Derecho

Monografía sobre los delitos contra la Administración de Justicia contenidos en el Código Penal español y en los proyectos de Código Penal que se han sucedido desde 1980. En la segunda parte, la autora lleva a cabo un análisis profundo del artículo 325 bis del Código Penal, en el que se tipifica el denominado ‘delito contra la libertad de las partes en el proceso’, estudiando, y resolviendo en muchos casos, los problemas a los que daba lugar la aplicación de este artículo en las diferentes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo.

La Administración que se encarga de las tareas sociales del Estado (seguridad social, asistencia sanitaria y a personas dependientes, cultura y deporte, consumidores y usuarios, etc.) tiene sus características propias. Es éste un ámbito extenso en el que hoy tiene carácter definitorio la competencia administrativa de articular la colaboración entre el Estado y la sociedad. En sectores importantes, además, la actuación administrativa social no puede ser dirigida por normas materiales de tipo condicional- ¿cómo podría regularse en una regla de Derecho el consejo que debe darse a un drogodependiente que acude a los servicios sociales?-, sino que el Derecho dirige a la Administración regulando sólo la organización y el procedimiento. Esa organización y ese procedimiento son en el Estado social prestador, por otra parte, los cauces a través de los cuales se hacen valer los derechos fundamentales de los destinatarios de unas prestaciones que se ofrecen en relaciones marcadas, en muchas ocasiones, por su «alta intensidad personal».El análisis de estas cuestiones, junto con el propósito expreso de hacer del Derecho administrativo social un «sector de referencia» para la construcción sistemática de la parte general del Derecho administrativo, constituyen el objeto de esta obra.

La degradación de los valores morales en todos los ámbitos sociales ha dado lugar a una preocupación generalizada dirigida a indagar las causas, a fin de intentar la restauración de los más esenciales, tanto en la vida pública como en la privada.El Ordenamiento jurídico-administrativo no ha sido ajeno a este fenómeno, tanto en aquellas de sus normas que tratan de garantizar la moralidad en la Administración, como en las reguladoras de la acción administrativa encaminadas al mantenimiento de la moral y buenas constumbres, y a la formación moral de los ciudadanos.Jesús González Pérez nos ofrece una sugestiva síntesis de las quiebras que ofrece el Ordenamiento español vigente, con especial referencia a la moral como presupuesto para el ejercicio de actividades y límite de potestades administrativas; policía de la moralidad en aspectos como la publicidad, televisión y prostitución, en que la realidad está tan diociada de la legalidad; medidas de fomento, y la formación moral como finalidad de los servicios de educación, para acabar con una completa referencia al problema tan actual como polémico de la enseñanza de la religión.