Administrativo

La utilización de los denominados «medios propios» de las Administraciones constituye un fenómeno en expansión; un fenómeno de huida del Derecho administrativo que se justifica, como en tantas otras ocasiones, al amparo de la tan ansiada como mítica consecución de la eficacia de la acción administrativa.

La presente monografía aborda desde un punto de vista crítico el mayor de esos medios propios en la actualidad, la Empresa de Transformación Agraria, S.A., Tragsa: una empresa estatal dotada de personalidad jurídico-privada, cuyo objeto social se extiende a muy variadas funciones y servicios relacionados con el ámbito agrario y ambiental, y que recibe sus encargos de trabajo desde distintas Administraciones a través del mecanismo de la ejecución de obras por la propia Administración.

Tras describir la realidad empresarial de Tragsa, el libro analiza sucesivamente las ocho piezas que conforman su régimen jurídico: la atribución legal del carácter de «medio propio instrumental de la Administración» para justificar la aplicación del régimen de ejecución directa por la propia Administración; la naturaleza de las encomienda de trabajos, su falta de publicidad y su impugnabilidad judicial; la encomienda directa de obras a la luz del derecho interno de defensa de la competencia; la encomienda de trabajos a la luz del derecho comunitario de la concurrencia; el régimen de contratación de Tragsa con terceros; la contratación laboral en Tragsa; el régimen de responsabilidad patrimonial; la naturaleza de la encomienda de trabajos a Tragsa por parte de las Comunidades Autónomas.

Se analiza a continuación la utilización de Tragsa en la Comunidad Autónoma de Galicia con un estudio de dos casos: el caso del saneamiento ganadero y la limpieza de las playas durante la crisis del Prestige.

A partir de ahí, se revisan las sombras que este tipo de desdoblamientos instrumentales provocan en el cumplimiento de los compromisos constitucionales de las Administraciones, concluyéndose con la conveniencia de sujetar más estrictamente este tipo de medios al marco del Derecho Administrativo y de la Administración Pública.

El presente volumen incorpora la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Se trata de una norma largamente esperada, llamada a convertirse en una parte fundamental del Derecho Administrativo. Es de aplicación a todas las Administraciones territoriales y Entidades de Derecho Público, tanto estatales, como autonómicas o locales, incluidas las Universidades Públicas, a las Entidades gestoras de la Seguridad Social y a las mutuas de accidentes de trabajo, a otros poderes del Estado y a las Corporaciones de Derecho Público (en ambos casos en relación con sus actividades sujetas al Derecho Administrativo), a las sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público, a las fundaciones del sector público, a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, al resto de entidades privadas que perciban un porcentaje significativo de financiación pública y a todas las personas físicas y jurídicas distintas de las anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas. La Ley establece límites a la transparencia (entre ellos, la protección de datos) y regula tanto la publicidad activa a través de internet de toda una serie de informaciones de la máxima relevancia, como la publicidad pasiva mediante el planteamiento de solicitudes individuales sobre cualquier otra materia. Además, incorpora un Título II sobre Buen Gobierno en que se contempla un catálogo de infracciones y sanciones por actuaciones de los altos cargos y un Título III que prevé la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, regulando su composición y funciones. La obra va precedida de un estudio introductorio del Prof. EMILIO GUICHOT, Catedrático acreditado de Derecho Administrativo y reconocido experto en la materia, sobre la que ha publicado diversos trabajos. Ha participado en la elaboración y estudio de la Ley como experto nombrado a tal fin en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y como compareciente ante la Comisión constitucional del Congreso de los Diputados.

Este Tratado de Derecho Administrativo del profesor venezolano Allan R. Brewer-Carías recoge, en seis volúmenes, con una sistematización impecable, materialmente toda la extensa obra del autor en el campo del derecho administrativo escrita durante los últimos cincuenta años, desde que se inició en la docencia en la Universidad Central de Venezuela en 1963; siendo, la misma una muestra específica del desarrollo del Derecho Administrativo Iberoamericano, que se produjo del otro lado del Atlántico, en paralelo con el desarrollo del derecho administrativo español contemporáneo, desde los tiempos de la fundación de la Revista de Administración Pública (1958). La obra, editada sin pérdida de espacio, comprende todos los estudios del autor sobre la teoría del derecho administrativo, su objeto, sus supuestos fundamentales, y su encuadramiento constitucional

Las limitaciones a la propiedad privada en interés público son el conjunto de medidas jurídicas-legales concebidas para el derecho de propiedad individual armonice con los requerimientos del interés público o general, evitando, así, que el mantenimiento de aquel derecho se convierta en una traba para la satisfacción de los intereses del grupo social.

La presente monografía trae causa de la que en 1995 publicamos bajo el titulo de Fiscalidad de las aguas. En estos últimos diez años se han producido muchos cambios normativos de gran calado. Además, a importancia teórica y práctica de la materia ha ido en aumento, como o demuestra la abundante jurisprudencia dictada al respecto.

El confuso marco normativo que rige la fiscalidad de las aguas está provocando la afloración de erráticas aplicaciones del mismo por parte de la Administración e incluso de interpretaciones jurisprudenciales contradictorias. Ante ello no resta otro remedio que acudir profusamente a las categorías dogmáticas en que se sustenta nuestro ordenamiento jurídico para intentar clarificar los numerosos aspectos oscuros que se plantean a los operadores del Derecho. Método éste que, en casos extremos, sirve para poner en evidencia lo que, a nuestro juicio, resultaría evidente si el legislador y la Administración no se empeñaran en utilizar unos esquemas y terminología extravagantes que, en no pocas ocasiones, encubren medidas inconstitucionales. Precisamente aquí está el motivo que nos ha impulsado a redactar este trabajo, que, a diferencia del anterior, lo circunscribimos a la materia tributaria por ser la que mayores problemas presenta.

Como nuestro objetivo no es otro que la exposición omnicomprensible y sistemática de las distintas figuras tributarias recayentes sobre el agua, hemos hecho especial hincapié en los puntos que presentan mayor grado de complejidad, no dudando en servirnos de abundantes ejemplos prácticos para así facilitar la inteligibilidad de las cuestiones tratadas.

Ejemplos prácticos que, he de reconocer, me han sido mayoritariamente procurados por abogados y funcionarios a los que no tan sólo debo agradecer la atención que me han dispensado, sino también la libertad que me han dado para enjuiciarlos con plena objetividad.

La Comisión Europea elaboró en junio de 2010 un «Libro verde» para avanzar en la unificación del Derecho patrimonial comunitario. Las opciones que el Libro Verde considera abiertas van desde la promulgación de una especie de «Código civil europeo», plenamente normativo, hasta la publicación del DCFR como un conjunto de principios que puedan informar legislaciones nacionales o pactos contractuales. Una opción más realista plantea la posibilidad de que se apruebe como un texto que las partes puedan adoptar libremente como regulador de su relación negocial. El DCFR se plantea, así, como el germen de un Derecho patrimonial europeo único, que llegue a regir las relaciones negociales entre sujetos de distintos países de la Unión Europea, o incluso -por elección- entre nacionales de un mismo país. Este libro, escrito por investigadores que llevan estudiando la materia los últimos años, presenta el contenido del DCFR y los paralelismos o divergencias que el texto presenta con el Derecho español. De esta forma, resulta sumamente útil para conocer las tendencias en la regulación del Derecho patrimonial en Europa, así como las discordancias del Derecho positivo español con las mismas. Por otro lado, se valora críticamente el contenido del DCFR, que en algunos casos recoge una regulación propia de la comparación de textos normativos europeos o de Directivas comunitarias, pero en otros realiza construcciones novedosas, en ocasiones no suficientemente maduradas. Cabe predecir que la jurisprudencia y la legislación nacionales vayan adoptando reglas contenidas en este DCFR, muchas de las cuales son depuración de criterios doctrinales o jurisprudenciales ya asentados (responsabilidad precontractual, solidaridad presunta, conformidad de la prestación, garantías independientes, configuración del trust, etc.).

El texto tiene como objetivo principal, acometer el tema de Valoración de suelos, desde un nuevo punto de vista, realizando el análisis comparativo entre las DECISIONES EMPRESARIALES de las empresa cuya materia prima es el suelo comparándolas con los criterios de las normas de valoración de suelos, que existen en nuestro país: la de Valoración Catastral, de efectos exclusivamente fiscales, la norma ECO 805/2003, de valoraciones a efectos del mercado hipotecario, y la nueva norma de valoración de acuerdo al Reglamento de la Ley del Suelo 8/2007, establecido recientemente por Real Decreto 1492/2011, vigente desde el 10 de noviembre de 2011, analizando las intimas conexiones o en su caso, desconexiones entre ellas.

La importancia de establecer una valoración razonable, para todos los actores que intervienen en los mercados del suelo: administración, empresas y financiadores es de importancia vital para la economía de un país.

Los primeros cuatro capítulos tratan de explicar los conceptos clave de materias tan variadas como las jurídico-urbanísticas, fiscales y económico-financieras, de una forma clara y practica con 18 ejemplos intercalados en el texto, numerosas tablas de elaboración propia y comentarios del autor sobre los textos legales.

En el capitulo quinto se incluyen, por un lado las conclusiones del autor, sobre el análisis realizado, poniendo en evidencia los problemas que, a su juicio, necesitan de una reflexión para su profunda modificación, que no se solventa con simples prorrogas, la última de ellas hasta el 1 de julio de 2012 y también se narra una historia «casi verdadera» con cinco ejemplos prácticos, que cuantifican lo sucedido desde 1997 hasta hoy, suficientemente aleccionadora.

Al texto se le añaden ocho anejos que pensamos de utilidad práctica para facilitar la labor de los tasadores.

El libro esta dirigido a empresas tasadoras, arquitectos e ingenieros que se dedican al urbanismo y a los interesados en derecho urbanístico y fiscal, ya que el lenguaje utilizado esta abierto a todos ellos.