Derecho

Este libro, partiendo de un análisis de la evolución histórica de la normativa sobre la ejecución y de su aplicación práctica, pretende explorar una vía distinta de las utilizadas tradicionalmente para corregir el déficit ejecutivo existente. Deja de lado las patologías del sistema para intentar construir una pedagogía de la ejeución, poniendo de manifiesto que el ámbito en que debe moverse el uso de los poderes para forzar el cumplimiento de las sentencias contencioso-administrativas debe ubicarse no tanto en el derecho del ejecutante a la ejecución, cuanto en las potestades que tiene atribuidas el Juez de la ejecución y en el sometimiento de la Administración a la legalidad. Finalmente, desde ese marco, realiza un estudio de los distintos medios de ejecución, planteando problemas y ofreciendo soluciones.

Derecho europeo está transformando de forma inesperado algunos elementos básicos de la Función Pública española. Además de la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad a efectos de requisito de acceso y de hacer valer títulos y méritos obtenidos en otros sistemas europeos, la influencia más decisiva la está provocando la Política social europea que prohíbe discriminaciones de los trabajadores-empleados públicos por razón de sexo, edad o temporalidad de la relación. En este último caso, la Directiva 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada prohíbe, por un lado, discriminaciones de los «funcionarios temporales» respecto a los funcionarios de carrera (lo que está equiparando su régimen jurídico) y, por otro, abusos en la temporalidad de las relaciones interinas de los empleados públicos, obligando a sancionar dichos abusos, debatiéndose judicialmente si se deben transformar las relaciones en indefinidas (lo que podría cuestionar los principios constitucionales de acceso al empleo público) y negociándose política y socialmente consolidaciones de empleados y de provisiones de puestos mediante Ofertas de Empleo Público en magnitudes de decenas de miles de plazas para los próximos años.

El artículo 117.4 de la Constitución justifica la atribución a Jueces y Magistrados de funciones no jurisdiccionales, tales como el Registro Civil o la jurisdicción voluntaria, e incluso su participación en órganos como los Jurados de Expropiación o las Juntas Electorales; pero ello, no como una simple formalización a nivel constitucional de una histórica extensión funcional de lo judicial en España más allá de lo estrictamente jurisdiccional, sino como un intento de racionalización de dicho fenómeno a tenor del modelo global de distinción y colaboración que de los Poderes diseña la Constitución de 1978, de un lado, y de la genérica consideración que hoy detenta el Poder Judicial como garante natural de los derechos y las libertades de las personas, de otro. A estos efectos, el artículo 117.4 cabe ser desplegado en una superior racionalización del ámbito funcional de todo el Poder Judicial con relación a la garantía de los derechos, con lo que este precepto, de simple cláusula residual, pasa, junto a la potestad jurisdiccional, a conformar qué sea administrar justicia. Es de este modo que, para un adecuado entendimiento de estas funciones no jurisdiccionales de los Jueces en garantía de derechos, se analice previamente el marco de funciones que la Constitución esboza (tanto en relación con el propio Poder Judicial, como respecto a los demás Poderes), para a continuación profundizar en su régimen, atendiendo a: qué se entienda por garantizar derechos judicial, pero no jurisdiccionalmente; cómo deban conformarse dichas funciones, y cuáles sean los derechos a garantizar; y cómo actúa al respecto la reserva de ley del artículo 117.4, y las que con ella concurren, así como su posterior proyección en el Estado de las Autonomías.

En las cerca de doscientas páginas del presente ejemplar se describen y analizan las características fundamentales de las fundaciones del sector público y en especial de las fundaciones sanitarias, tanto las de naturaleza privada como las de naturaleza pública. Para ello, se abordan varios aspectos importantes del Derecho Administrativo y de la Administración Pública, como son las cuestiones relativas a las funciones o actividades que tiene encomendadas la Administración, la posición que ocupa dicho sujeto en el ordenamiento jurídico, las circunstancias que han permitido la libertad de elección de formas de organización de las actividades públicas, así como las características de la potestad organizativa que tiene atribuida. En definitiva, en el libro se analiza la concreta ubicación de las fundaciones del sector público en el sistema general de organización administrativa y el régimen jurídico aplicable a tales fundaciones, con referencia particular a las fundaciones sanitarias.

El Derecho Administrativo de nuestro tiempo se caracterizará, dice el autor de este libro, por su conversión en un Derecho al servicio de los ciudadanos que vaya más allá de las afirmaciones eufernisticas de los legisladores. No deja de ser curioso que entre las miles de leyes a las que calificamos de legislación administrativa sólo unas pocas estén dedicadas de modo principal a los derechos de los ciudadanos. Por eso resulta necesario para el autor que el estudio del Derecho Administrativo se haga desde los valores, principios y misiones constitucionales que tienen encomendados los poderes públicos y que permitirán reconstruir el edificio administrativo, arrumbando los abundantes restos del Derecho Administrativo que llega hasta nuestros días como un claro exponente del Derecho del poder.