Administrativo

En el Boletín Oficial del Estado núm. 318, de 31 de diciembre de 2010, se publica la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, con entrada en vigor el día 2 de enero de 2011, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, disposición modificada que entró en vigor el día 1 de enero de 2006, excepto determinadas normas en materia de infracciones y sanciones, que lo hicieron el mismo día de su publicación en el periódico oficial. La que se ha denominado vulgarmente «Ley antitabaco», por su carácter indudablemente muy restrictivo, particularmente en cuanto al consumo de productos del tabaco se refiere, no es, por tanto, una Ley de nueva planta, sino de modificación de otra anterior, cuyo ámbito no se reduce al aspecto que ha provocado mayor polémica #la prohibición de fumar en lugares públicos#, pues contiene también medidas en relación con su venta o suministro, publicidad, prevención del tabaquismo, etc., con el ambicioso propósito de potenciar la deshabituación del tabaco y erradicar a medio y largo plazo el hábito de fumar.

La presente obra pretende fijar un marco general que sirva de referencia para moverse por el complejo y cambiante mundo de los medios de pago, partiendo del funcionamiento de los productos y servicios financieros más vinculados a ellos (libretas de ahorros, cuentas corrientes, crédito en cuenta corriente, transferencias, domiciliaciones y tarjetas), así como tratar las principales novedades de la SEPA desde el punto de vista de los profesionales y particulares que se verán afectados por ella. No es habitual que una norma con rango legal o reglamentario regule las relaciones jurídicas entre las entidades de crédito y su clientela, pues nos encontramos ante un espacio que tradicionalmente ha venido cubierto por la autonomía de la voluntad de las partes, con la reciente aparición de las llamadas normas de transparencia bancaria. En el ámbito de los servicios de pago, este déficit se ha colmado con la Ley 16/2009, de Servicios de Pago, el Real Decreto 712/2010 y la Orden EHA/1608/2010, por medio de los cuales se adapta la Directiva 2007/64/CE. El objeto material de la nueva regulación viene integrado por miles de millones de transacciones anuales, por las que con cada vez mayor frecuencia e intensidad las entidades cobran y los clientes han de satisfacer gastos y comisiones. Las implicaciones de este nuevo marco regulatorio también afectan a la moneda única, el euro, pues se pretende que los pagos entre Estados que no sean en efectivo (transferencias, adeudos directos y pagos con tarjeta), con la creación de una Zona Única de Pagos en Euros ( SEPA, en inglés) no acaben resultando más gravosos para los usuarios que cuando son internos.

La clave de la correcta gestión de los recursos humanos en las Administraciones públicas radica en la integración entre las personas con su formación, experiencia, características y aptitudes, y los puestos de trabajo entendidos como unidades elementales de la estructura que cubren todas las funciones indispensables para la actividad de la organización. Los puestos de trabajo son, junto a las personas, los elementos esenciales para la organización y gestión de los recursos humanos. En las Administraciones públicas llamamos Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a ese conjunto de datos referentes a los puestos. Y constituyen una herramienta que facilita información y permite hacer operaciones y tomar decisiones sobre: Necesidades de creación, modificación y supresión de puestos. Planificación y concreción de necesidades de formación de las personas. El uso de éste y parecidos instrumentos de racionalización para ajustar personas y actividades tiende a crecer como consecuencia de la escasez presupuestaria y aumento de la eficacia que se demanda a las Administraciones públicas y muy en concreto a las entidades locales. Este libro de RPT está pensado en concreto para ayuntamientos y otras entidades locales por las siguientes razones: Ser las Administraciones en que confeccionar la RPT tiene particulares dificultades derivadas de la carencia de normativa específica. La gran variedad de puestos (consecuencia de la diversidad de servicios que realizan). Su necesidad de reducir gastos (y en concreto gastos de personal) lo que significa, en definitiva, periódicas operaciones de simplificación de estructuras y reducción de puestos. El coexistir, tal necesidad, con servicios que exigen un incremento de efectivos de manera inexorable y urgente.

Este libro va dedicado a todas las personas que en algún momento de su vida se han sentido desprotegidas al realizar determinados actos de consumo, ya que por definición el término consumidores nos incluye a todos. No hay que olvidar la célebre frase de John F. Kennedy pronunciada en el Congreso de Estados Unidos “ellos son el grupo económico más amplio que afecta y es afec­tado por casi cada decisión económica pública, no obstante, es el único grupo importante cuyas opiniones a menudo no son escuchadas“.

En el Libro se analiza el concepto de consumidor vulnerable, partiendo de la consideración de que es muy difícil dar un concepto del mismo, dado el ca­rácter endógeno del mismo y porque en un momento determinado de nuestra vida podemos ser un consumidor vulnerable. No obstante se analiza el con­cepto que de consumidor vulnerable da cada una de las diversas Comuni­dades Autónomas, además de un profundo estudio de las resoluciones de los distintos Tribunales, con un estudio especial de las personas que como fiadores garantizan una deuda de sus familiares, los clientes minoristas, la situación de los menores y de las personas discapacitadas.