El Derecho Práctico de Aguas implica una aplicación sistemática de conocimientos, anclados en el Derecho Público y en el Derecho Privado, que se ejercen sobre un sector concreto como son las aguas, sus zonas de especial protección y el entorno de elementos concurrentes en conflicto o colisión, tomando como base la jurisprudencia y la doctrina científica.
El Derecho Práctico de Aguas basa su mapa de contenidos prácticos en procurar extraer la razón de ciencia a través de la lógica del Derecho de Aguas y sus disciplinas interrelacionadas, desde su análisis sistemático, de sus antecedentes históricos y su secuencia temporal, y de la realidad social de la defensa y protección medioambientales que siguen a sustentar la integración de la solución o desglose de soluciones aplicables.
El Derecho Práctico de Aguas trata de identificar el elemento diferenciador, que debe superar ambigüedades, sin quebrantar los derechos de las personas naturales y jurídicas, que garantizará la Administración hidráulica. Su plasmación legal gira en torno a una gran casuística en armonía sobre derechos convergentes con los hechos en cuestión y su proyección, de forma selectiva, como tal Derecho.