Catálogo

Derecho europeo está transformando de forma inesperado algunos elementos básicos de la Función Pública española. Además de la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad a efectos de requisito de acceso y de hacer valer títulos y méritos obtenidos en otros sistemas europeos, la influencia más decisiva la está provocando la Política social europea que prohíbe discriminaciones de los trabajadores-empleados públicos por razón de sexo, edad o temporalidad de la relación. En este último caso, la Directiva 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada prohíbe, por un lado, discriminaciones de los «funcionarios temporales» respecto a los funcionarios de carrera (lo que está equiparando su régimen jurídico) y, por otro, abusos en la temporalidad de las relaciones interinas de los empleados públicos, obligando a sancionar dichos abusos, debatiéndose judicialmente si se deben transformar las relaciones en indefinidas (lo que podría cuestionar los principios constitucionales de acceso al empleo público) y negociándose política y socialmente consolidaciones de empleados y de provisiones de puestos mediante Ofertas de Empleo Público en magnitudes de decenas de miles de plazas para los próximos años.

El artículo 117.4 de la Constitución justifica la atribución a Jueces y Magistrados de funciones no jurisdiccionales, tales como el Registro Civil o la jurisdicción voluntaria, e incluso su participación en órganos como los Jurados de Expropiación o las Juntas Electorales; pero ello, no como una simple formalización a nivel constitucional de una histórica extensión funcional de lo judicial en España más allá de lo estrictamente jurisdiccional, sino como un intento de racionalización de dicho fenómeno a tenor del modelo global de distinción y colaboración que de los Poderes diseña la Constitución de 1978, de un lado, y de la genérica consideración que hoy detenta el Poder Judicial como garante natural de los derechos y las libertades de las personas, de otro. A estos efectos, el artículo 117.4 cabe ser desplegado en una superior racionalización del ámbito funcional de todo el Poder Judicial con relación a la garantía de los derechos, con lo que este precepto, de simple cláusula residual, pasa, junto a la potestad jurisdiccional, a conformar qué sea administrar justicia. Es de este modo que, para un adecuado entendimiento de estas funciones no jurisdiccionales de los Jueces en garantía de derechos, se analice previamente el marco de funciones que la Constitución esboza (tanto en relación con el propio Poder Judicial, como respecto a los demás Poderes), para a continuación profundizar en su régimen, atendiendo a: qué se entienda por garantizar derechos judicial, pero no jurisdiccionalmente; cómo deban conformarse dichas funciones, y cuáles sean los derechos a garantizar; y cómo actúa al respecto la reserva de ley del artículo 117.4, y las que con ella concurren, así como su posterior proyección en el Estado de las Autonomías.