Administrativo

La intensidad de la regulación ha aumentado notablemente en España y el proceso de privatización y desregulación en los monopolios naturales ha sido tan intenso que ha cambiado incluso el lenguaje y hoy ya no se habla de monopolios naturales sino de sectores o industrias de red. En este libro, el lector encontrará casos de desregulación en sectores de red muy competitivos, en otros que lo son menos o que no son de red, y también capítulos dedicados a la regulación, que crece, ya sea en forma de normativa sobre el funcionamiento de las empresas, o de la competencia, no siempre leal, del sector público. Encontrará también un análisis desde esta óptica de uno de los sectores que cuenta con una regulación más intensa y hostil a la competencia: el sector educativo.

El objetivo de este trabajo es el análisis de la responsabilidad concursal, es decir, el alcance y significación de losarts. 173 a 176 de la ley 24.522, pero a partir de la teoría general de la responsabilidad civil, de manera tal de poder realizar la integración normativa del ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto.

Los servidores públicos, por definición, son personas que prestan servicios al Estado como miembros de las corporaciones públicas, como empleados o trabajadores del mismo y de sus entidades descentralizadas. Cabe destacar que estas entidades pueden ser -territoriales o especializadas (por servicios)-, como miembros de la fuerza pública, o en cualquier otra condición que ante la ley les dé tal carácter. Así por ejemplo, para efectos penales y disciplinarios son servidores públicos los particulares que ejercen funciones públicas en forma permanente o transitoria, o administran recursos provenientes de contribuciones

Esta monografía es una obra pionera, pues por primera vez se aborda de manera sistemática el tema de la responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito educativo, centrándose en el régimen de responsabilidad de los centros públicos.

Su contenido, permite comprender en qué grado, y con qué límites, participan de la responsabilidad por daños y lesiones en centros docentes las Administraciones Públicas, los profesionales de la enseñanza, los propios alumnos, sus padres, tutores o guardadores o incluso otros profesionales vinculados con este servicio como transportistas, cuidadores y monitores, empresarios colaboradores etc.

En su desarrollo se van desgranando y aclarando conceptos e ideas conectadas con esa responsabilidad como los problemas disciplinarios en los centros, los supuestos de funcionamiento normal o anormal del servicio público educativo, las actividades escolares, extraescolares y complementarias, la formación en centros de trabajo, (F.C.T.) los servicios de transporte escolar y comedor, y un largo etc., sin olvidar el tratamiento que se da a estas cuestiones en otros países de nuestro entorno.

En esta obra se pretende hacer un recuento de la situación en la que se encuentra México en el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, tanto en lo interno como hacia el exterior, por lo que se estructuró en tres partes: en la primera, se analizan los sistemas iberoamericanos de responsabilidad estatal, empezando con España, que ha sido emblemática su regulación y guía para los países latinoamericanos. La segunda parte está destinada al análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado en México, empezando por el análisis constitucional, para después efectuarlo de manera muy precisa en cuanto a la regulación federal y finalmente de todas las entidades de la federación y el Distrito Federal. El libro concluye con la tercera parte, dedicada al análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo por lo que hace a la responsabilidad por error judicial, en razón de no estar previsto en México (con la excepción de algunas entidades federativas que lo han incluido) y sí otorgarse el derecho a la indemnización en esos casos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, se hace un análisis legislativo y jurisprudencial que nos permite diagnosticar la fase en la que se encuentra el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado en México y su comparativo con sistemas afines, comprobando que nos encontramos entre aquellos más atrasados de Iberoamérica, de ahí la necesidad de seguir empujando para que los legisladores cumplan con su labor de crear las leyes necesarias para mejorar el sistema y, también, para que la sociedad en su conjunto asuma una conducta de reclamo de sus derechos y de indemnizaciones cuando éstos han sido violados por el Estado.

Decima edición ampliada, reformada y puesta al día, incluye: real Decreto 965/2006, de 1 de sept. por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003 de 21 de nov.