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El derecho de sucesiones está siendo objeto de reformas que, por un lado, intentan reforzar la libertad de testar del causante, y, por otro lado, toman en consideración la realidad de una sociedad progresivamente envejecida y con una pluralidad de realidades familiares. En este libro se estudia la libertad de testar, es decir, la libertad para organizar la sucesión por causa de muerte, y la libertad para testar, la libertad para expresar y conservar la voluntad testamentaria. Así, se sistematizan los límites a la libertad de testar, se analiza cuáles son los intereses que se protegen con la legítima, se discuten las condiciones que el causante puede imponer a sus sucesores, se estudia la protección del testador vulnerable y se lanzan propuestas para incluir a las familias reconstituidas en los derechos sucesorios legales.
El derecho de sucesiones está siendo objeto de reformas que, por un lado, intentan reforzar la libertad de testar del causante, y, por otro lado, toman en consideración la realidad de una sociedad progresivamente envejecida y con una pluralidad de realidades familiares. En este libro se estudia la libertad de testar, es decir, la libertad para organizar la sucesión por causa de muerte, y la libertad para testar, la libertad para expresar y conservar la voluntad testamentaria. Así, se sistematizan los límites a la libertad de testar, se analiza cuáles son los intereses que se protegen con la legítima, se discuten las condiciones que el causante puede imponer a sus sucesores, se estudia la protección del testador vulnerable y se lanzan propuestas para incluir a las familias reconstituidas en los derechos sucesorios legales.
| Editorial | |
|---|---|
| ISBN | 9789563920321 |
| Año de publicación | 2018 |
| Edición de Libro | 1era. |
| Páginas | 200 |
| Idioma | |
| Formato | Ebook |
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La elocuencia forense perderá todo aquello que tiene ahora de teatral y venal. La profesión del defensor no será en lo sucesivo un oficio de interés privado, pagado una y otra vez por el inculpado, para convertirse en una función social como lo es hoy la acusación; y la defensa no podrá ayudarse ya en lo sucesivo de aquellas armas retóricas que en la actualidad constituyen su prestigio fatal, sino que deberá buscar otras armas más dignas y más nobles, en el arsenal de la ciencia. La elocuencia forense, en suma, se convertirá en un estudio de psiquiatría o de psicología, únicas bases seguras para poder juzgar con aquella relativa justicia que debe conciliar el derecho del individuo con el de la sociedad.
Yo bien sé, mi querido Materi, que este sueño es un ideal muy lejano; pero me ha placido afirmarlo aquí, al frente de tu libro, donde lo expresaste clara y noblemente, a fin de que el público que lea tu trabajo conozca el objetivo de sus principios y entienda su alcance y su fin.
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El Derecho procesal constituye un complemento necesario y hasta indispensable del civil. Sirve para la protección de los derechos privados de los particulares en sus relaciones mutuas (de su propiedad, crédito, derechos de familia y hereditarios, etc.), en cuanto los hace indudables y sirve de auxiliador para su realización; pero además proporciona al orden jurídico privado en su totalidad la fuerza y efectividad necesarias, ofreciéndole la garantía de que cualesquiera lesiones contra él serán contenidas y evitadas por el Estado: de esta suerte inviste a las prescripciones del derecho civil de la validez real necesaria sin la cual no serían más que meras reglas teóricas.
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En el momento actual tiene lugar un vivo debate acerca de la posibilidad de dar mayor consideración a la sociología en la jurisprudencia. Los frentes, las premisas de los argumentos y las bases para la evaluación de posibilidades son a menudo poco claros, a menos que se tome una definición política de la situación como una aclaración. Frente a tales debates es una máxima conocida y válida buscar el punto en que coincidan las partes enfrentadas, y luego afirmar lo contrario. Esto es lo que se hará aquí.
Sospecho que el punto de unión está en la concepción de que las decisiones jurídicas habrían de orientarse hacia sus efectos: algo obvio para los intérpretes, un punto de referencia para el enjuiciamiento de las construcciones jurídicas o de figuras dogmáticas, y para el derecho comparado, y una brecha abierta para las ciencias sociales. Si se acepta este punto de partida, la única cuestión pendiente es la de cómo es posible limitar el sector de las consecuencias relevantes. Como las consecuencias futuras de decisiones son interdependientes en alto grado, tanto más cuanto que las consecuencias hipotéticas de las alternativas se han de incluir en la decisión jurídica, la orientación a las consecuencias nos lleva forzosamente a desdibujar las diferenciaciones actuales, sea en el aspecto profesional, sea en el organizativo. Si se acepta sin más este principio nos será muy difícil trazar unas fronteras claras y con sentido. Lo único que se podrá hacer aún será argumentar desde puntos de vista, pero quedará abierta la cuestión de si, y en qué contexto, se ha elegido bien el punto de partida.
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Introducción: crimen contra cualidad de ser humano y crimen contra conjunto de humanidad; crimen contra humanidad, rasgo jurídico distintivo; crimen contra humanidad y animal político; crimen contra humanidad como política que devino cancerosa; crítica de demonización de Schmitt: respuesta; crimen contra humanidad y «locus» de jurisdicción.
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De la lógica al derecho; la palabra, el concepto y la definición; argumentos; inferencias deductivas; inferencias inductivas; causa y efecto; la argumentación.
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El Derecho procesal constitucional es una concretización de la Ley Fundamental en dos sentidos: en que él mismo es un Derecho constitucional concretizado y en que le sirve al Tribunal Constitucional para concretizar la Ley Fundamental. La gran “capacidad de concretización” del Tribunal Constitucional, demanda ahora una fundamentación del Derecho procesal constitucional de carácter teórico-constitucional.
En la medida en que el Tribunal Constitucional continúa elaborando y ampliando su jurisprudencia con respecto al Derecho procesal constitucional, se llegará a una “interpretación de la Constitución conforme a la jurisprudencia”.
