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Reconsiderar a Spencer. Pensarlo, en pleno siglo XXI. Al sociólogo, al psicólogo, al filósofo, al antropólogo avant la lettre, al biólogo, al teórico evolucionista. Es un ejercicio útil desde el punto de vista de la historia de las ideas. Permite evaluarlo en su justo mérito, más allá de las caricaturas de sus enemigos, aunque también lejos de la apropiación doblemente interesada de sus nuevos amigos.
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Este libro no es ni pretende ser un tratado acerca de la sentencia civil; la doctrina de la sentencia compendia en sí la doctrina de todo el procedimiento, y un tratado de tal especie sería, en último término, un tratado de derecho procesal civil.
En este estudio trataremos, por el contrario, de una parte, de la teoría de la sentencia: de la que podríamos llamar la parte general, si es que puede hablarse de una parte general en una materia que por su naturaleza es toda de índole general. Pero, aunque de esta manera limitado, el campo continúa siendo vastísimo, y la tarea del que se prepara a cultivarle es singularmente difícil. Casi no hay problema fundamental en la ciencia del derecho procesal, cuya solución no se refleje directamente en el concepto de la sentencia, en su naturaleza, en sus funciones y distinciones, objeciones que substancialmente constituyen esta parte general de la teoría.
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La verdad es que la Ciencia del Derecho en general, todavía está en la etapa rudimentaria del realismo ingenuo como una consecuencia del retraso con que ha llegado a la posesión del instrumento lógico del pensar jurídico (lógica del deber ser); y, como es natural, aquella posición filosófica se hace tanto más patente cuanto más una teoría remonta el vuelo en alas de la generalización científica. Así, una teoría jurídica, cuanto más importante hubiere de ser, tanto más tarada de realismo ingenuo resulta comúnmente en las redes de la lógica del ser que se le impone por la fuerza de la tradición.
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En 1951, Georg H. von Wright escribió el ensayo Deontic Logic, que se considera el punto de arranque de una nueva subdisciplina filosófica, la lógica deóntica o lógica de las normas, centrada en el análisis de las relaciones entre proposiciones deónticas, entre proposiciones que establecen lo que debe ser (las obligaciones), lo que debe no ser (las prohibiciones) y lo que puede ser (las permisiones).
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El derecho de sucesiones está siendo objeto de reformas que, por un lado, intentan reforzar la libertad de testar del causante, y, por otro lado, toman en consideración la realidad de una sociedad progresivamente envejecida y con una pluralidad de realidades familiares. En este libro se estudia la libertad de testar, es decir, la libertad para organizar la sucesión por causa de muerte, y la libertad para testar, la libertad para expresar y conservar la voluntad testamentaria. Así, se sistematizan los límites a la libertad de testar, se analiza cuáles son los intereses que se protegen con la legítima, se discuten las condiciones que el causante puede imponer a sus sucesores, se estudia la protección del testador vulnerable y se lanzan propuestas para incluir a las familias reconstituidas en los derechos sucesorios legales.
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La lógica deóntica, que se ocupa de las relaciones lógicas entre las normas y las proposiciones normativas, cuenta con una influencia cada vez mayor en el campo de la filosofía del derecho y de la moral.
Su autor, de origen finlandés, es sin lugar a dudas el filósofo más importante de la segunda mitad del siglo XX.
Acompaña a esta obra un estudio preliminar al respecto como apoyo fundamental para los lectores noveles, lo que la constituye, en una muy valiosa contribución a la difusión del pensamiento de Von Wright.
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El daño es todo detrimento o lesión que una persona experimenta en el alma, cuerpo o bienes, quienquiera que sea su causante y cualquiera que la causa sea, aunque se lo infiera el propio lesionado o acontezca sin intervención alguna del hombre.
El lenguaje científico arranca de esta acepción usual para fijar el concepto de «daño» (damnum), incluyendo en él todos los perjuicios que el individuo sujeto de derecho sufra en su persona y bienes jurídicos, con excepción de los que se irrogue el propio perjudicado. Al Derecho positivo solo le interesa el daño en cuanto tema jurídico como fundamento determinante de penas e indemnizaciones.
HANS A. FISCHER
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Ha pasado la época de limitar a la formación de lo que se llamaba espíritu jurídico, esto es, la penetración de los textos, la enseñanza y la preparación doctrinal. Basta una sencilla lectura de esta obra para comprender cuánto pueden y deben contribuir para contrastar los elementos de cristalización del derecho, las orientaciones científicas más diversas; sociología, economía política, derecho natural en su nuevo concepto, filosofía, la teología misma; todos los descubrimientos en materia sociológica tienen finalidad jurídica, y en el derecho encuentran fórmulas de utilización práctica.
No puedo sino recordar estas palabras, inspiradas en análogas frases de Ihering, que inspira el libro entero de Geny: «Por el Código civil, pero más allá del Código».
Acaso hubiera, como otros, invertido de buen grado los términos: Más allá del Código civil, pero por el Código civil. Reconozco que esto sería poco atrevido y demostraría al deseo de conservar una parte de la ficción. No insisto, y me dejo de buen grado convencer, si es que esto puedo hacerlo, y me atengo principalmente al «más allá».
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Savigny tal vez sea una vía adecuada para superar definitivamente las manipulaciones que la débil limitación al rigorismo formal de Kant sigue permitiendo y, en cierto sentido, también a Hegel y a su infinidad de legatarios, conscientes o inconscientes.
Así un sistema pensado en un mundo de Estados nacionales en irrupción nos daría las herramientas para pensar y para pensarnos, en un mundo de Estados nacionales que se disuelven; aspirando a la diseminación del “derecho a tener derechos” y no a su oclusión en la permanencia como privilegio.
Entonces, la persistencia en su publicación se tornaría cada vez más necesaria. Y su debate, que presupone la exigencia de una lectura crítica siempre, y de nuevo, urgente.
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A Bergbom contemporáneo de Laband se le atribuye la definición de la jurisprudencia como «saber depurado». Si se busca una fórmula que comprenda la teoría científica de Laband esta se ha de encontrar en esta definición. Una concepción y un tratamiento independiente del desarrollo y valor del derecho positivo, fundada tanto en la validez absoluta de las categorías formales como en la eficacia de la argumentación lógica: he aquí el principio científico de la doctrina «jurídica» del derecho público.
La presente investigación se limita esencialmente a la específica tradición científica de la doctrina metódica de Laband. Como especie de la llamada jurisprudencia de conceptos esta doctrina es el punto de partida, pero no el objeto verdadero y propio de esta investigación: no se pretende hacer una contribución crítica a la crítica del método «puramente jurídico» en la configuración que este asume en la doctrina de Laband; más bien se buscará seguir el desarrollo de esta doctrina metódica en la ciencia jurídica alemana del siglo XIX.
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Con motivo de la Reforma 2002 del BGB en materia de obligaciones y contratos publiqué en el Anuario de Derecho Civil (España, 2002) un estudio global de la misma analizando las principales líneas de las innovaciones que han tenido lugar en este sector tan importante del Derecho patrimonial alemán. Se me ha brindado por Ediciones Olejnik la posibilidad de publicar de nuevo este trabajo, pero, al mismo tiempo, he procurado revisar el texto para introducir las reformas legislativas habidas después, actualizando, además, la bibliografía más moderna en cada uno de los puntos capitales de la reciente modernización del BGB.
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La certeza y la seguridad aparecen como necesidades fundamentales en los ordenamientos jurídicos modernos, no solo en cuanto a la formulación de los preceptos generales y abstractos que constituyen el derecho en sentido objetivo, sino también en cuanto a las concretas relaciones y situaciones subjetivas, consideradas en su doble aspecto de hecho y de derecho. Para satisfacerlas se busca en el sistema de la legalidad un delicado y sabio equilibrio entre la actividad normativa y sancionadora del Estado en los ámbitos legislativo y jurisdiccional y la actividad de los sujetos de derecho. Este equilibrio garantiza la mejor (o la menos imperfecta) solución del problema crucial de las relaciones entre Estado e individuo, entre autoridad y libertad, y se obtiene gracias a la actuación constante del principio de la conservación del orden jurídico, incluso con el empleo de la coacción (de donde resulta la elemental distinción entre precepto jurídico y precepto o norma moral), y se apoya esencialmente sobre dos puntos: por una parte, sobre la certeza del derecho (objetivo); por otra, sobre la posibilidad de reintegrar el ordenamiento jurídico, violado en alguna de sus prescripciones, mediante la aplicación autoritaria de la sanción correspondiente al precepto desobedecido.
CARLO FURNO
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La elaboración científica del negocio indirecto es relativamente reciente y tiene su origen en la doctrina alemana.
La primera intuición de esta figura en su aspecto meramente histórico puede remontarse a Ihering, el cual explica cómo algunos negocios de los Derechos antiguos, y especialmente del Derecho romano, presentan el aspecto común de que el acto jurídico es aplicado a fines distintos de los primitivos (negocios aparentes, Scheingeschäfte).
Solo la falta de intención engañosa diferenciaría estas figuras de la simulación; solo la preeminencia de la forma haría posible su ejecución. Por eso mismo, el fenómeno quedaría limitado exclusivamente a las épocas del formalismo y destinado a caer en desuso tan pronto como sobrevinieran nuevas fases de la civilización.
Domenico Rubino
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El problema de los negocios llamados irregulares, entendiendo por tales no aquellos que no están conformes con las disposiciones legales, sino los que en alguna ocasión producen efectos disconformes con la naturaleza de los particulares tipos legales a que pertenecen fue planteado y estudiado por primera vez en la doctrina alemana y sólo más tarde por la doctrina italiana.
Ninguna de ambas doctrinas ha conseguido resultados aceptables en la definición del negocio irregular. La causa de este fracaso está en el hecho de que se estime posible que el concepto de la irregularidad negocial pueda determinarse de modo general, deduciéndolo de la única doctrina del depósito irregular, que, sin duda alguna, es la forma de negocio irregular más estudiada entre todas desde hace más de mil años.
MARIO DE SIMONE
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La ciencia jurídica es la ciencia de algún derecho positivo o también de todos los derechos positivos y su evolución. Que tal ciencia existe, no es problema. Lo único que puede ser problemático es si esa ciencia jurídica es ciencia y en qué sentido lo sea. La ciencia del Derecho se halla en estrecha relación con la ciencia jurídica; mas no coincide con ella en ningún punto. Es problemático si existe o no esa tal ciencia del Derecho junto a la ciencia de los derechos positivos. Si existiera sería, sin duda, una ciencia. Si lográsemos señalar definitivamente una esfera para dicha ciencia del Derecho, ese terreno de investigación sería un país nuevo y la ciencia de ese terreno sería la nueva ciencia del Derecho.
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El Derecho procesal constitucional es una concretización de la Ley Fundamental en dos sentidos: en que él mismo es un Derecho constitucional concretizado y en que le sirve al Tribunal Constitucional para concretizar la Ley Fundamental. La gran “capacidad de concretización” del Tribunal Constitucional, demanda ahora una fundamentación del Derecho procesal constitucional de carácter teórico-constitucional.
En la medida en que el Tribunal Constitucional continúa elaborando y ampliando su jurisprudencia con respecto al Derecho procesal constitucional, se llegará a una “interpretación de la Constitución conforme a la jurisprudencia”.
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Los actos de la Comunidad Europea (a partir del Tratado de Lisboa: Unión europea) impactan cada vez con mayor frecuencia en los ordenamientos jurídicos nacionales. Desde mediados de los años ochenta, se han ido promulgando una serie de directivas directamente relacionadas con el Derecho privado.
El Derecho de consumo ha sido y es todavía el núcleo del Derecho de Obligaciones y Contratos, motor del desarrollo de los ordenamientos jurídicos civiles en Europa. Lo que ocurre es que muchos de los conceptos acuñados y de las instituciones reguladas en el Derecho europeo de consumo no encuentran fácil acomodo en ellos.
Para un autor europeo (alemán, en este caso) es un honor poder contribuir con este libro a acercar un poco más al lector latinoamericano la discusión sobre el proceso de armonización del Derecho privado en Europa.
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En dos sentidos se usa la palabra Derecho: Derecho en sentido objetivo es una regla o un conjunto de reglas que en el seno de una colectividad humana organizada se acatan como obligatorias para la conducta de los individuos; en cambio, el derecho en sentido subjetivo significa una facultad que al individuo se le ofrece como derivación de los preceptos del Derecho objetivo.
El Derecho objetivo se presenta en dos manifestaciones: como ley y como costumbre. Por ley se entiende, en un sentido amplio, todo precepto formulado, ordinariamente por escrito, por los representantes del Estado a quienes corresponde esa función; en un sentido estricto, la ley es, según el régimen de los Estados modernos, un precepto establecido con intervención de la representación popular, «por la vía legislativa»; a diferencia de los decretos, obra de los órganos del Estado competentes a estos fines, según lo dispuesto por la Constitución, sin intervención de la representación del pueblo. Derecho consuetudinario es el precepto respetado por la parte del pueblo a que afecta y acatado como pauta de conducta, a través de una práctica constante y con la conciencia de su obligatoriedad jurídica (opinione necessitatis).
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El desarrollo de este tema es tanto como acometer la esencia del proceso penal, puesto que equivale a investigar el método mejor para llegar a la meta propuesta, que, como es sabido, es la verdad material y la individualización de la personalidad psicobiosocial del reo. La conciencia social no acepta favorablemente la sentencia del juez cuando no se funda en la adquisición real de los hechos, es decir, en la verdad entera, sin restricciones, deformaciones o manipulaciones y cuando la personalidad del imputado no se manifieste en su verdadero valor, lo que requiere, en orden a los delitos más graves, la comprobación de los detalles más sutiles de índole psicológica, fisiológica, sociológica, y, en ocasiones, hasta embriológica. Todas estas investigaciones han adquirido importancia particular desde que el magisterio punitivo ha ampliado sus fronteras, incluyendo en su territorio, al lado de los imputables, a los inimputables autores de delito.
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Al salir a la luz pública la traducción española de nuestra obra Einführung in die Rechtstheorie und Rechtsphilosophie der Gegenwart (Heidelberg, 5.a ed., 1989), producto del trabajo y la colaboración entre los miembros del Instituto de Filosofía del Derecho e Informática Jurídica de la Universidad de Múnich, tengo el honor de poder expresar, en el nombre de todos los autores y en el mío propio, nuestra más cálida acogida y nuestra alegría.
Es de esperar que la presente traducción de nuestra Einführung contribuya a la tarea de profundizar las relaciones entre la filosofía jurídica española y la alemana.
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En 1949 Hans Kelsen visitó “el país más kelseniano del mundo” al decir de Manuel Atienza: la Argentina. Permaneció 25 días, pronunció 9 conferencias y participó en al menos 3 coloquios de discusión sobre diversos aspectos de su obra. Esta “gira sudamericana”, como ha sido dada en llamar por Oscar Sarlo, que incluyó una visita fugaz a Montevideo (Uruguay) y culminó con su paso por Río de Janeiro (Brasil), fue patrocinada en Argentina por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Colegio de Abogados de Buenos Aires, la Asociación Amigos del Libro, el Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y el Insti-tuto Popular de Conferencias del Diario La Prensa.
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Este libro está destinado a personas democráticas. De hecho, todos pretendemos ser democráticos. Inclusive los comunistas profesan ahora la «democracia». ¿Pero, qué significa real-mente ser democrático? ¿Podemos tener la seguridad que la democracia realmente es una cosa tan evidente y que su evolución futura está tan claramente diseñada como muchos de nosotros quisiéramos creer?
Pienso que vale la pena detenerse en la cuestión con mucho cuidado, y eso, precisamente, es lo que intento hacer en este libro.
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El precedente, de por sí, es todo un problema. Casi diría que es el corazón del funcionamiento del common law, una venerable familia jurídica que opera admirablemente. Y tiene muchas aristas, la primera de las cuales es cuándo, cómo y en qué oportunidad se sigue y hasta donde. Y en esto hay variaciones que hay que tomar en cuenta. Y a ello va no solo el texto mismo del Prof. Robert S. Barker, sino las notas que hemos agregado los editores y que el lector podrá apreciar debidamente. Este texto no pretende reemplazar a los poquísimos que existen en español de tan buena calidad, sino solo ser un breviario de un problema muy complejo.
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La presente obra referida al despliegue y análisis de la Presunción de Inocencia y el Debido Proceso Penal, tópicos trascendentales del Derecho Procesal Penal Moderno, llena un vacío dentro del proceso penal adversarial acusatorio, toda vez que se desprende del mismo que va dirigido no sólo a los estudiantes de Derecho y otras disciplinas de las Ciencias Jurídicas de las Universidades latinoamericanas y de Europa, sino a todos los estudiosos del Derecho Procesal Penal y de las Ciencias Criminológicas.
Este libro viene a ocupar un gran espacio de discusión dentro de la investigación criminal ejercida por los funcionarios dependientes o subordinados firmemente a la vindicta pública, y en el quehacer diario de litigantes, de quienes tienen el sagrado deber de administrar justicia, apegado a las instituciones sin menoscabar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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No creemos que la ciencia pueda considerar definitivos los resultados a que hemos llegado. Estos podrían servir, más bien, de base para el desarrollo de una ciencia psicológica de todo el procedimiento penal. Es indispensable mantener la fuerza del Derecho, que es siempre el límite formal necesario; pero debe permitirse el análisis científico de la sentencia a posteriori, para que tanto la condena, como la absolución, en cuanto sea humanamente posible, otorguen a la rigidez de la forma un contenido con real permanencia.
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El peligro que la libertad corre a manos del Poder legislativo en los regímenes de democracia a base de partidos políticos, es un peligro especial; un peligro que supera, con mucho, al que en las comunidades políticas le puede venir a la libertad de otros órganos rectores. Esta enorme sensibilidad de la libertad respecto de las intervenciones del legislador responde a causas peculiares, las cuales —por más que entre sí puedan diferir— dan lugar, al concurrir en la situación actual, a que la libertad parezca en trance de singular peligro.
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De las monografías breves, de los trabajos de revistas, en ninguno encontré tan acentuada la síntesis como en este que ofrezco hoy a los estudiosos. Si la comparación es obra de síntesis, su estudio tiene que ser forzosamente sintético.
La síntesis se ha producido al máximo. Tres familias jurídicas, pero no antagónicas sino integrando una comunidad humana, un mismo nivel y un mismo plano de civilización. Por eso, las interferencias son marcadas. Vamos a tratar de señalarlas.
Hoy no se puede estudiar Derecho Procesal ni otra alguna disciplina jurídica más que en forma comparada o comparatista. No se puede dejar de comparar; y la comparación como nos dice CAPPELLETTI y como acabo de señalar es obra de síntesis. Pero se compara y se sintetiza con mayor facilidad que en tiempos pasados porque el mundo se ha hecho cada vez más pequeño o más manejable. La comparación ya no es entre países o entre Códigos, sino entre familias; y éstas, a los efectos de nuestro estudio, sólo son tres.
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La protección jurídica del concebido no nacido (también identificado por el término latino nasciturus) está marcada por problemas de signo diverso que complejizan notablemente el discurso, así como su abordaje teórico y normativo. Algunos de estos problemas —enunciados sin intenciones de completa exhaustividad— son: las dispares interpretaciones sobre las teorías que explican su status jurídico (sobre la base de las disímiles exégesis de las fuentes históricas, las divergencias conceptuales de las categorías abstractas utilizadas y la inercia e insuficiencias teóricas en el análisis de ciertos aspectos), la extrema parquedad de la regulación normativa sobre el concebido presente en numerosas legislaciones, las vacilaciones terminológicas, así como la alusión a figuras que guardan cierta similitud con la necesaria tutela legal del concebido pero que no se avienen de manera congruente a la misma, las visiones dispares sobre aristas éticas (el aborto, el impacto de las nuevas tecnologías biomédicas) o jurídicas (interpretación patrimonialista de su ámbito de aplicación), por solo citar los ejemplos más significativos. El tópico relativo al contenido de la protección del concebido debe sortear muchas de las dificultades señaladas en el camino hacia un planteamiento coherente de sus objetivos.
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Estos estudios tienen por objeto suministrar materiales para la construcción de un sistema de la prueba en el proceso civil.
Acaso no existan otras zonas del Derecho que, como ésta, aguarden de la obra sistemática el estímulo para lograr la plena fecundidad. En nuestro ordenamiento positivo, la institución de la prueba se encuentra todavía a horcajadas sobre dos códigos, o mejor dicho, sobre tres; peor aún, se halla difusa y dispersa por todas las vías del Derecho privado. Pudiera ser éste un defecto en la elaboración de nuestras leyes; pero es preciso reconocer la causa del mismo en la profunda ambigüedad de la materia, que mantiene, incluso en las más meditadas y recientes indagaciones, persistentes incertidumbres de su definición.
El Derecho procesal está fuertemente arraigado en el terreno del Derecho material, y la mayoría de las raíces que difunde en este campo y por las cuales la savia del Derecho privado sube a vivificar el organismo del proceso, está constituida precisamente por las normas sobre la prueba.
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Del ilustre autor de La crítica del testimonio y De la apreciación de las pruebas, publicamos ahora, en lengua castellana, su última producción: Las resoluciones judiciales, en la que el magistrado francés realiza un estudio, con la profundidad y el método que en él son habituales, acerca de la manera como se llega a la formación de las resoluciones judiciales.
Todos los factores que intervienen en esa formación, tanto subjetivos como objetivos, están analizados por el autor que contempla la complejidad de la obra judicial en toda su profundidad. Lo mismo que en su obra anterior, De la apreciación de las pruebas, el estudio se refiere de una manera especial a la justicia penal; pero, como las reglas de la técnica son comunes, esas apreciaciones resultan perfectamente aplicables al método de formación de las resoluciones judiciales en el campo civil.
