Administrativo

“Seguridad pública y Estado en México” analiza algunas de las razones estructurales del fracaso en el combate a la inseguridad y la violencia en el país. Desde una perspectiva de la economía política y de análisis institucional, esta obra propone algunas hipótesis acerca del mal funcionamiento de los organismos encargados de proveer seguridad a la ciudadanía. Se revisan algunas de las cifras que explican el dramático incremento de la criminalidad en México en los últimos dos sexenios, y se analizan cinco distintas iniciativas para revertir la inseguridad. El libro concluye que México gasta mucho y mal en la materia, y que más que un problema de presupuestos estamos frente a una estructura de Estado ineficiente y «capturada» por intereses públicos y privados.

La regulación es tan importante como problemática. Su incidencia sobre los derechos y las libertades de los ciudadanos la convierte en un elemento clave de la acción del Estado que precisa de control para evitar un sacrificio innecesario de aquéllos. El control se puede articular de varias formas. En este libro se afronta el análisis de una de ellas: el de su mejora, para reducirla a la estrictamente necesaria, de acuerdo con principios como la proporcionalidad, la subsidiariedad y la claridad. Este objetivo es, a su vez, el de una política, la aquí denominada como Política de Calidad de la Regulación, o PQR, según el acrónimo propuesto. Se exponen las instituciones y las técnicas, además de las razones, que le dan sostén, tanto en Estados Unidos como en los países de la Unión Europea. Éste es un libro comprometido con el objetivo expuesto, que facilita los elementos básicos para que la mejora de la regulación se pueda hacer realidad, incluso en las presentes circunstancias. No se pueden dilapidar recursos escasos con la imposición de cargas injustificadas. La mejor receta frente a la crisis no es más regulación, sino mejorarla para economizar unos recursos que, una vez liberados de cargas administrativas innecesarias, puedan ser destinados a otros cometidos más relevantes para la sociedad.

La autora parte de la espectacular evolución que el sistema de justicia administrativa española ha experimentado desde la época preconstitucional del general Franco a la actualidad, evolución impuesta por la entrada en vigor de la Constitución de 1978, atendiendo a dos aspectos concretos: el acceso a la justicia de los ciudadanos y los actos de los poderes públicos sujetos a control constitucional. A continuación, traslada el análisis al marco del Derecho comunitario, señalando las insuficiencias del sistema jurisdiccional europeo cuando del control de los poderes públicos se trata.

La presente monografía tiene por objeto acercar a abogados, asesores fiscales, jueces o funcionarios a la «fiscalidad del urbanismo», parcela ésta del Derecho tributario de la que, en ocasiones, huyen los profesionales en esta materia, debido, quizá, a la dificultad que entrañan las instituciones urbanísticas y a la gran dispersión normativa que padece este sector del ordenamiento jurídico. La obra penetra en las fases de los procedimientos urbanísticos (planeamiento, ejecución del planeamiento y edificación) con el fin de clarificar cuáles son los tributos que se pueden generar en unas y otras, como consecuencia del cumplimiento, por parte de los propietarios de suelo urbano y urbanizable de los correspondientes deberes urbanísticos -cesión gratuita de terrenos, equidistribución, urbanización y edificación-. Algunos de los tributos que recaen sobre la actividad promotora privada se exigen desde la fase de planeamiento urbanístico. Es el caso de las tasas por examen y, en su caso, aprobación de avances y anteproyectos parciales de iniciativa privada; tasas por tramitación y/o aprobación de planes urbanísticos de iniciativa privada; tasas por inserción de anuncios, propios de procedimientos de tramitación y aprobación de planes urbanísticos de iniciativa privada, en boletines oficiales. Se manejan varios cientos de sentencias, amén de los posicionamientos doctrinales correspondientes, para analizar los problemas que plantea la aplicación de cada uno de estos tributos -sujeción, sujetos pasivos, cuantificación- desde la doble perspectiva teórica y práctica.

Una introducción al Tercer Sector y una visión crítica del mundo de la participación social desde las organizaciones no lucrativas.
El Tercer Sector también ha sido denominado sector voluntario, sociedad civil, sector no lucrativo, sector independiente, etc. Seguramente el nombre de Tercer Sector se ha ido imponiendo porque es el más aséptico y neutral. “Entidad del Tercer Sector” es lo mismo que decir “Organización No Lucrativa” (ONL), ya que el carecer de ánimo lucrativo es la característica definitoria de las entidades del Tercer Sector, hablando siempre de entidades privadas.
Entidad del Tercer Sector = Organización No Lucrativa (ONL)
El TS incluye a todas las organizaciones que no son públicas (administraciones o servicios del Estado), ni privadas con ánimo de lucro (empresas, sociedades mercantiles), por lo que son numerosas y diversas. Las más conocidas son las asociaciones y las fundaciones, pero también incluye entidades tan dispares como las organizaciones religiosas, colegios profesionales, asociaciones políticas, sindicatos, etc.
A su explicación, origen y delimitación se dedican los primeros capítulos de esta obra, para pasar después a una descripción de los diferentes modelos internacionales, la relación con el Estado de Bienestar, la globalización y la Responsabilidad Social Corporativa (cap. 5). Los capítulos 6 y 7 nos introducen en los conceptos de participación ciudadana, ciudadanía y en las diferentes formas de participación. Finalmente, terminamos con una profundización crítica de algunas entidades del TS, sus características internacionales en la cooperación al desarrollo y las actuales en España, especialmente del Tercer Sector de Acción Social (TSAS).