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Procedencia de la acción de amparo o tutela contra providencia; la procesalización del derecho constitucional en Colombia; origen del control constitucional de las leyes por vicios de forma en Colombia; la tutela contra sentencias judiciales; la responsabilidad patrimonial del estado en Colombia como garantía constitucional; acción pública de inconstitucionalidad de las leyes; cosa juzgada y control constitucional de las leyes.
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Generalidades sobre los delitos contra el patrimonio económico; el delito del hurto; el delito de extorsión; el delito de estafa; el delito de fraude mediante cheque; el delito de abuso de confianza; las defraudaciones; las usurpaciones; el delito de daño; disposiciones comunes a los delitos anteriores; el articulado de delitos contra el patrimonio en el Código Penal.
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¿Qué es el Derecho? ¿Cuáles son su origen y sus fundamentos? ¿Posee una base real, o bien no es «más que un vano fantasma del espíritu? Estas cuestiones primordiales, a las cuales están subordinadas la existencia y la validez del sistema jurídico entero, no han recibido respuesta definitiva. La misma palabra Derecho, cuyos sentidos son múltiples, reclama una precisión, por lo menos nominal. No se trata aquí ni de la enseñanza ni de la ciencia del Derecho. Nos ocuparemos de la regla del derecho y sobre todo de la facultad de hacer o no hacer o de obtener, respecto de las cuales se presentan cuestiones idénticas. El objeto principal de nuestras investigaciones será el sentimiento y la idea del derecho, que asimilamos sin confundirlos.
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El peligro que la libertad corre a manos del Poder legislativo en los regímenes de democracia a base de partidos políticos, es un peligro especial; un peligro que supera, con mucho, al que en las comunidades políticas le puede venir a la libertad de otros órganos rectores. Esta enorme sensibilidad de la libertad respecto de las intervenciones del legislador responde a causas peculiares, las cuales —por más que entre sí puedan diferir— dan lugar, al concurrir en la situación actual, a que la libertad parezca en trance de singular peligro.
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En el momento actual tiene lugar un vivo debate acerca de la posibilidad de dar mayor consideración a la sociología en la jurisprudencia. Los frentes, las premisas de los argumentos y las bases para la evaluación de posibilidades son a menudo poco claros, a menos que se tome una definición política de la situación como una aclaración. Frente a tales debates es una máxima conocida y válida buscar el punto en que coincidan las partes enfrentadas, y luego afirmar lo contrario. Esto es lo que se hará aquí.
Sospecho que el punto de unión está en la concepción de que las decisiones jurídicas habrían de orientarse hacia sus efectos: algo obvio para los intérpretes, un punto de referencia para el enjuiciamiento de las construcciones jurídicas o de figuras dogmáticas, y para el derecho comparado, y una brecha abierta para las ciencias sociales. Si se acepta este punto de partida, la única cuestión pendiente es la de cómo es posible limitar el sector de las consecuencias relevantes. Como las consecuencias futuras de decisiones son interdependientes en alto grado, tanto más cuanto que las consecuencias hipotéticas de las alternativas se han de incluir en la decisión jurídica, la orientación a las consecuencias nos lleva forzosamente a desdibujar las diferenciaciones actuales, sea en el aspecto profesional, sea en el organizativo. Si se acepta sin más este principio nos será muy difícil trazar unas fronteras claras y con sentido. Lo único que se podrá hacer aún será argumentar desde puntos de vista, pero quedará abierta la cuestión de si, y en qué contexto, se ha elegido bien el punto de partida.
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Se trata de una obra clásica, tal vez, la más importante en el estudio de las sociedades primitivas y su evolución. Basado en su amplio conocimiento del derecho romano, y de otros sistemas legales, como el hindú o el primitivo anglosajón y con una metodología historicista, el autor nos explica el cambio de las instituciones antiguas, su progresiva diferenciación y la aparición de la propiedad privada a partir de las formas colectivas ancestrales. En ella se acuña la fórmula que presenta el cambio social como un proceso de individualización desde el status al contrato, que le ha ganado un lugar de honor entre los fundadores de la sociología y la antropología jurídicas. El derecho antiguo es una obra de lectura obligada para todos los especialistas y estudiosos del evolucionismo y que gracias a su estilo ameno pero erudito a la vez, consigue poner la riqueza de su contenido al alcance del público en general a través de las generaciones.
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El Derecho procesal constitucional es una concretización de la Ley Fundamental en dos sentidos: en que él mismo es un Derecho constitucional concretizado y en que le sirve al Tribunal Constitucional para concretizar la Ley Fundamental. La gran “capacidad de concretización” del Tribunal Constitucional, demanda ahora una fundamentación del Derecho procesal constitucional de carácter teórico-constitucional.
En la medida en que el Tribunal Constitucional continúa elaborando y ampliando su jurisprudencia con respecto al Derecho procesal constitucional, se llegará a una “interpretación de la Constitución conforme a la jurisprudencia”.
