Aranzadi

El régimen jurídico de los contratos del llamado sector público constituye un sector fundamental en el estudio del Derecho Administrativo, de la misma manera que el análisis del Derecho de las Entidades Locales ha sido reconocido como un ámbito de referencia para esta disciplina, en el sentido de poder aportar elementos estructurales a la misma. Desde esta perspectiva, esta Obra pretende abundar en las sinergias existentes entre dos ámbitos del Derecho Administrativo fundamentales, teniendo en cuenta, por un lado, las peculiaridades organizativas y competenciales de la Administración Local y, de otro, la necesidad de vislumbrar si las mismas adquieren una dimensión específica cuando de la contratación pública se trata, habida cuenta del momento procesal en el que nos encontramos, en el que el legislador español ha iniciado una revisión en profundidad del modelo de contratación pública existente hasta este momento. La Obra lleva a cabo el análisis del régimen del recurso especial en materia de contratación, pero desde una perspectiva práctica y crítica, así como la compatibilidad y/o concurrencia con otros medios de impugnación. En este sentido, la contratación pública local ofrece un escenario específico en el que poder llegar a un enfoque sistemático de los medios de control de la contratación en el sector público.

En todos los estudios oficiales disponibles al respecto, incluida la V Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo (2010), el «acoso moral en el trabajo» («mobbing») presenta una mayor incidencia en el empleo público, por las características propias de estas organizaciones de trabajo, más cerradas y autoritarias. Esta prevalencia mayor, lejos de reducirse, ha ido en aumento con los últimos procesos de reestructuración «salvaje» de las Administraciones Públicas. Por eso éstas se han visto obligadas a ir implantado progresivamente «protocolos de gestión preventiva» frente a los conflictos de riesgo psicosocial derivados del acoso moral, lo que ha sucedido recientemente tanto en la Administración General del Estado como en varias Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Paradójicamente, los empleados públicos, en especial los funcionarios, están convencidos de que tienen menos posibilidades de éxito en sus demandas, por la incomprensión institucional del problema profesional por parte del orden contencioso-administrativo, de ahí el menor volumen de demandas presentadas, a diferencia del orden social, y también la menor tasa de estimaciones experimentada. Sin embargo, la entrada en vigor en diciembre de 2011 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, ha dado un vuelco a esta situación, de modo que la competencia para conocer del acoso moral, en cuanto riesgo profesional que es, corresponderá al orden social, también para el personal funcionario y estatutario. Este giro copernicano abre grandes expectativas para una tutela más eficaz que la dada anteriormente. Por eso, en esta nueva edición del libro se da a conocer, por un conjunto muy acreditado de estudiosos y profesionales especializados en acoso moral laboral, las principales novedades que presenta esta materia, tanto en el ámbito de la gestión interna «protocolos preventivos», como en el ámbito legislativo, así como, y sobre todo, judicial, pues se recoge un amplio y actualizado catálogo de las últimas sentencias dictadas al respecto, donde hay innovaciones de gran calado.