Catálogo

Esta monografía es una obra pionera, pues por primera vez se aborda de manera sistemática el tema de la responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito educativo, centrándose en el régimen de responsabilidad de los centros públicos.

Su contenido, permite comprender en qué grado, y con qué límites, participan de la responsabilidad por daños y lesiones en centros docentes las Administraciones Públicas, los profesionales de la enseñanza, los propios alumnos, sus padres, tutores o guardadores o incluso otros profesionales vinculados con este servicio como transportistas, cuidadores y monitores, empresarios colaboradores etc.

En su desarrollo se van desgranando y aclarando conceptos e ideas conectadas con esa responsabilidad como los problemas disciplinarios en los centros, los supuestos de funcionamiento normal o anormal del servicio público educativo, las actividades escolares, extraescolares y complementarias, la formación en centros de trabajo, (F.C.T.) los servicios de transporte escolar y comedor, y un largo etc., sin olvidar el tratamiento que se da a estas cuestiones en otros países de nuestro entorno.

En esta obra se pretende hacer un recuento de la situación en la que se encuentra México en el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, tanto en lo interno como hacia el exterior, por lo que se estructuró en tres partes: en la primera, se analizan los sistemas iberoamericanos de responsabilidad estatal, empezando con España, que ha sido emblemática su regulación y guía para los países latinoamericanos. La segunda parte está destinada al análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado en México, empezando por el análisis constitucional, para después efectuarlo de manera muy precisa en cuanto a la regulación federal y finalmente de todas las entidades de la federación y el Distrito Federal. El libro concluye con la tercera parte, dedicada al análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo por lo que hace a la responsabilidad por error judicial, en razón de no estar previsto en México (con la excepción de algunas entidades federativas que lo han incluido) y sí otorgarse el derecho a la indemnización en esos casos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, se hace un análisis legislativo y jurisprudencial que nos permite diagnosticar la fase en la que se encuentra el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado en México y su comparativo con sistemas afines, comprobando que nos encontramos entre aquellos más atrasados de Iberoamérica, de ahí la necesidad de seguir empujando para que los legisladores cumplan con su labor de crear las leyes necesarias para mejorar el sistema y, también, para que la sociedad en su conjunto asuma una conducta de reclamo de sus derechos y de indemnizaciones cuando éstos han sido violados por el Estado.