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Acción negatoria, inmisiones y defensa de la propiedad

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Las normas sobre relaciones de vecindad tienen por objeto posibilitar la convivencia armónica y no conflictiva entre titulares de precios vecinos, lo que se traduce en una posible limitación de los derechos respectivos y consiguientemente del derecho de propiedad. Todo ello cobra especial importancia en una sociedad industrializada como la nuestra, donde dichas normas no deben limitarse a resolver simplemente las cuestiones relativas al deslinde de las fincas, como sucedía prácticamente en el siglo pasado, sino que han de dar solución a los múltiples problemas suscitados por las inmisiones que se derivan del ejercicio de determinadas actividades, principalmente de carácter industrial. El instrumento jurídico para garantizar que dichas relaciones respetarán los límites legalmente establecidos es la acción negatoria o, en ocasiones, la tutela simplemente resarcitoria.
La falta de una completa regulación de la acción negatoria y de las inmisiones en el Derecho positivo español ha comportado, a su vez, un insuficiente tratamiento doctrinal sobre la materia y que la jurisprudencia haya enfocado el tema de las inmisiones desde la perspectiva de la responsabilidad civil. Recientemente, sin embargo, la Ley de 9 de julio de 1990, de la acción negatoria, las inmsiones, las servidumbres y las relaciones de vecindad, cuya inspiración en este punto es fundamentalmente germana, ha venido ha colmar dicho vacío legar repecto de Cataluña. En el presente trabajo se aborda el estudio sistemático de las inmisiones y de la acción negatoria o de cesación como forma de tutela plena de la propiedad frente a aquéllas, a partir del punto de refrencia obligado que constituye la citada Ley catalana. Se hace también una exhaustiva relación a la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo, tanto la que se deriva de la Sala de lo Civil como la de lo Contencioso. Con ello se pretende obtener la necesaria vinculación entre el tratamiento científico y la realidad práctica de nuestros tribunales.

Actos reclamables en el procedimiento ‘económico-administrativo’

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La presente monografía aborda el estudio de los diversos actos y actuaciones tributarias reclamables en el procedimiento económico-administrativo. No es, por tanto, un estudio sobre tal procedimiento, sino que el autor se ha centrado en lo que se podría considerar la «puerta de entrada» de la vía económico-administrativa. Debido a esto, muchas de las cuestiones analizadas se refieren al procedimiento de gestión tributaria en lugar del económico-administrativo.
Con carácter previo se analiza la oportunidad de la reclamación económico-administrativa, no es balde este procedimiento -como toda la vía previa administrativa- es contestado y puesto en entredicho por la doctrina. Al mismo tiempo la determinación de los actos recurribles forman parte importante de ese análisis.
Tras un análisis de las caracterísitcas genéricas de los actos impugnables se entra en el estudio central de la presente obra. El estudio de los actos administrativos y las actuaciones de los particulares de carácter tributario cuya reclamación puede ser residenciada en vía económico-administrativa.
Las liquidaciones provisionales o definitivas, los actos de derivación de la acción administrativa, los requerimientos de información, las devoluciones de ingresos indebidos, las comprobaciones de valor, el procedimiento ejecutivo, las declaraciones-liquidaciones y las actuaciones de reputación y retención son analizados desde el punto de vista de su recurribilidad.
Este método de investigación no olvida la posición, funciones y finalidades que estos actos y actuaciones ocupan en la gestión tributaria.
Especialmente interesantes resultan las consideraciones vertidas en torno a las liquidaciones administrativas, en las que se contiene el germen de una doctrina acerca de las controvertidas relaciones entre las liquidaciones provisionales y definitivas.
El análisis de la solicitud de rectificación de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones se encuentra íntimamente conectado con el procedimiento ejecutivo. La pretendida automaticida de éste impone que se articule la posibilidad de «suspender» el ingreso de la autoliquidación cuestionada.
Igualmente novedosa resulta la perspectiva con que se afronta el estudio de la reclamación económico-administrativa de actuaciones de repercusión y retención, en concreto de la problemática suscitada en torno a la ejecución de las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos.

Administración pública y moral

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La degradación de los valores morales en todos los ámbitos sociales ha dado lugar a una preocupación generalizada dirigida a indagar las causas, a fin de intentar la restauración de los más esenciales, tanto en la vida pública como en la privada.El Ordenamiento jurídico-administrativo no ha sido ajeno a este fenómeno, tanto en aquellas de sus normas que tratan de garantizar la moralidad en la Administración, como en las reguladoras de la acción administrativa encaminadas al mantenimiento de la moral y buenas constumbres, y a la formación moral de los ciudadanos.Jesús González Pérez nos ofrece una sugestiva síntesis de las quiebras que ofrece el Ordenamiento español vigente, con especial referencia a la moral como presupuesto para el ejercicio de actividades y límite de potestades administrativas; policía de la moralidad en aspectos como la publicidad, televisión y prostitución, en que la realidad está tan diociada de la legalidad; medidas de fomento, y la formación moral como finalidad de los servicios de educación, para acabar con una completa referencia al problema tan actual como polémico de la enseñanza de la religión.

Administración y función pública en España

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La administración Pública es, en la actualidad un agente económico y social de primer orden; y, al mismo tiempo, un factor vertebrador de la sociedad y cuya actuación se hace visible en todas las esferas importantes de la vida humana, como son la sanidad, la enseñanza, el deporte, el empleo, el ocio, etc.

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