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La crisis económica de los años 2007-2008 tiene sus raíces en causas diversas, pero una de ellas y transcendente es la falta de control de la economía por parte de los Parlamentos, en donde los lobbies económicos imponen sus intereses, frecuentemente con opacidad, como asimismo la dejación del cumplimiento de sus funciones de las autoridades económicas independientes, que con frecuencia han dejado de serlo, no llevando a efecto la importante misión que tienen asignada de regulación y control de la actividad económica. Esta situación de descontrol y falta de transparencia económica la están sufriendo de forma colosal los ciudadanos en el mundo, Europa y particularmente en España. Un Gobierno, como ha dicho A. Sen, debe ser juzgado no por el PIB o la renta per cápita, sino por las «capacidades concretas» de sus ciudadanos, o sea, por sus posibilidades de desarrollo individual a través de la educación, trabajo, sanidad, cultura, etcétera. El libre mercado y la libre competencia son libertades esenciales para el buen funcionamiento de la economía, no obstante su implementación y desarrollo eficiente dependen de la regulación e incluso intervención de los poderes públicos. En un mundo globalizado económicamente, la gobernanza económica se hace muy compleja, pero los abusos de poder que conducen a mayor pobreza, desigualdad y deterioro del medio ambiente deben restringirse drásticamente por los poderes públicos. Medios para realizarlo existen, tanto en la Constitución económica española como en la de los Tratados de la Unión. Otra cuestión es la voluntad política para su previsión efectiva.