Administrativo

Since the very earliest years of aviation, it was clear that human factors were critical to the success and safety of the system. As aviation has matured, the system has become extremely complex. Bringing together the most recent human factors work in the aviation domain, Advances in Human Aspects of Aviation covers the design of aircrafts for the comfort and well being of the passenger.

The book discusses strategies and guidelines for maximizing comfort, the design of aircrafts including cockpit design, and the training and work schedules for flight attendants and pilots. It is becoming increasingly important to view problems not as isolated issues that can be extracted from the system environment, but as embedded issues that can only be understood as a part of an overall system.

El núcleo del Derecho público interno está compuesto por el Derecho constitucional y el Derecho administrativo; sus principios y normas han permitido construir una teoría jurídica del Estado cuya base es el concepto jurídico del Estado como persona jurídica o centro final de imputación de derechos y deberes constituido por órganos que ejercen funciones y competencias de las que no son titulares, correspondiendo la titularidad al Estado como organización personificada. El permanente diálogo entre Derecho constitucional y Derecho público es lo que permite construir un saber unitario del Derecho público. En España a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, no se ha cultivado la teoría del Derecho público con disciplinas separadas, sin diálogo entre ellas: Derecho constitucional -que se ha llamado durante casi dos siglos Derecho público, expresión que dificulta el análisis estrictamente jurídico- y Derecho administrativo.

Dir. Manuela Mora Ruiz ; Eds. Rosa Mª Giles Carnero, Mª Nieves Saldaña Díaz. Esta obra es una monografía colectiva que,desde la óptica del Derecho público,pretende dar cuenta de la situación actualde la igualdad de género en el Derecho. Los impulsos del Consejo de Europa y del Derecho comunitario, además del análisis de la jurisprudencia generada en este nivel, constituyen la primera de las partes en las que se estructura esta obra, a fin de identificar el marco de referencia del tratamiento de la igualdad de género en el ámbito constitucional y estatutario, aspecto al que se dedica la segunda parte de este trabajo. Finalmente, la monografía culmina con el estudio de las aportaciones del Derecho administrativo a la consecución de la efectiva igualdad de mujeres y hombres, al amparo de la actividad legislativa más reciente en materia de igualdad de género. Este trabajo, auspiciado por el Instituto Andaluz de la Mujer, tiene, así, el valor añadido de aunar los esfuerzos y contribuciones de profesores y profesoras de diversas disciplinas jurídicas ligadas al Derecho público, como evidencia de la transversalidad de los estudios de género y de la relevancia de la actuación de los poderes públicos en el logro de una efectiva igualdad de mujeres y hombres.

Derecho europeo está transformando de forma inesperado algunos elementos básicos de la Función Pública española. Además de la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad a efectos de requisito de acceso y de hacer valer títulos y méritos obtenidos en otros sistemas europeos, la influencia más decisiva la está provocando la Política social europea que prohíbe discriminaciones de los trabajadores-empleados públicos por razón de sexo, edad o temporalidad de la relación. En este último caso, la Directiva 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada prohíbe, por un lado, discriminaciones de los «funcionarios temporales» respecto a los funcionarios de carrera (lo que está equiparando su régimen jurídico) y, por otro, abusos en la temporalidad de las relaciones interinas de los empleados públicos, obligando a sancionar dichos abusos, debatiéndose judicialmente si se deben transformar las relaciones en indefinidas (lo que podría cuestionar los principios constitucionales de acceso al empleo público) y negociándose política y socialmente consolidaciones de empleados y de provisiones de puestos mediante Ofertas de Empleo Público en magnitudes de decenas de miles de plazas para los próximos años.

Siempre ha existido una intensa relación #no exenta de cierta tensión#- entre el Derecho administrativo y las fundaciones. Dado que durante el siglo XIX se construyeron conceptual y jurídicamente ambos sistemas: las fundaciones como participación privada en tal consecución, y la Administración pública #y el Derecho administrativo# como una cierta monopolización de tal fin (el «servicio público»), así como con un papel de supervisor de la vida institucional y jurídica. Por tal razón, la fundación, institución peculiar dentro de Derecho civil, es únicamente autorizada por el poder público en cuanto cumple tal fin «de interés general». En este libro se examina cómo la vinculación entre público y privado no es algo extrínseco o añadido, debido al fin que cumple la fundación o, menos aún, en una necesidad de fiscalización institucional, sino que es consustancial a la esencia propia de la fundación. Y, así, su ser ha de entenderse no tanto bajo el prisma de la concurrencia colaborativa en el logro del «interés general», cuanto en que tal iniciativa privada con aceptación pública, se inserta en toda la estructura estática y dinámica de la fundación: fin, patrimonio, y sujetos; nacimiento-negocio fundacional, vida y extinción-liquidación, respectivamente. Esto no quiere decir que las fundaciones sean entes administrativos, pero sí obliga a una profunda revisión de su identidad y, con ella, de la protección jurídica del patrimonio y la responsabilidad de sus órganos directivos, verdaderos valedores privados de interés general; situación que exige re-visitar su negocio, operaciones y extinción. Por todo lo cual, tampoco es fácil admitir, jurídicamente, su utilización por parte de los poderes públicos, dado que, conceptualmente, desnaturaliza la esencia de ambos conjuntos jurídicos. Y es que la fundación es, a decir de Garrido Falla, una institución que «seguramente autoriza a una revisión de las categorías jurídicas generales».

a profundización de la democracia está directamente relacionada con las capacidades de los gobiernos, de todos los niveles, para dar respuestas a las necesidades y requerimientos de sus ciudadanos. La asignación de responsabilidad a los poderes públicos es otra cara de la misma moneda. Dentro de las múltiples aristas de una agenda para el desarrollo integral, la consolidación de una administración pública que garantice imparcialidad es elemento básico para la existencia del Estado de derecho. Asimismo, una administración pública eficiente y efectiva en la acción gubernamental solo se logra cuando se somete a criterios de capacidad profesional y mérito en su conformación.