Catálogo

Siempre ha existido una intensa relación #no exenta de cierta tensión#- entre el Derecho administrativo y las fundaciones. Dado que durante el siglo XIX se construyeron conceptual y jurídicamente ambos sistemas: las fundaciones como participación privada en tal consecución, y la Administración pública #y el Derecho administrativo# como una cierta monopolización de tal fin (el «servicio público»), así como con un papel de supervisor de la vida institucional y jurídica. Por tal razón, la fundación, institución peculiar dentro de Derecho civil, es únicamente autorizada por el poder público en cuanto cumple tal fin «de interés general». En este libro se examina cómo la vinculación entre público y privado no es algo extrínseco o añadido, debido al fin que cumple la fundación o, menos aún, en una necesidad de fiscalización institucional, sino que es consustancial a la esencia propia de la fundación. Y, así, su ser ha de entenderse no tanto bajo el prisma de la concurrencia colaborativa en el logro del «interés general», cuanto en que tal iniciativa privada con aceptación pública, se inserta en toda la estructura estática y dinámica de la fundación: fin, patrimonio, y sujetos; nacimiento-negocio fundacional, vida y extinción-liquidación, respectivamente. Esto no quiere decir que las fundaciones sean entes administrativos, pero sí obliga a una profunda revisión de su identidad y, con ella, de la protección jurídica del patrimonio y la responsabilidad de sus órganos directivos, verdaderos valedores privados de interés general; situación que exige re-visitar su negocio, operaciones y extinción. Por todo lo cual, tampoco es fácil admitir, jurídicamente, su utilización por parte de los poderes públicos, dado que, conceptualmente, desnaturaliza la esencia de ambos conjuntos jurídicos. Y es que la fundación es, a decir de Garrido Falla, una institución que «seguramente autoriza a una revisión de las categorías jurídicas generales».

El Derecho Administrativo de nuestro tiempo se caracterizará, dice el autor de este libro, por su conversión en un Derecho al servicio de los ciudadanos que vaya más allá de las afirmaciones eufernisticas de los legisladores. No deja de ser curioso que entre las miles de leyes a las que calificamos de legislación administrativa sólo unas pocas estén dedicadas de modo principal a los derechos de los ciudadanos. Por eso resulta necesario para el autor que el estudio del Derecho Administrativo se haga desde los valores, principios y misiones constitucionales que tienen encomendados los poderes públicos y que permitirán reconstruir el edificio administrativo, arrumbando los abundantes restos del Derecho Administrativo que llega hasta nuestros días como un claro exponente del Derecho del poder.