Administrativo

La utilización de los denominados «medios propios» de las Administraciones constituye un fenómeno en expansión; un fenómeno de huida del Derecho administrativo que se justifica, como en tantas otras ocasiones, al amparo de la tan ansiada como mítica consecución de la eficacia de la acción administrativa.

La presente monografía aborda desde un punto de vista crítico el mayor de esos medios propios en la actualidad, la Empresa de Transformación Agraria, S.A., Tragsa: una empresa estatal dotada de personalidad jurídico-privada, cuyo objeto social se extiende a muy variadas funciones y servicios relacionados con el ámbito agrario y ambiental, y que recibe sus encargos de trabajo desde distintas Administraciones a través del mecanismo de la ejecución de obras por la propia Administración.

Tras describir la realidad empresarial de Tragsa, el libro analiza sucesivamente las ocho piezas que conforman su régimen jurídico: la atribución legal del carácter de «medio propio instrumental de la Administración» para justificar la aplicación del régimen de ejecución directa por la propia Administración; la naturaleza de las encomienda de trabajos, su falta de publicidad y su impugnabilidad judicial; la encomienda directa de obras a la luz del derecho interno de defensa de la competencia; la encomienda de trabajos a la luz del derecho comunitario de la concurrencia; el régimen de contratación de Tragsa con terceros; la contratación laboral en Tragsa; el régimen de responsabilidad patrimonial; la naturaleza de la encomienda de trabajos a Tragsa por parte de las Comunidades Autónomas.

Se analiza a continuación la utilización de Tragsa en la Comunidad Autónoma de Galicia con un estudio de dos casos: el caso del saneamiento ganadero y la limpieza de las playas durante la crisis del Prestige.

A partir de ahí, se revisan las sombras que este tipo de desdoblamientos instrumentales provocan en el cumplimiento de los compromisos constitucionales de las Administraciones, concluyéndose con la conveniencia de sujetar más estrictamente este tipo de medios al marco del Derecho Administrativo y de la Administración Pública.

El presente volumen incorpora la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Se trata de una norma largamente esperada, llamada a convertirse en una parte fundamental del Derecho Administrativo. Es de aplicación a todas las Administraciones territoriales y Entidades de Derecho Público, tanto estatales, como autonómicas o locales, incluidas las Universidades Públicas, a las Entidades gestoras de la Seguridad Social y a las mutuas de accidentes de trabajo, a otros poderes del Estado y a las Corporaciones de Derecho Público (en ambos casos en relación con sus actividades sujetas al Derecho Administrativo), a las sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público, a las fundaciones del sector público, a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, al resto de entidades privadas que perciban un porcentaje significativo de financiación pública y a todas las personas físicas y jurídicas distintas de las anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas. La Ley establece límites a la transparencia (entre ellos, la protección de datos) y regula tanto la publicidad activa a través de internet de toda una serie de informaciones de la máxima relevancia, como la publicidad pasiva mediante el planteamiento de solicitudes individuales sobre cualquier otra materia. Además, incorpora un Título II sobre Buen Gobierno en que se contempla un catálogo de infracciones y sanciones por actuaciones de los altos cargos y un Título III que prevé la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, regulando su composición y funciones. La obra va precedida de un estudio introductorio del Prof. EMILIO GUICHOT, Catedrático acreditado de Derecho Administrativo y reconocido experto en la materia, sobre la que ha publicado diversos trabajos. Ha participado en la elaboración y estudio de la Ley como experto nombrado a tal fin en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y como compareciente ante la Comisión constitucional del Congreso de los Diputados.

La presente monografía trae causa de la que en 1995 publicamos bajo el titulo de Fiscalidad de las aguas. En estos últimos diez años se han producido muchos cambios normativos de gran calado. Además, a importancia teórica y práctica de la materia ha ido en aumento, como o demuestra la abundante jurisprudencia dictada al respecto.

El confuso marco normativo que rige la fiscalidad de las aguas está provocando la afloración de erráticas aplicaciones del mismo por parte de la Administración e incluso de interpretaciones jurisprudenciales contradictorias. Ante ello no resta otro remedio que acudir profusamente a las categorías dogmáticas en que se sustenta nuestro ordenamiento jurídico para intentar clarificar los numerosos aspectos oscuros que se plantean a los operadores del Derecho. Método éste que, en casos extremos, sirve para poner en evidencia lo que, a nuestro juicio, resultaría evidente si el legislador y la Administración no se empeñaran en utilizar unos esquemas y terminología extravagantes que, en no pocas ocasiones, encubren medidas inconstitucionales. Precisamente aquí está el motivo que nos ha impulsado a redactar este trabajo, que, a diferencia del anterior, lo circunscribimos a la materia tributaria por ser la que mayores problemas presenta.

Como nuestro objetivo no es otro que la exposición omnicomprensible y sistemática de las distintas figuras tributarias recayentes sobre el agua, hemos hecho especial hincapié en los puntos que presentan mayor grado de complejidad, no dudando en servirnos de abundantes ejemplos prácticos para así facilitar la inteligibilidad de las cuestiones tratadas.

Ejemplos prácticos que, he de reconocer, me han sido mayoritariamente procurados por abogados y funcionarios a los que no tan sólo debo agradecer la atención que me han dispensado, sino también la libertad que me han dado para enjuiciarlos con plena objetividad.