Bosch

El aumento de movilidad transfronteriza de las personas y de las empresas, en especial en ámbito intraeuropeo teniendo en cuenta las libertades de circulación de la Unión Europea, plantea a los operadores jurídicos dudas respecto la validez y eficacia de los documentos públicos emitidos por la autoridad de un Estado que deben presentarse ante las autoridades de otro Estado.
Dudas como: ¿inscribirá el registrador de la propiedad una escritura notarial extranjera? ¿qué valor probatorio tiene un certificado extranjero ante el Juez español? ¿el documento tiene que estar apostillado o está exento de cualquier forma de legalización? ¿es necesario el procedimiento de exequátur para ejecutar en otro Estado de la UE un documento público que ostenta fuerza ejecutiva en España? ¿qué validez tiene el recién introducido certificado sucesorio europeo? A menudo las respuestas no están suficientemente claras en la legislación y en la jurisprudencia españolas. Además es necesario congeniar el ordenamiento autónomo español con la normativa de fuente convencional y, especialmente, con la fuente europea incluidas las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El objetivo de esta obra colectiva es presentar las distintas situaciones jurídicas y administrativas ante las que se enfrentan los ciudadanos y las empresas, y con ellos sus abogados y notarios, así como los jueces y encargados de los registros, cuando tienen que aceptar y reconocer efectos a documentos públicos emitidos por autoridades de otros Estados. Para ello resulta necesario analizar cómo la legislación española regula la validez, la aceptación y el reconocimiento de efectos de los documentos públicos no judiciales extranjeros ante nuestras autoridades registrales, judiciales o administrativas, y comprobar cómo se aplica dicha normativa ante los órganos judiciales y autoridades españolas. Con este fin, resulta imprescindible desmenuzar analíticamente la normativa y las incesantes propuestas de Reglamentos que nos llegan de la Unión Europea que afectan, o substituyen nuestra legislación interna y que necesariamente el operador jurídico tendrá que conocer y aplicar.

El objetivo y la finalidad de este libro, es el análisis y la defensa a ultranza del deber de imparcialidad de los funcionarios públicos, como anverso de una moneda en la que el reverso está representado el derecho de los ciudadanos a una Administración neutral , en una especie de conmixtión o compenetración de ambos conceptos, de manera que no es posible su separación, en cuanto que los dos son cosas principales.
En él se examina el decurso histórico y los instrumentos jurídicos puestos a su servicio, sus derivas y su inoperancia práctica debida fundamentalmente al comportamiento desviado de los poderes públicos -políticos- que no reconocen su propio Derecho y que, ignorantes de la historia, ejercitando el poder en su propio beneficio, han regresado a la noche de los tiempos, resucitando una desaforada práctica de consolidación de una Función Pública clientelar, prebendalista y patrimonializada , absolutamente incompatible con la imparcialidad, que en definitiva, constituye un caldo de cultivo propicio para el crecimiento y desarrollo de corrupciones y corruptelas en beneficio de intereses particulares, que hoy constituye la segunda preocupación de los españoles.
Finalmente, tras unas reflexiones ciertamente críticas, se proponen algunas medidas jurídicas -que no son invenciones- para preservar más efectivamente la neutralidad y la independencia del funcionario, en aquellos aspectos o escenarios en los que a mi juicio aparece o puede aparecer más controvertida y comprometida la imparcialidad, y por consecuencia donde más riesgo corren los derechos de los ciudadanos.
Siendo como es el Derecho un fenómeno social, entiendo que puede ser de alguna utilidad ofrecer a la ciudadanía datos, comportamientos y razonamientos jurídicos sobre su aplicación, que sirvan para conocer mejor el problema; para descubrir o redescubrir sus causas, y en definitiva, brindar soluciones que contribuyan a la erradicación o cuando menos a la obstaculización mediante el control interno de las propias Administraciones a través de una Función Pública profesionalizada, imparcial e independiente.
En suma, algo tan simple y tan complejo como es la eficacia social del Derecho, más allá de su validez formal, que en éste ámbito se incumple sistemáticamente por quienes primeramente están llamados a cumplirlo -los políticos- en quienes el concepto jurídico de imparcialidad no ha calado como norma de cultura.