Administrativo

En este libro colectivo el lector encontrará un estudio de gran actualidad centrado en las transformaciones que se producen en la actividad de las administraciones públicas motivadas por la aplicación del cambiante derecho ambiental. Dicho estudio se presenta en tres partes. La primera parte versa sobre el análisis de estas transformaciones tanto a nivel de la Unión Europea como constitucional. Así, se destaca, entre otras cuestiones, que gracias al impacto del Convenio de Aarhus, en el ámbito del acceso a la justicia, se ha diseñado un mecanismo que otorga legitimación procesal a las ONG para controlar las infracciones a la legislación ambiental por parte de las autoridades de la Unión Europea. La segunda parte del libro se centra en la presentación de las transformaciones producidas en algunos mecanismos de intervención administrativa, y de los nuevos instrumentos. Por ejemplo, se resalta el profundo cambio que significa el nuevo régimen de intervención administrativa en las actividades de servicios y se presentan propuestas de desarrollo normativo para asegurar, en este contexto, un eficaz control de la actividad. Por último, en la tercera parte se abordan los cambios producidos en el ámbito del control de la actividad administrativa, y en el acceso a la justicia. En relación a esta última cuestión se señala que actualmente no existe un problema de legitimación procesal sino que los obstáculos principales radican en la dificultad para lograr la adopción de medidas cautelares, con el problema de la irreparabilidad de los daños ambientales, y en la inexistencia de Tribunales y Juzgados específicos o de especializaciones en los Juzgados existentes.

Con cierta frecuencia se produce el fenómeno jurídico del nacimiento de nuevas disciplinas en el panorama del Derecho que, aunque no siempre, en muchas ocasiones ponen de manifiesto que la realidad desborda las previsiones más optimistas que pudieran hacerse sobre los cambios que acontecen en nuestra sociedad. En otras ocasiones, que no son pocas, las nuevas disciplinas no son otra cosa que la separación de una parte del viejo tronco antes común, ya sea por las grandes dimensiones de sus nuevas ramas, o por otras causas no siempre explicable s y, en ocasiones, escasamente razonables. El Derecho Audiovisual podría encuadrarse en las disciplinas del primer tipo. En efecto, han sido las nuevas tecnologías que irrumpen a finales del siglo XIX, y que se desarrollan intensamente a lo largo del siglo XX, las que han creado nuevas realidades sobre las que se ha ido produciendo una actividad normativa creciente que ha exigido su posterior sistematización y explicación. Como sucede a menudo, y se verifica en el Derecho Audiovisual, primero se producen cambios en la realidad, posteriormente el legislador regula los nuevos fenómenos, y finalmente se intentan explicar y racionalizar las transformaciones acaecidas. Esos cambios, esas nuevas realidades, a que hemos aludido, son principalmente el cine, la radio y la televisión, aunque no son las únicas, pues no es posible olvidar la proliferación de técnicas y soportes para transportar, almacenar y reproducir sonidos e imágenes, así como el nuevo fenómeno que es Internet llamado a desempeñar un papel fundamental en el siglo XXI.

Internet y la generalización de la digitalización han supuesto la aparición de nuevos fenómenos comunicativos, han modificado las pautas de consumo de información, han facilitado el acceso a la cultura por parte de los ciudadanos y, por todo ello, están transformando de manera profunda nuestra sociedad. En un entorno como el descrito es lógico que los conflictos sean frecuentes, por la propia dificultad que todo cambio conlleva, por los riesgos y posibilidades que correlativamente aparecen, por la inadecuación del marco normativo que regulaba hasta ahora estas esferas… La reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, por medio de la cual se han tratado de ventilar no pocos de los problemas que se sentían como más acuciantes, es buena muestra de ello. Como lo es de que las elecciones adoptadas por los poderes públicos y la orientación que la sociedad adopte respecto de estas cuestiones comportan avalar y respaldar ciertos valores, en detrimento de otros. Lo cual tiene no pocas implicaciones, económicas, de construcción del espacio público, constitucionales… Al análisis de esta situación, a la valoración de la profundidad e importancia de los cambios, de sus repercusiones sobre la industria cultural y los medios de comunicación, de las claves que explican la adopción de un modelo regulador u otro, está dedicada la presente obra, fruto de un esfuerzo colectivo realizado por un grupo de jóvenes profesores que, desde 2004, han trabajado en común con vistas a lograr una visión global de lo que ya a estas alturas parece claro que conlleva, en estos ámbitos, la era digital.

Una vez agotada aparece una nueva edición de este Derecho de la Función Pública. El libro asume las novedades que se han introducido desde la última edición pero es necesario recordar que, la mayor parte, son de índole aplicativa y jurisprudencial. Esta simple afirmación nos sirve para indicar el enorme esfuerzo de desarrollo e implementación de un nuevo modelo de recursos humanos en el ámbito de la Administración Pública se ha visto, por el momento, frustrada o, cuando menos demorada. Al momento de cerrarse esta edición solo una norma autonómica (la Ley Valenciana) ha completado el desarrollo que prevería el EBEP. Otras Comunidades Autónomas han hecho alguna adaptación parcial (Ley Asturiana) y otras muchas más esperan con proyectos más o menos concluidos en su formación. La Ley AGE tampoco ha visto la luz? Alberto Palomar Olmeda, Magistrado de lo Contencioso-Administrativo, Doctor en Derecho y Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, coordina y dirige un excepcional equipo de Profesores universitarios, Abogados, Magistrados y Letrados de la Administración de la Seguridad Social.