Administrativo

Resulta necesario extender las redes de telecomunicaciones para el avance social y las redes inalámbricas ofrecen unas particulares ventajas (flexibilidad, libertad, economía. . . ) De ahí su rápida proliferación. Muchos Ayuntamientos están aprovechando esta tecnología para mejorar sus redes internas de comunicación, la gestión de sus servicios, favorecer la incorporación de la sociedad de comunicación, así como también facilitar servicios de telecomunicación a los ciudadanos. Sin embargo, el despliegue de estas redes y la prestación de estos servicios municipales está encontrando algunos obstáculos jurídicos. Este libro, al tratar de salvarlos, defiende las ventajas de las redes municipales, asícomo las diversas posibilidades que tienen los Ayuntamientos para ordenar, gestionar y prestar estos nuevos servicios, indispensables para el desarrollo económico y social.

El autor de esta obra aborda cuestiones sorprendentes del estado de la ciencia y tecnología actuales tan novedosas como los robots con inteligencia artificial, los ciborgs, la realidad virtual o los coches autónomos, acercándolas de una forma atrevida y ligera a la perspectiva jurídica.
Los avances vertiginosos en nuevas tecnologías nos enfrentan a un nuevo paradigma y, en este entorno desconcertante y nuevo, los abogados y otros agentes económicos y sociales no pueden (no deben) ser ajenos a lo que está ocurriendo.
Un libro que trata no sólo de narrar los temas más candentes de la actualidad tecnológica, sino también de explicar la letra pequeña de estas realidades, planteando incluso, posibles soluciones legales o caminos por los que transitar hasta que los desarrollos que hoy nos maravillan se conviertan en cotidianos.

El presente manual es una obra eminentemente práctica. Es un tratado que pretende servir de ayuda en la aplicación de una ley que, contando con tan sólo 78 artículos, plantea no pocas dificultades en su interpretación e integración con el resto del complejo normativo que regula a la Guardia Civil
El valor de esta obra gira en torno a los siguientes parámetros:
– Los trascendentales cambios operados por la LO 12/2007 en relación con la LO de 11/1991 (infracciones, procedimientos, etc)
– La complejidad de algunos preceptos novedosos: mobbing (art. 7. 8), prevaricación como infracción (art. 7.25), etc.
– La introducción de procedimientos nuevos y desconocidos hasta el momento (expediente por falta leve)
Por último, el valor añadido de la obra reside en sus autores. Se trata de un elenco de profesionales que, además de ponentes de la Ley, son los llamados a aplicarla en su quehacer diario, los encargados de resolver las dudas que, día a día desde su publicación, se han venido produciendo.
Así, junto a responsables de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos, los autores están destinados en las Asesorías Jurídicas Central y de Zonas de la Guardia Civil, lo que ha hecho que estas páginas sean, además de un valioso tratado doctrinal sobre la Ley, una recopilación de prácticas, de experiencias vividas en su tarea diaria, y que no es otra que la resolución de los problemas que ha planteado y plantea la Ley Disciplinaria del Instituto Armado.

ay una historia escrita de las funciones públicas: los expedientes, como reflejo documental de los procedimientos a través de los que los entes públicos desarrollan su acción, dejan constancia de las maneras y formas a través de los que la Administración actúa. Hay un mundo tras el papel y ahora del soporte electrónico. Puede haber de todo; puede latir el pesimismo del «vuelva usted mañana» o el «hoy puede ser un gran día», dependiendo del funcionario que en suerte te caiga. Tenemos derecho y necesidad de acceder a ellos pues se convierten no sólo en un elemento clave para el control judicial de la Administración, para el cumplimiento del principio de legalidad y también para la participación ciudadana, esencial en cualquier país que se precie de ser democrático. Al tiempo de encargar esta obra, se daba por sentado que son muchos y muy meritorios los estudios que analizan cada uno de estos aspectos parciales del documento. Que no es lo mismo para la normativa procesal reguladora de la prueba documental, que para las normas penales que sancionan las falsedades documentales, o para las normas administrativas que regulan el derecho de acceso a archivos o registros. Sin embargo, resulta difícil encontrar obras de conjunto, que asuman llevar a cabo un análisis global del Derecho documental. Así la excesiva departamentalización de la universidad ha sido un factor decisivo, en nuestra opinión, a tales efectos. Ninguna disciplina acoge el estudio de la totalidad del régimen documental, en parte circunscrito al Derecho civil, al Derecho procesal, al penal, al administrativo. Nadie se preocupó de enseñarnos algunos aspectos claves del régimen de los documentos, como por ejemplo la esencia: su vida que es casi eterna. Aspectos que han sido objeto de tratamiento casi en exclusiva por parte de los documen-talistas, con notable olvido por parte del heterogéneo mundo jurídico. Tampoco ha ayudado ciertamente la pobreza y descoor