Administrativo

Nuestro país desde 1915 marcó nuevos derroteros jurídicos y legislativos con su Derecho Agrario que sale de la clasificación tradicional entre Derecho Público y Derecho Privado y alumbró, con su nacimiento, la nueva rama fundamental de donde parte y que en la moderna Doctrina jurídica he preferido denominarla Derecho Social desde 1950.Nuestro Derecho Agrario presentó y aún presenta características y principios jurídicos especiales, pues guía y modela a través de la Constitución, los Derechos Fundamentales de un grupo social. No se trata sólo del Derecho tradicional que protege y sirve de garantía a todo individuo, sino de un Derecho Social que ampara a un grupo social determinado, independientemente de los derechos que como individuos aislados puedan tener. Por todas las razones aducidas, resulta imprescindiblemente necesario estudiar el Derecho Agrario Mexicano como parte de nuestro sistema jurídico; y además, como rama innovadora que revolucionó desde nuestro país, muchos aspectos fundamentales del Derecho. El Derecho Agrario ha seguido en México una satisfactoria evolución, pues su estudio es obligatorio en la UNAM desde 1939; durante los años de 1961 a 1963 se pretendió convertirlo en optativo, pero el acuerdo del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho no fue aprobado en definitiva por el Consejo en la Universidad y continuó siendo obligatorio. Para 1968, al reestructurarse los estudios de Doctorado, se incluyeron como materias de altos estudios un curso sobre Reforma Agraria y al año siguiente, un curso sobre procedimientos agrarios. De 1972 a 1975 la UNAM tuvo un sistema de cursos piloto de Universidad abierta y existió un curso teórico-práctico que se impartió en el entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, en donde los estudiantes tuvieron oportunidad de familiarizarse con los expedientes y el Departamento de poder utilizar profesionistas preparados especialmente en Derecho Agrario.

Aparentemente, no faltaban en España los estudios sobre el Derecho de la televisión; la bibliografía que figura al final de esta obra es buena muestra de ello. Sin embargo, consideramos que la dogmática sobre el tema se encuentra todavía dominada en exceso por la perspectiva propia del Derecho administrativo, echándose de menos una mayor preocupación por el punto de vista constitucional, que es, sobre todo, el punto de vista de los ciudadanos. A juicio de los autores, todos ellos profesores de Derecho constitucional, es todavía mucho lo que se puede y debe decir jurídicamente en favor del derecho del público a recibir información veraz y plural y, en general, a contar con unos medios de comunicación más acordes con los valores y principios constitucionales, y en especial con la dignidad de la persona y con la democracia. Como afirmó el citado profesor González Encinar en el epílogo de su último trabajo («Derechos y medios de comunicación», en La democracia constitucional, CEPC, Madrid, 2002), «el cambio de paradigma en la dogmática de los derechos y los medios de comunicación no es tarea de uno, sino de muchos». Confiamos en haber estado a la altura de las circunstancias en esa apelación al futuro de quien fue nuestro compañero.

El Derecho Económico es el conjunto de normas originadas en las transformación tecnológicas y estructurales de la sociedad, con la finalidad de contribuir al establecimiento de un nuevo orden jurídico. Sus normas tienden al equilibrio de los agentes económicos.
Este texto sigue el actual programa de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra dividido en una parte teórica, que comprende conceptos y características del Derecho Económico, en segundo lugar, en una parte histórica, tanto de México como de Europa, y en una tercera referida al Derecho positivo mexicano.
La tercera parte de la obra, en consideración a que son leyes que reglamentan diversas materias, contempla el siguiente método: el objeto de la ley, los sujetos obligados, la autoridad competente y el procedimiento a seguir. De esta manera, el estudiante conocerá los fines perseguidos por el legislador, cómo se reglamenta la conducta de los sujetos del Derecho, frente a las grandes transformaciones que registra la sociedad de materias que toca la legislación que conforma el Derecho Económico, los principios que lo integran están presentes en toda la legislación, como un Derecho solidario que antepone el interés público frente a los intereses privados.

El Derecho Económico es un Derecho de la sociedad, regula la participación en los problemas colectivos o macroecónomicos o macrosociales. Ni la omnipotencia del poder económico privado, ni la omnipotencia del poder público, sino el equilibrio de ambos es el elemento para la protección de los derechos de la sociedad, hacia el establecimiento de un orden jurídico de justicia social.

El presente libro aborda el complicado problema de las relaciones entre el Derecho Administrativo y el Derecho Laboral en el ámbito del empleo público. Para ello la autora realiza un detallado estudio sobre la evolución histórica, legal y jurisprudencial de lo que ha sido ya bautizado por la doctrina como: Laborización de la Función Pública.

Este libro explora la naturaleza de los valores, analizando su papel en la comunicación audiovisual producida con fines persuasivos. Para ello,toma como muestra de estudio la propaganda televisiva y publicitaria que apareció en forma de anuncios de televisión durante las campañas electorales españolas de los años 2008, 2011, 2015 y 2016. Para organizar los resultados se aprovechó la clasificación de Shalom H. Schwartz. Estas herramientas, en conjunto, exponen las coincidencias y diferencias axiológicas entre la publicidad comercial y la propaganda política, en el contexto electoral. Este libro puede resultar de gran interés para estudiantes y profesores de Comunicación, Ciencias Sociales y Humanidades. También puede ser útil como referencia para futuras investigaciones relacionadas con el tema, o como material de reflexión para profesionales dedicados a la creación o el análisis de propaganda y publicidad. Con este libro aprenderás sobre: valores; publicidad comercial; propaganda política; marcas; partidos políticos; persuasión; axiología ; objetivismo; subjetivismo; spot televisivo; comunicación.

La importancia del turismo para Europa es innegable como sector capaz de generar puestos de trabajo y de dinamizar la economía. En unos momentos de crisis y recesión económica cobra cada vez más relevancia la existencia de un marco jurídico claro y preciso donde se muevan los diversos agentes implicados en el sector y donde se proteja eficazmente a consumidores y usuarios.

En este libro se realiza un análisis desde el punto de vista jurídico de diversos aspectos de relevancia en el ámbito del turismo, haciendo especial referencia a cómo ha impactado en este sector el Derecho de la Unión Europea. Ello se lleva a cabo a través del estudio de una serie de normas como la Directiva de servicios en el mercado interior, la Directiva de Viajes Combinados, el Reglamento del overbooking, que han comportado cambios relevantes en este sector.

En todos los estudios oficiales disponibles al respecto, incluida la V Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo (2010), el «acoso moral en el trabajo» («mobbing») presenta una mayor incidencia en el empleo público, por las características propias de estas organizaciones de trabajo, más cerradas y autoritarias. Esta prevalencia mayor, lejos de reducirse, ha ido en aumento con los últimos procesos de reestructuración «salvaje» de las Administraciones Públicas. Por eso éstas se han visto obligadas a ir implantado progresivamente «protocolos de gestión preventiva» frente a los conflictos de riesgo psicosocial derivados del acoso moral, lo que ha sucedido recientemente tanto en la Administración General del Estado como en varias Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Paradójicamente, los empleados públicos, en especial los funcionarios, están convencidos de que tienen menos posibilidades de éxito en sus demandas, por la incomprensión institucional del problema profesional por parte del orden contencioso-administrativo, de ahí el menor volumen de demandas presentadas, a diferencia del orden social, y también la menor tasa de estimaciones experimentada. Sin embargo, la entrada en vigor en diciembre de 2011 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, ha dado un vuelco a esta situación, de modo que la competencia para conocer del acoso moral, en cuanto riesgo profesional que es, corresponderá al orden social, también para el personal funcionario y estatutario. Este giro copernicano abre grandes expectativas para una tutela más eficaz que la dada anteriormente. Por eso, en esta nueva edición del libro se da a conocer, por un conjunto muy acreditado de estudiosos y profesionales especializados en acoso moral laboral, las principales novedades que presenta esta materia, tanto en el ámbito de la gestión interna «protocolos preventivos», como en el ámbito legislativo, así como, y sobre todo, judicial, pues se recoge un amplio y actualizado catálogo de las últimas sentencias dictadas al respecto, donde hay innovaciones de gran calado.