polémicas doctrinales de indudable e inmediata trascendencia política, en la medida en que afecta a los mismos supuestos en que se basa la organización institucional de los Estados constitucionales. En este sentido, resulta tan significativo el momento histórico de creación de la Cour de Comptes francesa como el hecho de que algunos modelos de Organos de Control Externo vigentes con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial -que se analizan en sus aspectos más generales- no tienen atribuidas tales funciones, en un proceso que parece adoptar carácter general tras la declaración de 1997 del INTOSAI.

Este libro analiza una faceta singular del fenómeno doctrinalmente denominado «huida del Derecho del Trabajo». Su singularidad radica en que quienes aquí huyen de las normas laborales son los trabajadores asalariados al servicio de las Administraciones públicas, pretendiendo alcanzar con esa huida suya la meta del estatus funcionarial, en cuanto que modelo actual y real de trabajo verdaderamente decente.
En este peculiar fenómeno de fuga, se distingue la funcionarización del personal laboral fijo, de un lado, y la del personal laboral no fijo (o «consolidación» de empleo temporal), del otro, diferenciando dentro de esta última la del personal laboral precario en sentido estricto y la del personal indefinido no fijo.

El principio de independencia judicial es la columna vertebral del Estado de Derecho. La trascendencia de la justicia independiente llega a su culminación cuando esa justicia es encargada no sólo de aplicar la ley, sino cuando tiene que aplicar y garantizar los valores constitucionales nacidos del pueblo, del poder constituyente. El paso del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho no se hubiera producido sin el Juez independiente. Tampoco hubiera sido posible conseguir el estado Social. El máximo desafio de un Juez independiente no es sólo «interpretar fielmente» el derecho, sino «aplicarlo de forma imparcial». Es, en definitiva, la independencia judicial no un derecho de los jueces, sino un derecho de los ciudadanos. Es éste un estudio esclarecedor sobre el Juez y su circunstancia constitucional.

Los trabajos recogidos en esta obra abordan algunos de los temas esenciales de la LPAG, sistematizados en cinco secciones. No es este, por lo tanto, un análisis exegético de la norma, sino un estudio de esta a partir de las principales instituciones jurídicas en ella reguladas, para lo cual constituyen un aporte fundamental. La primera sección se refiere al ámbito de aplicación de la LPAG y las fuentes del Derecho Administrativo, analizándose asuntos tan medulares coo la propia definición de Administración Pública. En la segunda sección se analiza el concepto, validez y eficacia del acto adminsitrativo, noción fundamental de la materia. En la tercera sección se abordan los aspectos más generales de la ley, como la definición, clasificación y principios del procedimiento, para dejar el estudio de las partes, la tramitación y la terminación del procedimiento para la cuarta sección. Por último, en la quinta sección se agrupan los trabajos referidos a los procedimientos administrativos especiales, como el procedfimiento sancionador. Se congregan aquí los trabajos de once profesores peruanos del Derecho Administrativo y ocho profesores extranjeros, los cuales destacan por su notable seriedad y rigor científico, los cuales permiten encontrar las respuestas a las cuestiones prácticas que el ejercicio profesional plantea constantemente.

La troisième révision du Code mondial antidopage et son application à partir de janvier 2015 ont marqué une nouvelle évolution du cadre juridique de la lutte contre le dopage. Cet ouvrage, conçu comme un guide juridique de la lutte contre le dopage présentant l’essentiel du droit applicable et à jour des dernières actualités, a dès lors pour ambition de proposer une approche globale d’un système juridique original : fondé sur un texte de droit privé élaboré au niveau international – le Code mondial antidopage – le cadre juridique de la lutte contre le dopage est constitué par un corpus de règles issues de la «transposition» dudit Code assurée tant par les États que par les organisations sportives internationales et nationales signataires de ce Code.

Cet ouvrage vise ensuite à présenter une application nationale des principes fixés par le Code mondial antidopage en prenant pour illustration le système français de lutte contre le dopage humain et animal : précurseurs en matière de lutte contre le dopage, les pouvoirs publics français ont en effet créé un cadre juridique complexe au sein duquel les compétences et responsabilités sont réparties entre les fédérations sportives Françaises et Internationales, l’Agence Française de Lutte contre le Dopage et le ministère des sports. En outre, la France a choisi de combattre le dopage sur deux fronts : ceux de la répression disciplinaire et pénale. Ces deux systèmes de répression, s’ils sont complémentaires, sont également parfois concurrents. C’est pourquoi cet ouvrage s’attache à décrire leurs caractéristiques respectives mais aussi à analyser leurs points de contact.

Enfin, cet ouvrage souhaite éclairer les lecteurs à propos de certaines difficultés et interrogations soulevées par le cadre juridique actuel de la lutte contre le dopage notamment au regard des aspects scientifiques du dopage et des atteintes portées aux libertés individuelles des sportifs.

La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, ha supuesto una importante renovación de nuestro régimen local, ya que, entre otras aportaciones de gran trascendencia, ha pretendido romper el uniformismo en la organización municipal, para atender a las peculiaridades de los municipios de gran población. La presente obra constituye un estudio completo y sistemático, desde su significado y antecedentes, de cada una de las modificaciones que esta Ley 57/2003 introduce en la Ley de bases de régimen local. Su director, el Prof. José Luis Carro Fernández-Valmayor, Catedrático de Derecho Administrativo, encabeza en la Universidad de Santiago de Compostela un grupo del investigación, del cual proceden la mayoría de los autores de este volumen, que está especializado en el estudio del Derecho autonómico y local, habiendo desarrollado, en los últimos años, diversos proyectos de investigación en la materia. Por todo ello, se trata de una obra del mayor interés para los operadores jurídicos y los estudiosos del Derecho Local que busquen no sólo un análisis técnico riguroso, desde la globalidad del Ordenamiento local, de las novedades que ha introducido la Ley de medidas para la modernización del gobierno local, sino también, en un plano más general, una detenida reflexión jurídica de indudable utilidad en el debate sobre la reforma de nuestro régimen local

A partir del tratado de máastrich de 1992, la negociación colectiva empezó a jugar un papel cada vez más importante en el proceso de integración europea. se trata de un fenómeno relativamente reciente pero que está alcanzando un impulso trascendental porque pone de manifiesto la riqueza y originalidad que pueden alcanzar los acuerdos entre los diversos interlocutores sociales; de ahí la utilidad de este libro que, aborda esta materia, por primera vez, teniendo en cuenta el proceso de negociación, la eficacia y contenido de los acuerdos y la regulación de los llamados comités de empresa europeos.incluye cerca de 700 notas aclaratorias a pie de página, bibliografía, un práctico índice de voces y dos anexos con la jurisprudencia y los documentos relacionados con este ámbito.

Pocas materias tienen un impacto tan amplio y resultan tan controvertidas en la sociedad como el urbanismo y, en particular, los Planes Generales de Ordenación Urbana como auténticos elementos vertebradores de todo sistema. Junto al ejercicio de esta potestad de planeamiento y de ius variandi de la Administración, los ciudadanos y, con ellos, sus abogados se enfrentan a un instrumento extremadamente técnico y complejo que requiere para su impugnación, cuando menos, un gran esfuerzo humano y económico sostenido durante largo tiempo.

“La Nulidad del Planeamiento General Urbanístico. Guía Práctica para anular un PGOU” se configura como una obra concisa, accesible y eminentemente práctica que, a partir del análisis jurisprudencial de las declaraciones de nulidad de 36 municipios y más de 130 sentencias, se convierte en una útil herramienta para identificar, de forma sencilla, los aspectos más vulnerables de los planes generales que vienen siendo apreciados como motivos de nulidad por los Tribunales.