Administrativo

Visión comparada del sistema de planificación territorial en siete países europeos. Contempla asimismo las nuevas iniciativas a nivel europeo en el campo de la ordenación del territorio y las referencias comparativas que permiten insertar el caso de España en el contexto de la experiencia internacional.

Esta monografía destaca que la aproximación al Derecho Administrativo suele estar escorada del lado de «lo jurídico», dejando al margen o en el olvido «(o fáctico» (los hechos y circunstancias que en las que se desarrolla el proceso de producción y aplicación del Derecho Administrativo). Se hace un ensayo para describir qué se entiende por hechos, y por deslindar la variada tipología del material fáctico. Singular importancia práctica tiene la distinción entre los hechos brutos, los hechos institucionales o jurídicos y los hechos forenses. Por otro lado, se pone de manifiesto la variedad de actividades que realiza la Administración Pública con ese material fáctico tan heterogéneo. Desde la certificación de hechos a su invención mediante ficciones jurídicas. Además de las cuestiones vinculadas a la prueba de hechos controvertidos, también se alude a la actividad administrativa de investigación, averiguación y comprobación de hechos, así como la tendencia a privatizar las actividades de inspección, control y certificación. Especial relevancia se atribuye a las ficciones jurídicas que abundan en el Derecho Administración, y que con frecuencia son confundidas o identificadas con las presunciones. Por un lado, la ficción de veracidad que tiene pleno protagonismo en la actividad inspectora y sancionadora de la Administración. Por otro lado, la ficción de acierto que resulta fundamental en cualquier valoración de hechos que realiza la Administración Pública, como ocurre al fijar el justiprecio expropiatorio. La monografía se cierra espigando algunas manifestaciones de la importancia de tomarse los hechos en serio tanto en la fase de aplicación e interpretación del Derecho (con independencia de que se trate de potestades regladas o discrecionales), como en la fase de producción de nuevas normas del ordenamiento jurídico.

Esta nueva edición del manual del Profesor Santamaría Pastor incorpora la totalidad de las reformas legislativas y reglamentarias efectuadas hasta octubre de 2018. Entre ellas destacan las muy abundantes introducidas, e la disciplina de los actos administrativos, del procedimiento y de la responsabilidad, por las Leyes 39 y 40/2015, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas; el nuevo recurso de casación en materia contencioso-administrativa establecido por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio; y la nueva regulación de los contratos del sector público, establecida por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
La incorporación de todas estas profundas reformas se ha hecho sin alterar la sistemática tradicional de la obra, indispensable para quienes hayan utilizado sus ediciones anteriores, y procurando mantener la sencillez y claridad de la exposición que siempre han caracterizado este manual universitario.

La editorial Iustel se complace en ofrecer, dentro de su fondo editorial, la segunda edición de la obra del Profesor Santamaría, largo tiempo esperada y bien conocida en el mercado universitario español y latinoamericano.
Esta edición conserva la estructura sistemática de la anterior, analizando la totalidad de las instituciones básicas de la parte general del Derecho Administrativo de acuerdo con un orden riguroso: la teoría de las normas y de la organización; la descripción de los distintos niveles de Administraciones; la exposición de los instrumentos formales y de los contenidos de la actividad administrativa, y la regulación de los instrumentos de control de la legalidad, tanto en vía administrativa como contenciosa.
Como es obligado en una obra de esta naturaleza, la obra ha sido objeto de una completa actualización, tanto en el aspecto teórico como en la incorporación de las novedades legislativas, que han afectado íntegramente al derecho de la función pública y de los contratos del sector público; una actualización que ha pretendido dar cuenta, de la forma más accesible, del contenido de disposiciones de una extraordinaria complejidad.