Administrativo

El presente manual es una obra eminentemente práctica. Es un tratado que pretende servir de ayuda en la aplicación de una ley que, contando con tan sólo 78 artículos, plantea no pocas dificultades en su interpretación e integración con el resto del complejo normativo que regula a la Guardia Civil
El valor de esta obra gira en torno a los siguientes parámetros:
– Los trascendentales cambios operados por la LO 12/2007 en relación con la LO de 11/1991 (infracciones, procedimientos, etc)
– La complejidad de algunos preceptos novedosos: mobbing (art. 7. 8), prevaricación como infracción (art. 7.25), etc.
– La introducción de procedimientos nuevos y desconocidos hasta el momento (expediente por falta leve)
Por último, el valor añadido de la obra reside en sus autores. Se trata de un elenco de profesionales que, además de ponentes de la Ley, son los llamados a aplicarla en su quehacer diario, los encargados de resolver las dudas que, día a día desde su publicación, se han venido produciendo.
Así, junto a responsables de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos, los autores están destinados en las Asesorías Jurídicas Central y de Zonas de la Guardia Civil, lo que ha hecho que estas páginas sean, además de un valioso tratado doctrinal sobre la Ley, una recopilación de prácticas, de experiencias vividas en su tarea diaria, y que no es otra que la resolución de los problemas que ha planteado y plantea la Ley Disciplinaria del Instituto Armado.

En el presente estudio se aborda la conexión existente entre las modalidades de organización portuaria y los sistemas de financiación de los puertos. En efecto, el sistema portuario español ha sufrido, desde la revolución del transporte y de la navegación marítima del siglo pasado y el problema derivado de la financiación.

Constituye este libro un estudio de la captación de imágenes y sonidosen lugares públicos y privados que no se encuentran protegidos por elderecho fundamental a la intimidad domiciliaria. La realización de grabaciones en la vía pública para reprimir infracciones administrativas y penales se ha convertido en un proceso en expansión en el que incluso se plantea tomar imágenes en contenedores de basura al objeto de sancionar a los ciudadanos que no extremen las precauciones higiénico-sanitarias en su manipulación. El difícil equilibrio entre los medios y prerrogativas de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones y las garantías que asisten a los ciudadanos en sus relaciones con las mismas se analiza en esta monografía en sus distintos ámbitos (control del tráfico, acceso y protección de inmuebles, circuitos cerrados en espectáculos deportivos, alcance a la vía pública de cámaras en espacios privados…).

ay una historia escrita de las funciones públicas: los expedientes, como reflejo documental de los procedimientos a través de los que los entes públicos desarrollan su acción, dejan constancia de las maneras y formas a través de los que la Administración actúa. Hay un mundo tras el papel y ahora del soporte electrónico. Puede haber de todo; puede latir el pesimismo del «vuelva usted mañana» o el «hoy puede ser un gran día», dependiendo del funcionario que en suerte te caiga. Tenemos derecho y necesidad de acceder a ellos pues se convierten no sólo en un elemento clave para el control judicial de la Administración, para el cumplimiento del principio de legalidad y también para la participación ciudadana, esencial en cualquier país que se precie de ser democrático. Al tiempo de encargar esta obra, se daba por sentado que son muchos y muy meritorios los estudios que analizan cada uno de estos aspectos parciales del documento. Que no es lo mismo para la normativa procesal reguladora de la prueba documental, que para las normas penales que sancionan las falsedades documentales, o para las normas administrativas que regulan el derecho de acceso a archivos o registros. Sin embargo, resulta difícil encontrar obras de conjunto, que asuman llevar a cabo un análisis global del Derecho documental. Así la excesiva departamentalización de la universidad ha sido un factor decisivo, en nuestra opinión, a tales efectos. Ninguna disciplina acoge el estudio de la totalidad del régimen documental, en parte circunscrito al Derecho civil, al Derecho procesal, al penal, al administrativo. Nadie se preocupó de enseñarnos algunos aspectos claves del régimen de los documentos, como por ejemplo la esencia: su vida que es casi eterna. Aspectos que han sido objeto de tratamiento casi en exclusiva por parte de los documen-talistas, con notable olvido por parte del heterogéneo mundo jurídico. Tampoco ha ayudado ciertamente la pobreza y descoor

Hace algunas semanas leí en la prensa que los tribunales habían dado la razón a un demandante que alegaba perjuicios significativos que le habían sido irrogados como consecuencia de la respiración de unos perros de grandes dimensiones a los que sus dueños sacaban durante la noche a una terraza común, que daba a los dormitorios de los vecinos. Por mi parte, aunque no he presentado lógicamente acción alguna, constato la incomodidad que me produce en mi diario paseo lúdico- sanitario, al anochecer, el transitar por la acera que bordea una villa urbana y en la que un estruendoso animal de guarda, sobresalta sistemáticamente mis pasos con agudos ladridos. La peor noche de mí vida fue probablemente la que tuve que soportar hace años hasta el alba y no precisamente con impávido talante, como consecuencia de un horrible «horizonte de perros», no de impronta «lorquiana», que transmitían en cadena sus agudos ladridos. En otro contexto recordemos en la historia de las religiones los episodios de traumática confrontación, de base ideológica, que se produjeron en Francia, entre católicos y libre pensadores sobre el toque de campanas de las iglesias. Recientemente se ha planteado entre nosotros la necesidad de erradicar las molestias inducidas al vecindario urbano como consecuencia de las concentraciones festivas de jóvenes, que en los fines de semana sobre todo, participan en encuentros bulliciosos cuyo impacto auditivo-festivo hacía imposible el sueño de los ordenados burgueses, que pretendían mediante el descanso nocturno, estar en buena forma para acudir al trabajo el lunes. Esta pugna de intereses: trabajo-diversión, se ha saldado al final sorprenden¬temente, a favor de los laboriosos, pero solamente en lo que respecta a circunstancias que pudiéramos calificar de ordinarias, si lo que está en juego es el jolgorio por todo lo alto en singulares periodos festivos la victoria cambia de bando. La llamada «Ley del Botellón» no vale para el caso de las hogueras alicantinas por eje.

La intensidad de la regulación ha aumentado notablemente en España y el proceso de privatización y desregulación en los monopolios naturales ha sido tan intenso que ha cambiado incluso el lenguaje y hoy ya no se habla de monopolios naturales sino de sectores o industrias de red. En este libro, el lector encontrará casos de desregulación en sectores de red muy competitivos, en otros que lo son menos o que no son de red, y también capítulos dedicados a la regulación, que crece, ya sea en forma de normativa sobre el funcionamiento de las empresas, o de la competencia, no siempre leal, del sector público. Encontrará también un análisis desde esta óptica de uno de los sectores que cuenta con una regulación más intensa y hostil a la competencia: el sector educativo.

El objetivo de este trabajo es el análisis de la responsabilidad concursal, es decir, el alcance y significación de losarts. 173 a 176 de la ley 24.522, pero a partir de la teoría general de la responsabilidad civil, de manera tal de poder realizar la integración normativa del ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto.

Los servidores públicos, por definición, son personas que prestan servicios al Estado como miembros de las corporaciones públicas, como empleados o trabajadores del mismo y de sus entidades descentralizadas. Cabe destacar que estas entidades pueden ser -territoriales o especializadas (por servicios)-, como miembros de la fuerza pública, o en cualquier otra condición que ante la ley les dé tal carácter. Así por ejemplo, para efectos penales y disciplinarios son servidores públicos los particulares que ejercen funciones públicas en forma permanente o transitoria, o administran recursos provenientes de contribuciones