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“(…) ¿quién puede hablar de la privatización del divorcio porque en él intervenga un notario?”
Que, en efecto, no sea admisible un divorcio privado, transigido, ni tampoco arbitrado obedece, más allá de la inexistencia de una verdadera litis en el divorcio consensuado, a la exigencia de que éste se someta a un control público, como también lo hay para celebrar el matrimonio, por razones de legalidad y seguridad jurídica; al ser el matrimonio una cuestión que afecta al estado civil de las personas y, en caso de haberlos, al interés superior de los hijos, y que produce no solo efectos personales, sino también económicos o patrimoniales, constituye sin duda una materia de Orden Público, que afecta e interesa a todos, y que, por ello, resulta indisponible privadamente, ya sea mediante la transacción o a través del arbitraje. De esto nadie debe dudar.
“Ahora bien, ello no obliga a que la única autoridad pública competente para homologar un divorcio amistoso sea necesaria y exclusivamente el juez (…)”.
“(…) ¿quién puede hablar de la privatización del divorcio porque en él intervenga un notario?”
Que, en efecto, no sea admisible un divorcio privado, transigido, ni tampoco arbitrado obedece, más allá de la inexistencia de una verdadera litis en el divorcio consensuado, a la exigencia de que éste se someta a un control público, como también lo hay para celebrar el matrimonio, por razones de legalidad y seguridad jurídica; al ser el matrimonio una cuestión que afecta al estado civil de las personas y, en caso de haberlos, al interés superior de los hijos, y que produce no solo efectos personales, sino también económicos o patrimoniales, constituye sin duda una materia de Orden Público, que afecta e interesa a todos, y que, por ello, resulta indisponible privadamente, ya sea mediante la transacción o a través del arbitraje. De esto nadie debe dudar.
“Ahora bien, ello no obliga a que la única autoridad pública competente para homologar un divorcio amistoso sea necesaria y exclusivamente el juez (…)”.
| Editorial | |
|---|---|
| ISBN | 9789563923223 |
| Año de publicación | 2018 |
| Edición de Libro | 1era. |
| Páginas | 176 |
| Idioma | |
| Formato | Ebook |
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Generalidades sobre los delitos contra el patrimonio económico; el delito del hurto; el delito de extorsión; el delito de estafa; el delito de fraude mediante cheque; el delito de abuso de confianza; las defraudaciones; las usurpaciones; el delito de daño; disposiciones comunes a los delitos anteriores; el articulado de delitos contra el patrimonio en el Código Penal.
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Se trata de una obra clásica, tal vez, la más importante en el estudio de las sociedades primitivas y su evolución. Basado en su amplio conocimiento del derecho romano, y de otros sistemas legales, como el hindú o el primitivo anglosajón y con una metodología historicista, el autor nos explica el cambio de las instituciones antiguas, su progresiva diferenciación y la aparición de la propiedad privada a partir de las formas colectivas ancestrales. En ella se acuña la fórmula que presenta el cambio social como un proceso de individualización desde el status al contrato, que le ha ganado un lugar de honor entre los fundadores de la sociología y la antropología jurídicas. El derecho antiguo es una obra de lectura obligada para todos los especialistas y estudiosos del evolucionismo y que gracias a su estilo ameno pero erudito a la vez, consigue poner la riqueza de su contenido al alcance del público en general a través de las generaciones.
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Finalidad del proceso civil, visión y misión orgánica y funcional, la revalorización de la eficiencia en la justicia civil, mirada macro y micro de la gestión y gerenciamiento de la justicia civil, enfoque y visión general para enmarcar la estructura del sistema de tribunales y la administración de casos, visión desde la historia reciente del proceso civil del rol y responsabilidad de las partes y del juez: revisionismo al garantismo procesal civil, desde la audiencia preliminar o preparatoria a la audiencia de gestión y encauzamiento de casos: una mirada desde la justicia distributiva en el proceso civil, conducción y gerenciamiento de procesos por audiencias, los desafíos de la gestión de la apelación, la armonización del acceso a la apelación en Europa: modelos comparados, justicia artificial: oportunidades y desafíos, la cooperación de las partes para el proceso civil y la rebeldía, radiografía de la rebeldía en el proceso civil: tópicos hacia una adecuada regulación en la nueva justicia civil.
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«Las leyes penales y las concepciones jurídicas no permanecen estáticas en el curso de los tiempos. «La valoración jurídica que acuña una conducta humana convirtiéndola en delito, depende de las convicciones morales, las costumbres tradicionales y las necesidades prácticas del pueblo. Esto se encuentra a su vez condicionado por el tiempo, el lugar y el carácter del pueblo». Por lo tanto, el contenido del concepto del delito cambia.
Por ello es necesario, en la descripción y explicación de los delitos, limitarse a los hechos que en el ámbito de nuestra civilización actual se consideran como tales.
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En el momento actual tiene lugar un vivo debate acerca de la posibilidad de dar mayor consideración a la sociología en la jurisprudencia. Los frentes, las premisas de los argumentos y las bases para la evaluación de posibilidades son a menudo poco claros, a menos que se tome una definición política de la situación como una aclaración. Frente a tales debates es una máxima conocida y válida buscar el punto en que coincidan las partes enfrentadas, y luego afirmar lo contrario. Esto es lo que se hará aquí.
Sospecho que el punto de unión está en la concepción de que las decisiones jurídicas habrían de orientarse hacia sus efectos: algo obvio para los intérpretes, un punto de referencia para el enjuiciamiento de las construcciones jurídicas o de figuras dogmáticas, y para el derecho comparado, y una brecha abierta para las ciencias sociales. Si se acepta este punto de partida, la única cuestión pendiente es la de cómo es posible limitar el sector de las consecuencias relevantes. Como las consecuencias futuras de decisiones son interdependientes en alto grado, tanto más cuanto que las consecuencias hipotéticas de las alternativas se han de incluir en la decisión jurídica, la orientación a las consecuencias nos lleva forzosamente a desdibujar las diferenciaciones actuales, sea en el aspecto profesional, sea en el organizativo. Si se acepta sin más este principio nos será muy difícil trazar unas fronteras claras y con sentido. Lo único que se podrá hacer aún será argumentar desde puntos de vista, pero quedará abierta la cuestión de si, y en qué contexto, se ha elegido bien el punto de partida.
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¿Cuándo es una conducta humana ilegal, contraria al Derecho? Esta es la cuestión que nos queremos plantear. Que la ciencia penal no tiene contestación satisfactoria es sorprendente, pero cierto. Nos da una fórmula conceptual y además doble. Ilegalidad es lesión del derecho: en primer lugar, lesión del derecho objetivo, del precepto jurídico lesión de la ley; en segundo lugar, lesión del derecho subjetivo, del interés lesión del bien jurídico. Y esta explicación es ciertamente en sí misma fundada. El derecho penal es protección de intereses, las leyes penales son normas de protección de intereses humanos vitales: este hecho fundamental difícilmente podría ser objetado por nadie en serio. Si una acción lesiona un bien protegido por el Derecho, sólo puede conseguirlo mediante la infracción de la norma protectora y viceversa: semejante conducta solo puede infringir dicha norma protectora lesionando el interés por ella protegido.
