Marcial Pons

El núcleo del Derecho público interno está compuesto por el Derecho constitucional y el Derecho administrativo; sus principios y normas han permitido construir una teoría jurídica del Estado cuya base es el concepto jurídico del Estado como persona jurídica o centro final de imputación de derechos y deberes constituido por órganos que ejercen funciones y competencias de las que no son titulares, correspondiendo la titularidad al Estado como organización personificada. El permanente diálogo entre Derecho constitucional y Derecho público es lo que permite construir un saber unitario del Derecho público. En España a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, no se ha cultivado la teoría del Derecho público con disciplinas separadas, sin diálogo entre ellas: Derecho constitucional -que se ha llamado durante casi dos siglos Derecho público, expresión que dificulta el análisis estrictamente jurídico- y Derecho administrativo.

Este libro, partiendo de un análisis de la evolución histórica de la normativa sobre la ejecución y de su aplicación práctica, pretende explorar una vía distinta de las utilizadas tradicionalmente para corregir el déficit ejecutivo existente. Deja de lado las patologías del sistema para intentar construir una pedagogía de la ejeución, poniendo de manifiesto que el ámbito en que debe moverse el uso de los poderes para forzar el cumplimiento de las sentencias contencioso-administrativas debe ubicarse no tanto en el derecho del ejecutante a la ejecución, cuanto en las potestades que tiene atribuidas el Juez de la ejecución y en el sometimiento de la Administración a la legalidad. Finalmente, desde ese marco, realiza un estudio de los distintos medios de ejecución, planteando problemas y ofreciendo soluciones.

Siempre ha existido una intensa relación #no exenta de cierta tensión#- entre el Derecho administrativo y las fundaciones. Dado que durante el siglo XIX se construyeron conceptual y jurídicamente ambos sistemas: las fundaciones como participación privada en tal consecución, y la Administración pública #y el Derecho administrativo# como una cierta monopolización de tal fin (el «servicio público»), así como con un papel de supervisor de la vida institucional y jurídica. Por tal razón, la fundación, institución peculiar dentro de Derecho civil, es únicamente autorizada por el poder público en cuanto cumple tal fin «de interés general». En este libro se examina cómo la vinculación entre público y privado no es algo extrínseco o añadido, debido al fin que cumple la fundación o, menos aún, en una necesidad de fiscalización institucional, sino que es consustancial a la esencia propia de la fundación. Y, así, su ser ha de entenderse no tanto bajo el prisma de la concurrencia colaborativa en el logro del «interés general», cuanto en que tal iniciativa privada con aceptación pública, se inserta en toda la estructura estática y dinámica de la fundación: fin, patrimonio, y sujetos; nacimiento-negocio fundacional, vida y extinción-liquidación, respectivamente. Esto no quiere decir que las fundaciones sean entes administrativos, pero sí obliga a una profunda revisión de su identidad y, con ella, de la protección jurídica del patrimonio y la responsabilidad de sus órganos directivos, verdaderos valedores privados de interés general; situación que exige re-visitar su negocio, operaciones y extinción. Por todo lo cual, tampoco es fácil admitir, jurídicamente, su utilización por parte de los poderes públicos, dado que, conceptualmente, desnaturaliza la esencia de ambos conjuntos jurídicos. Y es que la fundación es, a decir de Garrido Falla, una institución que «seguramente autoriza a una revisión de las categorías jurídicas generales».