En México la propuesta de reestructurar al sector eléctrico ha sido capaz de revelar profundos y añejos desencuentros políticos. Si bien hace más de una década se reformó la legislación para incorporar al sector privado en diversas actividades productivas de electricidad, al día de hoy el debate continúa. La presencia en el Congreso de más de treinta proyectos legislativos de reestructuración del sector eléctrico refleja no sólo la complejidad de lograr un acuerdo político, sino además la carencia de una visión unitaria y de conjunto respecto de este sector. De acuerdo con el estudio que aquí se presenta, el debate planteado puede entenderse a la luz de dos condicionantes. En primer lugar, y a pesar de que el modelo económico de la Constitución mexicana suele caracterizarse como un sistema de corte social, al que le es inherente la prestación de servicios públicos en régimen de monopolio, lo cierto es que con las reformas constitucionales de los años 80s se determinó la corresponsabilidad del sector privado y social en el desarrollo económico nacional.