Derecho

El libro «Régimen jurídico de la inspección técnica de edificios» aborda desde una perspectiva eminentemente práctica la regulación de la llamada inspección técnica o periódica de los edificios, edificaciones o construcciones según la denominación que se le ha dado en diferentes ciudades o comunidades autónomas y que se refiere a la obligación exigida por las autoridades públicas de llevar a la práctica el deber de conservación de edificios y demás construcciones mediante un procedimiento para verificar el buen estado de conservación de la edificación. El libro recoge tras una reseña a la historia y al derecho comparado, la regulación en la materia de cada una de las comunidades autónomas y el régimen jurídico existente en las principales ciudades especificando los plazos, el contenido y alcance del informe técnico, las ayudas, las sanciones etc. Elaborado por juristas con una larga experiencia en la materia, el trabajo no olvida el tratamiento de cuestiones técnicas y la responsabilidad de quienes participan en la inspección. El libro es de sumo interés para juristas, administradores de fincas, profesionales y técnicos que intervienen en la inspección y en general para propietarios y interesados en llevar a cabo tal inspección.

Constituye este libro un estudio de la captación de imágenes y sonidosen lugares públicos y privados que no se encuentran protegidos por elderecho fundamental a la intimidad domiciliaria. La realización de grabaciones en la vía pública para reprimir infracciones administrativas y penales se ha convertido en un proceso en expansión en el que incluso se plantea tomar imágenes en contenedores de basura al objeto de sancionar a los ciudadanos que no extremen las precauciones higiénico-sanitarias en su manipulación. El difícil equilibrio entre los medios y prerrogativas de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones y las garantías que asisten a los ciudadanos en sus relaciones con las mismas se analiza en esta monografía en sus distintos ámbitos (control del tráfico, acceso y protección de inmuebles, circuitos cerrados en espectáculos deportivos, alcance a la vía pública de cámaras en espacios privados…).

El actual régimen de las ofertas públicas de adquisición (OPAS) es fruto de la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2004/25/CE de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición, con la que se pretende la instauración de las mismas reglas de juego para todas las sociedades comunitarias ante una posible OPA hostil, en vistas a la creación de un mercado del control societario comunitario único. La transposición de la Directiva ha obligado a modificar algunos aspectos sustanciales de la Ley del Mercado de Valores y del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. La obra realiza un exhaustivo análisis de todas las cuestiones novedosas que instaura la nueva regulación. Una de las novedades principales que estudia la obra es el hecho de que la Directiva establece una OPA obligatoria, total, a posteriori (después de la adquisición del control en una sociedad cotizada) y a precio intervenido, lo que no impide que existan OPAS excluidas del deber de lanzar una OPA y OPAS voluntarias. Asimismo, se analiza el procedimiento de la OPA con documentos -caso del folleto explicativo-,informes y autorizaciones varias – de la CNMV por supuesto, pero también de la CNC-, con fases entrelazadas por plazos que se suceden hasta llegar al desenlace, el éxito o el fracaso de la oferta. El fundamento de la Directiva OPAS antes señalado está en la base de otras figuras que se analizan con rigurosidad, tales son: la neutralización de las medidas defensivas previas y las compraventas forzosas después del desenlace de la OPA; y por supuesto, la neutralidad o deber de abstención de los administradores de la sociedad afectada.

ay una historia escrita de las funciones públicas: los expedientes, como reflejo documental de los procedimientos a través de los que los entes públicos desarrollan su acción, dejan constancia de las maneras y formas a través de los que la Administración actúa. Hay un mundo tras el papel y ahora del soporte electrónico. Puede haber de todo; puede latir el pesimismo del «vuelva usted mañana» o el «hoy puede ser un gran día», dependiendo del funcionario que en suerte te caiga. Tenemos derecho y necesidad de acceder a ellos pues se convierten no sólo en un elemento clave para el control judicial de la Administración, para el cumplimiento del principio de legalidad y también para la participación ciudadana, esencial en cualquier país que se precie de ser democrático. Al tiempo de encargar esta obra, se daba por sentado que son muchos y muy meritorios los estudios que analizan cada uno de estos aspectos parciales del documento. Que no es lo mismo para la normativa procesal reguladora de la prueba documental, que para las normas penales que sancionan las falsedades documentales, o para las normas administrativas que regulan el derecho de acceso a archivos o registros. Sin embargo, resulta difícil encontrar obras de conjunto, que asuman llevar a cabo un análisis global del Derecho documental. Así la excesiva departamentalización de la universidad ha sido un factor decisivo, en nuestra opinión, a tales efectos. Ninguna disciplina acoge el estudio de la totalidad del régimen documental, en parte circunscrito al Derecho civil, al Derecho procesal, al penal, al administrativo. Nadie se preocupó de enseñarnos algunos aspectos claves del régimen de los documentos, como por ejemplo la esencia: su vida que es casi eterna. Aspectos que han sido objeto de tratamiento casi en exclusiva por parte de los documen-talistas, con notable olvido por parte del heterogéneo mundo jurídico. Tampoco ha ayudado ciertamente la pobreza y descoor