Civil

Bajo la vigencia de la L.O.P.J. de 1870, los jueces eran responsables civilmente de los daños que ocasionen al infringir las leyes por negligencia o ignorancia inexcusables. A pesar de esa proclamación, la institución de la responsabilidad civil del juez fue raramente aplicada en la práctica. La L.O.P.J. de 1985 establece hoy una doble vía para conseguir el resarcimiento de los daños ocasionados por las funciones jurisdiccionales. De un lado , ex art. 411, se puede exigir responsabilidad civil al juez que, en el desempeño de sus funciones, incurra en dolo o culpa. De otro, se regula la responsabilidad patrimonial del Estado-Juez por los actos jurisdiccionales que provoquen daños a los particulares en los arts. 292 a 297 de la L.O.P.J. Estos preceptos introducen una responsabilidad estatal amplia, de carácter directo y objetivo.

Los prestadores de servicios de salud deben tener en mente la posibilidad de incurrir en error médico, de ahí la importancia de crear conciencia en la población médica para que se tomen las medidas necesarias para disminuir el riesgo de cometer un error. De la misma manera, el paciente y su familia debe tener presente que el riesgo de error médico está latente y que debe participar activamente, no sólo para disminuir dicho riesgo, sino para que llegado el caso, se busque la solución más adecuada y menos desgastante en colaboración con su médico o médicos tratantes. La relación médico-paciente debe ser corresponsable, respetándose en esta relación tanto los derechos y obligaciones del paciente como los del médico. El paciente debe estar conciente que el médico por regla general no está obligado a resultados, sino que está obligado a conducirse conforme a la Lex Artis Médica y a poner toda su diligencia y prudencia en la atención médica brindada al paciente. Dentro de los principales objetivos del presente libro se encuentran: el crear conciencia en los prestadores de servicios de salud, en los pacientes y su familia, así como en la comunidad entera, del riesgo del error médico y de la importancia vital de hacer prevención para disminuir dicho riesgo.

Esta monografía interpreta la regulación de la promesa de matrimonio o los denominados, antiguamente, esponsales y las implicaciones que comporta para los promitentes. Se trata de una obra estructurada en cinco capítulos, distribuida en dos partes temáticas, claramente diferenciadas entre sí. En la primera parte la autora se ocupa de los «Antecedentes», mientras que es en la segunda parte donde se ventilan las cuestiones relativas a la regulación de la «Promesa de matrimonio en España». En particular, la autora aborda el estudio del art. 42 CC y, tras la descripción de la evolución jurídica de la medida, se ocupa del valor jurídico que presenta la figura, enfatizando que el precepto sigue negándole el carácter de fuente de la obligación para contraer el matrimonio, ya que ésta comporta sólo un compromiso de contraer nupcias con una persona, pero desde la perspectiva jurídica no supone obligación alguna de contraerlo. Además, como novedad señala la adición de la falta de efectos de la estipulación prevista para el caso de no celebración de las nupcias. A continuación, se detiene en las modificaciones de detalle que presenta el art. 43 CC respecto de la anterior regulación y, entre otros aspectos, analiza las diversas posturas doctrinales asumidas a lo largo del tiempo en orden a la naturaleza que presenta la medida y al fundamento de la obligación resarcitoria; al alcance de la obligación de reembolso y a la imposibilidad del reembolso del lucro cesante y de los daños morales derivados de su ruptura sin causa.