Catálogo

En el Boletín Oficial del Estado núm. 318, de 31 de diciembre de 2010, se publica la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, con entrada en vigor el día 2 de enero de 2011, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, disposición modificada que entró en vigor el día 1 de enero de 2006, excepto determinadas normas en materia de infracciones y sanciones, que lo hicieron el mismo día de su publicación en el periódico oficial. La que se ha denominado vulgarmente «Ley antitabaco», por su carácter indudablemente muy restrictivo, particularmente en cuanto al consumo de productos del tabaco se refiere, no es, por tanto, una Ley de nueva planta, sino de modificación de otra anterior, cuyo ámbito no se reduce al aspecto que ha provocado mayor polémica #la prohibición de fumar en lugares públicos#, pues contiene también medidas en relación con su venta o suministro, publicidad, prevención del tabaquismo, etc., con el ambicioso propósito de potenciar la deshabituación del tabaco y erradicar a medio y largo plazo el hábito de fumar.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público contiene una amplia reordenación de la organización administrativa de apoyo al servicio de la contratación pública: desde la reconfiguración de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Pública y del Comité de Cooperación en materia de contratación pública, hasta la creación de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, con la inclusión en la misma de la Oficina Nacional de Evaluación, y la necesidad, final, de aprobación de la Estrategia Nacional de Contratación Pública. Existen en la nueva norma una serie de novedades significativas en materia de adjudicación, sin duda, la primera, la referida al procedimiento simplificado general y específico, que constituyen elementos centrales para la credibilidad del sistema. Asociar la garantía de la contratación a la existencia de más trámites y más informes tiene el elemento adicional o contradictorio de propiciar un efecto de alargamiento de los trámites y de demora en el cumplimiento de los objetivos que se tratan de conseguir con la provisión de bienes y servicios. Un sistema de control, evaluación, asesoramiento y demás elementos cuya funcionalidad está por comprobar, pero que, ciertamente, demuestran el deseo del legislador de no repetir algunos de los problemas pretéritos, sino de configurar un marco de contratación estable, predecible y sin «aventuras», que ciertamente dote a este instrumento de la tranquilidad de la que ha carecido en los últimos tiempos. Y en ese afán se mueve la obra: dotar al profesional de elementos que le permitan un conocimiento detallado de cuantas modificaciones instaura la Ley a fin de conseguir una correcta aplicación del novedoso marco regulatorio.

La Ley de Ordenación de la Edificación pretende una regulación completa del sector de la construcción, pero esta legislación convive con multitud de normas tanto estatales como autonómicas referidas a este sector. Por ello, más que un comentario articulado a la Ley, esta obra constituye un profundo estudio jurídico del conjunto de materias relacionadas con la construcción, sector este de interés no sólo para los juristas prácticos y teóricos sino también para quienes operan en este mercado así como para las Administraciones públicas encargadas de vigilar el cumplimiento de una regulación casi siempre imperativa. En esta nueva edición los autores dan cuenta de los efectos que la LOE ha tenido en la experiencia jurisprudencial habida en estos años así como de las profundas modificaciones legales habidas en este sector del Ordenamiento desde la última edición. Merece destacarse la reforma de la LOE en materia de aseguramiento obligatorio y autopromoción, la nueva regulación autonómica sobre vivienda y edificación, sobre infraestructuras de telecomunicación en el interior de los edificios, la reforma de la legislación de contratos de las Administraciones públicas relativa al contrato de concesión, las novedades en el proceso de elaboración del Código Técnico de la Edificación, en materia de accesibilidad de las edificaciones, en el régimen regulador del Consorcio de Compensación de Seguros y en el aplicable a las licencias medioambientales.

La presente obra pretende fijar un marco general que sirva de referencia para moverse por el complejo y cambiante mundo de los medios de pago, partiendo del funcionamiento de los productos y servicios financieros más vinculados a ellos (libretas de ahorros, cuentas corrientes, crédito en cuenta corriente, transferencias, domiciliaciones y tarjetas), así como tratar las principales novedades de la SEPA desde el punto de vista de los profesionales y particulares que se verán afectados por ella. No es habitual que una norma con rango legal o reglamentario regule las relaciones jurídicas entre las entidades de crédito y su clientela, pues nos encontramos ante un espacio que tradicionalmente ha venido cubierto por la autonomía de la voluntad de las partes, con la reciente aparición de las llamadas normas de transparencia bancaria. En el ámbito de los servicios de pago, este déficit se ha colmado con la Ley 16/2009, de Servicios de Pago, el Real Decreto 712/2010 y la Orden EHA/1608/2010, por medio de los cuales se adapta la Directiva 2007/64/CE. El objeto material de la nueva regulación viene integrado por miles de millones de transacciones anuales, por las que con cada vez mayor frecuencia e intensidad las entidades cobran y los clientes han de satisfacer gastos y comisiones. Las implicaciones de este nuevo marco regulatorio también afectan a la moneda única, el euro, pues se pretende que los pagos entre Estados que no sean en efectivo (transferencias, adeudos directos y pagos con tarjeta), con la creación de una Zona Única de Pagos en Euros ( SEPA, en inglés) no acaben resultando más gravosos para los usuarios que cuando son internos.