Civil

Los cambios -sociales, políticos y económicos- acaecidos en nuestro entorno, junto a nuestra mayor movilidad transfronteriza, han desembocado en un incremento y complejidad de los conflictos de índole familiar que reclaman, más que nunca, una solución uniforme, tanto a una escala europea como internacional. Los litigios interestatales sobre custodia y visita de menores han aumentado (como el número de rupturas de parejas formadas por sujetos con nacionalidad y/o residencia en diversos Estados), así como las personas que reclaman un interés sobre el menor, más allá de sus progenitores (familiares, nuevas parejas de los padres…). con el fin de simplificar estos litigios y dentro de la aspiración por consolidar un espacio judicial europeo, el legislador comunitario ha elaborado el Reglamento 2201/2003 con el fin de unificar las normas sobre competencia judicial y reconocimiento y/o ejecución de decisiones dictadas en la Unión Europea sobre la, hoy llamada, «responsabilidad parental». Se espera, así, frenar el número de sustracciones ilícitas de menores con un régimen que prevé, incluso, la eliminación del exequátur en determinadas decisiones sobre la visita y el regreso de los menores tras este tipo de actos. Pero fuera del espacio europeo, el operador jurídico nacional deberá manejar una pluralidad de textos de origen internacional e interno para regular los litigios extracomunitarios en que se vea envuelta la protección del menor. Todo un reto, habida cuenta de las disparidades legislativas y culturales existentes en esta materia, tanto a un nivel europeo como internacional. La presente monografía responde a dicho reto y a la pretensión de facilitar la solución de conflictos intra y extracomunitarios sobre la custodia, visita y otras instituciones de protección del menor.

La regulación de los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos, según confiesa el legislador en la Exposición de Motivos de la Ley Concursa!, ha sido materia objeto de especial atención y de mayor originalidad. La regla básica es que la declaración en concurso de una de las partes no afecta, en principio, a la vigencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes (art. 61 -2 L.C.). Hasta tal punto es así, que esta regla se completa con la declara que se tienen por no puestas las cláusulas contractuales de resolución o extinción del contrato en caso de declaración de concurso, aunque se permite la aplicación de normas legales que dispongan la extinción o expresamente Faculten a las partes para pactarla o para denunciar el contrato (art. 61 -3 L.C.). No obstante tales declaraciones, la primero (la que establece la permanencia de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes}, queda desmentida o, al menos, modalizada por cuanto la propia Ley Concursal prevé tanto la posibilidad de uno declaración judicial de resolución del contrato sin que concurra previo incumplimiento por alguna de las partes (supuestos de resolución sin incumplimiento), como la posibilidad de enervar la acción de resolución contractual por incumplimiento (supuestos de incumplimiento sin resolución). En ambos supuestos, la justificación se halla en el llamado «interés del concurso».