Porrúa

En México la propuesta de reestructurar al sector eléctrico ha sido capaz de revelar profundos y añejos desencuentros políticos. Si bien hace más de una década se reformó la legislación para incorporar al sector privado en diversas actividades productivas de electricidad, al día de hoy el debate continúa. La presencia en el Congreso de más de treinta proyectos legislativos de reestructuración del sector eléctrico refleja no sólo la complejidad de lograr un acuerdo político, sino además la carencia de una visión unitaria y de conjunto respecto de este sector. De acuerdo con el estudio que aquí se presenta, el debate planteado puede entenderse a la luz de dos condicionantes. En primer lugar, y a pesar de que el modelo económico de la Constitución mexicana suele caracterizarse como un sistema de corte social, al que le es inherente la prestación de servicios públicos en régimen de monopolio, lo cierto es que con las reformas constitucionales de los años 80s se determinó la corresponsabilidad del sector privado y social en el desarrollo económico nacional.

Esta obra es producto de la investigación realizada por el autor durante varios años con la pretensión de contribuir al estudio y perfeccionamiento del derecho administrativo. La obra se agrega a la que él mismo publicó en 1995, con el mancomunado sello editorial Porrúa ? UNAM, bajo el rótulo Derecho administrativo .Para el logro de sus fines y la satisfacción de sus necesidades, el Estado requiere con frecuencia de la activa participación de los particulares, ya para la realización de obras públicas, bien para proveerse de bienes y de servicios, mediante la celebración de negocios contractuales, a menudo de carácter administrativo, cuya adjudicación como sus cláusulas y condiciones, suelen verse trastocadas por el cáncer de la corrupción, expresada bajo las más diversas formas y modalidades. Sin duda, entre las áreas más proclives a la corrupción administrativa figuran las que tienen a su cargo la concesión de servicios públicos o la de explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio del Estado, y la adjudicación y control de ciertos contratos administrativos, cuales son los de obra pública, los de empréstitos.