Administrativo

La nueva Ley de Contratos del Sector Público contiene una amplia reordenación de la organización administrativa de apoyo al servicio de la contratación pública: desde la reconfiguración de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Pública y del Comité de Cooperación en materia de contratación pública, hasta la creación de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, con la inclusión en la misma de la Oficina Nacional de Evaluación, y la necesidad, final, de aprobación de la Estrategia Nacional de Contratación Pública. Existen en la nueva norma una serie de novedades significativas en materia de adjudicación, sin duda, la primera, la referida al procedimiento simplificado general y específico, que constituyen elementos centrales para la credibilidad del sistema. Asociar la garantía de la contratación a la existencia de más trámites y más informes tiene el elemento adicional o contradictorio de propiciar un efecto de alargamiento de los trámites y de demora en el cumplimiento de los objetivos que se tratan de conseguir con la provisión de bienes y servicios. Un sistema de control, evaluación, asesoramiento y demás elementos cuya funcionalidad está por comprobar, pero que, ciertamente, demuestran el deseo del legislador de no repetir algunos de los problemas pretéritos, sino de configurar un marco de contratación estable, predecible y sin «aventuras», que ciertamente dote a este instrumento de la tranquilidad de la que ha carecido en los últimos tiempos. Y en ese afán se mueve la obra: dotar al profesional de elementos que le permitan un conocimiento detallado de cuantas modificaciones instaura la Ley a fin de conseguir una correcta aplicación del novedoso marco regulatorio.

Contiene soporte informático Biblioteca Básica de Práctica Procesal Comentario,Legislación,Formularios.

Nuevo marco general de la contratación del sector público. Contratación pública en el nuevo articulado legal. Contratación pública en los sectores excluidos, con especial referencia al agua. Prestación de servicios hidráulicos a la luz del nuevo derecho de la contratación del sector público. Modalidades contractuales de prestación de servicios hidráulicos. Prestación de servicios hidráulicos mediante concesión. Contratación del sector público en materia de obras hidráulicas. Contratación para la ejecución y explotación de obras hidráulicas. Explotación y mantenimiento de obras hidráulicas por los usuarios. Modificación de los contratos en la nueva ley de contratos del sector público y de los sectores excluidos. Privatización de la empresa municipal de aguas de Tenerife. Jornada agua y sostenibilidad. Contratación y agua. Concesión de obras hidráulicas.

El autor del libro afronta un aspecto de suma importancia en el ámbito de la contratación administrativa, aspecto que hasta ahora ha tenido un escaso desarrollo en la literatura escrita acerca del contrato administrativo de obras: las competencias y responsabilidades de la dirección de la obra pública. La dirección de la obra adquiere especial relevancia cuando el dueño de la obra es una Administración Pública, ya que junto al aspecto técnico, esencial para que la ejecución de todo proyecto llegue a buen puerto, está la vertiente administrativa que envuelve toda la actividad que ha de desplegar el Director de la obra pública en orden a la ejecución del contrato en el marco jurídico, esencial en las relaciones interadministrativas con el Contratista, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, del pliego de cláusulas administrativas particulares como ley del contrato, y del pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras. El Director de la obra pública, como representante de la Administración contratante, poder adjudicador en terminología comunitaria, asume, por delegación, las funciones de dirección e inspección continuadas de la obra, tanto en su vertiente técnica como en su vertiente jurídico-administrativa, con sus competencias y responsabilidades, debiendo velar por los intereses públicos, razón de la obra pública, exigiendo al Contratista el estricto cumplimiento de lo pactado, todo ello en orden a la consecución del objetivo único del contrato: la ejecución de la obra de acuerdo con el proyecto aprobado y vigente, y a su propio riesgo y ventura. El Director de la obra pública, deberá velar para que la obra se inicie en tiempo y forma («acta de comprobación del replanteo»), se ejecute en el plazo pactado («penalidades por demora» o «resolución contractual»), se acredite la obra realmente ejecutada al Contratista según el precio convenido («certificación de la obra»), se le pague sin morosidad («intereses de demora»), se reciba en plazo una vez finalizada («acta de recepción»), se compruebe que la obra no tiene defectos o se han subsanado («plazo de garantía»), se proceda a su liquidación («saldo a favor / en contra del Contratista»), y, todo ello, para que finalmente, una vez vencido el plazo de responsabilidad quincenal («responsabilidad por vicios ocultos»), quede definitivamente extinguida la responsabilidad del Contratista. Concluyendo, el libro hace todo un recorrido por la obra pública, avalando la exposición dinámica del proceso con informes (Junta Consultiva de Contratación Administrativa e Intervención General de la Administración del Estado, principalmente), dictámenes (Consejo de Estado y Abogacía General del Estado), junto con una seleccionada jurisprudencia (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional….etc), que otorgan a su exposición una cobertura doctrinal raramente encontrada en otras publicaciones sobre la materia. En resumen, un libro que todo Director de obra pública ha de tener en su oficina para poder enfocar con rigurosidad, desde el punto de vista administrativo, cualquier problema que le pueda surgir en el devenir fáctico de la ejecución de la obra pública.

Obra basada en la tesis de la autora «Bases constitucionales para la aplicación del control difuso por parte de los Tribunales Administrativos» sustentada en diciembre del 2003.