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La justicia, el proceso y sus garantías ocupan un lugar central en el Estado y en el sistema jurídico, el propio del Estado de Derecho, en el que todavía seguimos instalados. Pero en las últimas décadas se expande difusamente una crítica larvada, nunca frontal, que no cuestiona abiertamente el proceso judicial, pero que, utilizando otro léxico, lo transmuta en un servicio público que se evalúa gravoso, caro e ineficiente por diversos motivos. Para la solución de conflictos se proponen fórmulas alternativas, invariablemente de corte convencional, que de alguna forma conllevan la deconstrucción de unas instituciones procesales dominadas por la ley que establece garantías procesales por igual y que ahora se descomponen en un cúmulo de relaciones contractuales, acuerdos, premios y convenciones, abiertas a la capacidad y posición negociadora, singular y desigual en cada caso, de quienes en ellas intervienen. Son fórmulas que pretenden una solución eficiente y de consenso, que en modo alguno aspiran al esclarecimiento de la verdad, sintonizando así con las influyentes corrientes filosóficas que niegan las verdades halladas porque solo existen las que convencionalmente construimos.