Administrativo

En todos los estudios oficiales disponibles al respecto, incluida la V Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo (2010), el «acoso moral en el trabajo» («mobbing») presenta una mayor incidencia en el empleo público, por las características propias de estas organizaciones de trabajo, más cerradas y autoritarias. Esta prevalencia mayor, lejos de reducirse, ha ido en aumento con los últimos procesos de reestructuración «salvaje» de las Administraciones Públicas. Por eso éstas se han visto obligadas a ir implantado progresivamente «protocolos de gestión preventiva» frente a los conflictos de riesgo psicosocial derivados del acoso moral, lo que ha sucedido recientemente tanto en la Administración General del Estado como en varias Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Paradójicamente, los empleados públicos, en especial los funcionarios, están convencidos de que tienen menos posibilidades de éxito en sus demandas, por la incomprensión institucional del problema profesional por parte del orden contencioso-administrativo, de ahí el menor volumen de demandas presentadas, a diferencia del orden social, y también la menor tasa de estimaciones experimentada. Sin embargo, la entrada en vigor en diciembre de 2011 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, ha dado un vuelco a esta situación, de modo que la competencia para conocer del acoso moral, en cuanto riesgo profesional que es, corresponderá al orden social, también para el personal funcionario y estatutario. Este giro copernicano abre grandes expectativas para una tutela más eficaz que la dada anteriormente. Por eso, en esta nueva edición del libro se da a conocer, por un conjunto muy acreditado de estudiosos y profesionales especializados en acoso moral laboral, las principales novedades que presenta esta materia, tanto en el ámbito de la gestión interna «protocolos preventivos», como en el ámbito legislativo, así como, y sobre todo, judicial, pues se recoge un amplio y actualizado catálogo de las últimas sentencias dictadas al respecto, donde hay innovaciones de gran calado.

Se trata, en la actualidad, de la primera y única monografía nacional que aborda completamente el nuevo marco regulador de las Telecomunicaciones en Europa tras la vasta reforma aprobada por el nuevo paquete regulador de 2009 que abarca las Directivas: Marco común de las redes, la Directiva de Acceso a las mismas, la Directiva de Autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva de Servicio Universal, así como la Directiva de derechos de los usuarios y tratamiento de Datos personales e Intimidad. En la obra se analizan detallada y rigurosamente todos los aspectos y novedades del nuevo marco regulador de 2009 que modifica el paquete de regulación de las comunicaciones electrónicas de 2002 en aspectos fundamentales, tanto jurídicos como económicos y que se exponen conjuntamente. En el libro se estudian las nuevas redes NGN (redes de nueva generación) o redes todo IP que serán las que van a sustituir en breve plazo las actuales infraestructuras de red y a las que el mercado convergerá en el próximo lustro. Hay un capítulo dedicado a las redes sociales especializadas, donde se expone minuciosamente su naturaleza y problemática transversal, y se detallan los aspectos jurídicos y técnicos que serán la pauta en los próximos años para el desarrollo de las mismas.

Se analiza tanto la historia del poder parlamentario desde sus orígenes hasta nuestros días. Toca los parlamentos de España, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, Chile, Venezuela, México, Costa Rica y Guatemala, narrando de sus orígenes, apogeo y conflictos en los momentos culminantes de su evolución. También se hace una crónica puntual de los avances y retrocesos del poder parlamentario en la actualidad, lo que permitirá conocer en detalle los mitos y realidades de la Cámara de los Comunes, la Asamblea Nacional Francesa, el Capitolio Norteamericano y el Congreso Argentino.

En el trabajo se tratan los principales problemas que plantean los tipos delictivos que se redactan conforme a la técnica de accesoriedad administrativa; en especial, la autora trata de acotar responsabilidad penal, no ya sólo a quien realiza la actividad en cuestión sin contar con la preceptiva licencia o pretendiéndose amparar en un permiso inválido, sino a la autoridad o funcionario público que, bien la concede de forma improcedente o influye de forma ilícita en su concesión, bien no la revoca pese a estar obligado a hacerlo.