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Prácticamente la totalidad de las televisiones públicas se encuentran sometidas en la actualidad a un periodo de redefinición en el que el control de la doble financiación de los entes públicos, la revisión delas obligaciones que afectan a los operadores privados o la flexibilización de las retricciones en la propiedad y gestión de las televisiones constituyen las reclamaciones esenciales de un sector privado en crecimiento y de un mercado en proceso de digitalización. Aeste problema, el Derecho Comunitario responde con una interesante perspectiva que se construye sobre la calificación de los servicios televisivos como servicios de interés económico general.