Drogas ilícitas y narcotráfico
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El poder local
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La elaboración científica del negocio indirecto es relativamente reciente y tiene su origen en la doctrina alemana.
La primera intuición de esta figura en su aspecto meramente histórico puede remontarse a Ihering, el cual explica cómo algunos negocios de los Derechos antiguos, y especialmente del Derecho romano, presentan el aspecto común de que el acto jurídico es aplicado a fines distintos de los primitivos (negocios aparentes, Scheingeschäfte).
Solo la falta de intención engañosa diferenciaría estas figuras de la simulación; solo la preeminencia de la forma haría posible su ejecución. Por eso mismo, el fenómeno quedaría limitado exclusivamente a las épocas del formalismo y destinado a caer en desuso tan pronto como sobrevinieran nuevas fases de la civilización.
Domenico Rubino
La elaboración científica del negocio indirecto es relativamente reciente y tiene su origen en la doctrina alemana.
La primera intuición de esta figura en su aspecto meramente histórico puede remontarse a Ihering, el cual explica cómo algunos negocios de los Derechos antiguos, y especialmente del Derecho romano, presentan el aspecto común de que el acto jurídico es aplicado a fines distintos de los primitivos (negocios aparentes, Scheingeschäfte).
Solo la falta de intención engañosa diferenciaría estas figuras de la simulación; solo la preeminencia de la forma haría posible su ejecución. Por eso mismo, el fenómeno quedaría limitado exclusivamente a las épocas del formalismo y destinado a caer en desuso tan pronto como sobrevinieran nuevas fases de la civilización.
Domenico Rubino
| Editorial | |
|---|---|
| ISBN | 9789563920857 |
| Año de publicación | 2018 |
| Edición de Libro | 1era. |
| Páginas | 180 |
| Idioma | |
| Formato | Ebook |
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La ciencia jurídica es la ciencia de algún derecho positivo o también de todos los derechos positivos y su evolución. Que tal ciencia existe, no es problema. Lo único que puede ser problemático es si esa ciencia jurídica es ciencia y en qué sentido lo sea. La ciencia del Derecho se halla en estrecha relación con la ciencia jurídica; mas no coincide con ella en ningún punto. Es problemático si existe o no esa tal ciencia del Derecho junto a la ciencia de los derechos positivos. Si existiera sería, sin duda, una ciencia. Si lográsemos señalar definitivamente una esfera para dicha ciencia del Derecho, ese terreno de investigación sería un país nuevo y la ciencia de ese terreno sería la nueva ciencia del Derecho.
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El Derecho procesal constitucional es una concretización de la Ley Fundamental en dos sentidos: en que él mismo es un Derecho constitucional concretizado y en que le sirve al Tribunal Constitucional para concretizar la Ley Fundamental. La gran “capacidad de concretización” del Tribunal Constitucional, demanda ahora una fundamentación del Derecho procesal constitucional de carácter teórico-constitucional.
En la medida en que el Tribunal Constitucional continúa elaborando y ampliando su jurisprudencia con respecto al Derecho procesal constitucional, se llegará a una “interpretación de la Constitución conforme a la jurisprudencia”.
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Esta obra, tal y como se deduce de la lectura de su título, contiene importantes elementos para el estudio del Derecho Internacional Público desde el punto de vista teórico e histórico. El Profesor y Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Marcano Salazar se ha dedicado a realizar una revisión pormenorizada de diferentes obras de derecho internacional, de tratados internacionales y el texto cita en infinidad de ocasiones, interesantes fuentes primarias sobre la materia. El prólogo de esta obra presenta la particularidad de haber sido realizado por tres reconocidos expertos en materia de Derecho Internacional Público: el Embajador Julio César Pineda, el profesor José Guillermo Andueza, el doctor Briceño García y el embajador Milos Alcalay. El gran mérito de esta obra es que introduce a las personas interesadas en el área del Derecho Internacional Público, bien sean estudiantes o público en general, en los últimos cambios sucedidos en el ámbito internacional. Diez capítulos integran la totalidad de esta nueva obra latinoamericana de Derecho Internacional Público en su sexta edición chilena. Emergen en la obra novedosos temas en materia de Derecho Internacional Público, por ejemplo; Derecho Penal Internacional, Derecho Comunitario, Subjetividad Internacional y Reconocimiento, Derecho Internacional Ambiental, Resolución de Conflictos y Derecho Electrónico y Cibernético. Se trata pues, de una obra bastante completa que tiene el valor agregado de ser una obra realizada en Venezuela para América Latina y el mundo y que está a la altura de cualquier otro texto que a nivel internacional se haya publicado sobre la materia.
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¿Qué es el Derecho? ¿Cuáles son su origen y sus fundamentos? ¿Posee una base real, o bien no es «más que un vano fantasma del espíritu? Estas cuestiones primordiales, a las cuales están subordinadas la existencia y la validez del sistema jurídico entero, no han recibido respuesta definitiva. La misma palabra Derecho, cuyos sentidos son múltiples, reclama una precisión, por lo menos nominal. No se trata aquí ni de la enseñanza ni de la ciencia del Derecho. Nos ocuparemos de la regla del derecho y sobre todo de la facultad de hacer o no hacer o de obtener, respecto de las cuales se presentan cuestiones idénticas. El objeto principal de nuestras investigaciones será el sentimiento y la idea del derecho, que asimilamos sin confundirlos.
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«Las leyes penales y las concepciones jurídicas no permanecen estáticas en el curso de los tiempos. «La valoración jurídica que acuña una conducta humana convirtiéndola en delito, depende de las convicciones morales, las costumbres tradicionales y las necesidades prácticas del pueblo. Esto se encuentra a su vez condicionado por el tiempo, el lugar y el carácter del pueblo». Por lo tanto, el contenido del concepto del delito cambia.
Por ello es necesario, en la descripción y explicación de los delitos, limitarse a los hechos que en el ámbito de nuestra civilización actual se consideran como tales.
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En el momento actual tiene lugar un vivo debate acerca de la posibilidad de dar mayor consideración a la sociología en la jurisprudencia. Los frentes, las premisas de los argumentos y las bases para la evaluación de posibilidades son a menudo poco claros, a menos que se tome una definición política de la situación como una aclaración. Frente a tales debates es una máxima conocida y válida buscar el punto en que coincidan las partes enfrentadas, y luego afirmar lo contrario. Esto es lo que se hará aquí.
Sospecho que el punto de unión está en la concepción de que las decisiones jurídicas habrían de orientarse hacia sus efectos: algo obvio para los intérpretes, un punto de referencia para el enjuiciamiento de las construcciones jurídicas o de figuras dogmáticas, y para el derecho comparado, y una brecha abierta para las ciencias sociales. Si se acepta este punto de partida, la única cuestión pendiente es la de cómo es posible limitar el sector de las consecuencias relevantes. Como las consecuencias futuras de decisiones son interdependientes en alto grado, tanto más cuanto que las consecuencias hipotéticas de las alternativas se han de incluir en la decisión jurídica, la orientación a las consecuencias nos lleva forzosamente a desdibujar las diferenciaciones actuales, sea en el aspecto profesional, sea en el organizativo. Si se acepta sin más este principio nos será muy difícil trazar unas fronteras claras y con sentido. Lo único que se podrá hacer aún será argumentar desde puntos de vista, pero quedará abierta la cuestión de si, y en qué contexto, se ha elegido bien el punto de partida.
