Asistimos desde hace algunos años, y hoy todavía, a lo que se ha denominado como la liberalización de los servicios públicos. La liberalización supone un cambio trascendental que está planteando algunos problemas importantes. Sin duda, uno de ellos es el de su incidencia sobre la situación de los operadores históricos y, en concreto, el problema de si estos operadores tienen derecho a percibir una compensación por dicho cambio de regulación. En efecto, intuitivamente parece evidente que quien tradicionalmente venía prestando sus servicios en un determinado sector algo pierde con la liberalización. Esto es así porque la liberalización supone la eliminación de la barrera de tipo jurídico que protegía a los operadores históricos de la competencia. En estas circunstancias se suscita el problema de si estos operadores tienen derecho a ser compensados por los perjuicios que la apertura a la competencia pudiera producirles. Contribuir a aclarar la cuestión es precisamente la finalidad de esta obra.