Administrativo

El núcleo del Derecho público interno está compuesto por el Derecho constitucional y el Derecho administrativo; sus principios y normas han permitido construir una teoría jurídica del Estado cuya base es el concepto jurídico del Estado como persona jurídica o centro final de imputación de derechos y deberes constituido por órganos que ejercen funciones y competencias de las que no son titulares, correspondiendo la titularidad al Estado como organización personificada. El permanente diálogo entre Derecho constitucional y Derecho público es lo que permite construir un saber unitario del Derecho público. En España a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, no se ha cultivado la teoría del Derecho público con disciplinas separadas, sin diálogo entre ellas: Derecho constitucional -que se ha llamado durante casi dos siglos Derecho público, expresión que dificulta el análisis estrictamente jurídico- y Derecho administrativo.

Este libro, partiendo de un análisis de la evolución histórica de la normativa sobre la ejecución y de su aplicación práctica, pretende explorar una vía distinta de las utilizadas tradicionalmente para corregir el déficit ejecutivo existente. Deja de lado las patologías del sistema para intentar construir una pedagogía de la ejeución, poniendo de manifiesto que el ámbito en que debe moverse el uso de los poderes para forzar el cumplimiento de las sentencias contencioso-administrativas debe ubicarse no tanto en el derecho del ejecutante a la ejecución, cuanto en las potestades que tiene atribuidas el Juez de la ejecución y en el sometimiento de la Administración a la legalidad. Finalmente, desde ese marco, realiza un estudio de los distintos medios de ejecución, planteando problemas y ofreciendo soluciones.

Derecho europeo está transformando de forma inesperado algunos elementos básicos de la Función Pública española. Además de la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad a efectos de requisito de acceso y de hacer valer títulos y méritos obtenidos en otros sistemas europeos, la influencia más decisiva la está provocando la Política social europea que prohíbe discriminaciones de los trabajadores-empleados públicos por razón de sexo, edad o temporalidad de la relación. En este último caso, la Directiva 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada prohíbe, por un lado, discriminaciones de los «funcionarios temporales» respecto a los funcionarios de carrera (lo que está equiparando su régimen jurídico) y, por otro, abusos en la temporalidad de las relaciones interinas de los empleados públicos, obligando a sancionar dichos abusos, debatiéndose judicialmente si se deben transformar las relaciones en indefinidas (lo que podría cuestionar los principios constitucionales de acceso al empleo público) y negociándose política y socialmente consolidaciones de empleados y de provisiones de puestos mediante Ofertas de Empleo Público en magnitudes de decenas de miles de plazas para los próximos años.

En las cerca de doscientas páginas del presente ejemplar se describen y analizan las características fundamentales de las fundaciones del sector público y en especial de las fundaciones sanitarias, tanto las de naturaleza privada como las de naturaleza pública. Para ello, se abordan varios aspectos importantes del Derecho Administrativo y de la Administración Pública, como son las cuestiones relativas a las funciones o actividades que tiene encomendadas la Administración, la posición que ocupa dicho sujeto en el ordenamiento jurídico, las circunstancias que han permitido la libertad de elección de formas de organización de las actividades públicas, así como las características de la potestad organizativa que tiene atribuida. En definitiva, en el libro se analiza la concreta ubicación de las fundaciones del sector público en el sistema general de organización administrativa y el régimen jurídico aplicable a tales fundaciones, con referencia particular a las fundaciones sanitarias.

Siempre ha existido una intensa relación #no exenta de cierta tensión#- entre el Derecho administrativo y las fundaciones. Dado que durante el siglo XIX se construyeron conceptual y jurídicamente ambos sistemas: las fundaciones como participación privada en tal consecución, y la Administración pública #y el Derecho administrativo# como una cierta monopolización de tal fin (el «servicio público»), así como con un papel de supervisor de la vida institucional y jurídica. Por tal razón, la fundación, institución peculiar dentro de Derecho civil, es únicamente autorizada por el poder público en cuanto cumple tal fin «de interés general». En este libro se examina cómo la vinculación entre público y privado no es algo extrínseco o añadido, debido al fin que cumple la fundación o, menos aún, en una necesidad de fiscalización institucional, sino que es consustancial a la esencia propia de la fundación. Y, así, su ser ha de entenderse no tanto bajo el prisma de la concurrencia colaborativa en el logro del «interés general», cuanto en que tal iniciativa privada con aceptación pública, se inserta en toda la estructura estática y dinámica de la fundación: fin, patrimonio, y sujetos; nacimiento-negocio fundacional, vida y extinción-liquidación, respectivamente. Esto no quiere decir que las fundaciones sean entes administrativos, pero sí obliga a una profunda revisión de su identidad y, con ella, de la protección jurídica del patrimonio y la responsabilidad de sus órganos directivos, verdaderos valedores privados de interés general; situación que exige re-visitar su negocio, operaciones y extinción. Por todo lo cual, tampoco es fácil admitir, jurídicamente, su utilización por parte de los poderes públicos, dado que, conceptualmente, desnaturaliza la esencia de ambos conjuntos jurídicos. Y es que la fundación es, a decir de Garrido Falla, una institución que «seguramente autoriza a una revisión de las categorías jurídicas generales».

Se describe el funcionamiento general de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, su status jurídico, el sistema político-institucional vigente, la distribución de competencias entre el nivel nacional y local, la reasignación de recursos y las modalidades de participación existentes. Presentauna propuesta de reforma otorgando autonomía a la Ciudad deBuenos Aires, elección directa del Intendente, reemplazo del Concejo Deliberante por una Cámara de Representantes.

a profundización de la democracia está directamente relacionada con las capacidades de los gobiernos, de todos los niveles, para dar respuestas a las necesidades y requerimientos de sus ciudadanos. La asignación de responsabilidad a los poderes públicos es otra cara de la misma moneda. Dentro de las múltiples aristas de una agenda para el desarrollo integral, la consolidación de una administración pública que garantice imparcialidad es elemento básico para la existencia del Estado de derecho. Asimismo, una administración pública eficiente y efectiva en la acción gubernamental solo se logra cuando se somete a criterios de capacidad profesional y mérito en su conformación.

¿Quién no ha dirigido alguna vez, críticas a nuestra gestión pública? ¿Quién no se ha preguntado qué eficaces servicios recibe de lo que paga, o ha decidido acudir a un sector privado, aparentemente, más preocupado por el ciudadano a la hora de satisfacer pagadas expectativas?. Cuestiones que pueden surgir con motivo de la lectura de este trabajo, que encontrará así su ubicación en la raya límite entre un sector público que, hasta el momento, atendió nuestras necesidades más perentorias y un sector privado, cuya eficacia, nos deslumbra ahora presentándose como alternativo. De esta forma, bajo el pretexto de analizar la estructura presupuestaria de la Administración local, se aprovecha para ventilar las deficiencias de una gestión pública que sólo sometiéndola a principios, directrices e instrumentos públicos puede ofrecer garantías al colectivo que las financia y con independencia entonces, de que los actuales servicios exigidos por la sociedad, obliguen a nuestra Administración a asumir ciertos cambios que le permitan ganar en autonomía pero no degenerar en corrupción. Conclusiones, que resultarán de un minucioso análisis de las distintas fases de elaboración del presupuesto local hasta su liquidación definitiva, aunque sin perder como referencia la estructura presupuestaria estatal, máxime a raíz de la reciente promulgación de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.